“Lo más racional es crear un índice de movilidad de las jubilaciones atado al aumento de los ingresos de la seguridad social”, definió ante Página/12 un alto funcionario del Gobierno. Se refería al mecanismo de actualización de haberes que ordenó establecer la Corte Suprema en su fallo del último martes. La idea que prevalece en el Ejecutivo deja de lado la opción que impulsan el ARI, el socialismo y una parte del radicalismo, que es vincular los futuros ajustes a la evolución de los salarios de los trabajadores activos. Esas fuerzas políticas recuerdan que la propuesta que toma cuerpo en los despachos oficiales tiene como antecedente un índice que Domingo Cavallo impuso en los noventa y que terminó en fracaso. En defensa de la medida, los funcionarios argumentan que es “justa con los jubilados porque les garantiza la movilidad de sus ingresos y es justa con el Estado porque tiene una lógica de sustentabilidad”.

El titular de la Anses, Sergio Massa, recibirá en su despacho entre pasado mañana y el miércoles a un grupo de diputados del oficialismo para avanzar en el análisis de la cuestión. Se trabaja contrarreloj. El 15 de septiembre es la fecha que el Gobierno se autoimpuso como límite para enviar su propuesta al Parlamento. Ese día debe presentar el proyecto de Presupuesto para 2007: el plan es utilizar esa iniciativa para canalizar su solución para los jubilados, con la asignación de partidas correspondiente. La oposición considera que debería aprobarse una ley aparte que fije un criterio estable, y no uno que pueda cambiarse cada año con cada presupuesto. En todo caso, será materia de negociación.

En cuanto al otro punto a resolver, la actualización de haberes por el período 2002-2006, el Gobierno todavía no tiene nada claro. Se mencionan distintas alternativas. Una de ellas es otorgar un aumento de 10 por ciento a quienes ganan más de 1000 pesos de jubilación –para equipararlos con quienes perciben menos de esa cifra y tuvieron un incremento de esa magnitud hace dos años– y luego conceder otra suba generalizada de 10 o 15 por ciento. Esas sumas se pagarían en efectivo, no en bonos, ya que el Ejecutivo no declarará la emergencia previsional. Esos aumentos no alcanzarían a la mayoría de los que ganan la mínima, puesto que ya tuvieron subas mayores a ese porcentaje. Sin embargo, la Anses recién empieza a hacer estimaciones de gastos y cálculos actuariales. Deberá correr bastante agua hasta que haya una definición.

Estos temas darán lugar a discusiones muy calientes entre el oficialismo y la oposición los próximos meses. Más de 3,3 millones de jubilados estarán pendientes, porque lo que se debate son sus ingresos. Desde que Cavallo derogó en 1995 el mecanismo de movilidad de las jubilaciones, a través de la (mal llamada) Ley de Solidaridad Previsional, los distintos gobiernos quedaron liberados de actualizar esos haberes. Ninguno tuvo voluntad política para crear un nuevo índice, aunque esa misma ley le ordenaba al Congreso hacerlo. La consecuencia fue que los jubilados sufrieron el ajuste más violento, que se profundizó con la devaluación.

Los sucesivos aumentos de la mínima decretados por la administración K rescataron a los más afectados, pero más de dos millones de personas siguen padeciendo las consecuencias de aquella decisión de Cavallo, sostenida por todos quienes vinieron después de él.

La Corte Suprema terminó con esa situación el último martes: le ordenó al Congreso crear un nuevo índice para mover las jubilaciones y evitar su permanente desvalorización. El fallo tiene el gran mérito de forzar a las autoridades a resolver un problema que se viene arrastrando por más de una década, y que de otro modo podía seguir sin solución indefinidamente, según destacan especialistas previsionales del progresismo. Pero ellos mismos dicen que el máximo tribunal hizo mal en delegar en el Congreso –en la práctica, en el Ejecutivo– la definición del asunto. Hubiera sido más saludable que estableciera un índice de movilidad en base a los salarios de los trabajadores activos, tal como hicieron las tres salas de la Cámara de Seguridad Social en fallos anteriores.

La Corte optó por transferir la responsabilidad a los legisladores, aunque advirtió que deben hacerlo en un plazo prudente e, implícitamente, sugirió que la solución debe ser razonable. Es decir, hay que compensar a los jubilados por la caída del poder de compra de sus haberes de 2002 a la fecha y, además, crear el índice de movilidad de aquí en adelante. En esas líneas trabaja el Gobierno. Adolfo Badaro, el jubilado cuya demanda fue tomada por la Corte para emitir su resolución, deberá esperar todo ese proceso.

En la Anses y la Secretaría de Seguridad Social todavía hay mucho por resolver. El primero de esos organismos analiza crear un índice de actualización basado en los recursos que ingresen a sus arcas. El esquema consiste básicamente en dividir esos fondos –provenientes de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores, y de fuentes impositivas, como IVA y Ganancias– por la cantidad de aportantes al sistema de seguridad social. Ese índice, destacan los funcionarios, tiene la ventaja de asegurar que el Estado contará con recursos genuinos para afrontar los aumentos de jubilaciones. Es muy parecido al AMPO que rigió entre 1993 y 1995, creado y abolido por Cavallo. Incluso, habría dos ajustes al año –uno en marzo y otro en septiembre– como en aquella experiencia.

La mayor parte de la oposición sostiene que la movilidad de las jubilaciones debe determinarse en función de los salarios de los trabajadores activos. De otro modo, afirman, el Ejecutivo puede acomodar el índice a sus necesidades fiscales.