Durante el encuentro de la semana pasada en Mar del Plata, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, instó a los integrantes de la agrupación política que impulsa (“Compromiso K”) a refutar a los opositores intelectuales o políticos que acusan de autoritario al presidente Néstor Kirchner y su gobierno. Para Zannini es inaceptable que expresiones menores y sin votos se presenten como democráticas e intenten deslegitimar al gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría.

En términos a primera vista similares se expresó el domingo en estas páginas el filósofo José Pablo Feinmann. “Cuidado, entonces, con hacer de la palabra ‘república’ el camino hacia una nueva aventura inicua. Y escúchenos, Presidente: la opción es la de Angelelli y, hoy, todavía, la miseria sigue aunque se lo venere en el Salón Blanco de la Rosada. Si los superpoderes son para esa opción, que pasen. Pero si no, ¿qué hacemos nosotros, los que queremos un país justo y libre que alimente a sus pobres?” A segunda vista, el razonamiento de Feinmann es autoderrotista y autorrefencial. Inscribe a Kirchner en un linaje que inicia con Rosas, utiliza la denominación de “superpoderes” (que fue la elegida por la oposición para descalificar la reforma de la ley de administración financiera y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia), y sostiene que sólo se justificarían para realizar la opción de Angelelli por los pobres. Llega a decir que “si esa opción se ejerce al costo de menguar algunas virtudes democráticas, vale”. Su intención parece ser otra, pero lo que escribe es que el gobierno apenas tolera la democracia y no se ocupa realmente de los pobres. Es Feinmann quien le dice que deberá respetar “la bandera de los pobres y la de la democracia; aunque ésta a veces lo incomode, ya que es posible que lo fastidien algunos laberintos en los que encuentra trabas a su personalismo”.

Vayamos por partes.

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Llegar a Kirchner con punto de partida en Rosas es una originalidad que no aceptó Perón cuando se lo propusieron y para rebautizar los ferrocarriles ingleses recurrió a los nombres de San Martín, Belgrano, Mitre, Sarmiento y Roca. Después de la procesión de Corpus Christi del 11 de junio de 1955, los manifestantes católicos pintaron mueras a Perón y vivas a Cristo en los pedestales de los monumentos a Roca, Sarmiento y Alberdi, que embadurnaron con alquitrán. Recién después del derrocamiento de Lonardi una minoría dentro de la minoría fundó la Línea Mayo-Caseros e identificó a Perón con Rosas, para regocijo de otra minoría igual de pequeña que hacía lo mismo como elogio. Entre ambas armaron una pintoresca confusión histórico-política. Sólo Menem honró desde la Presidencia al ex gobernador de Buenos Aires, con un pintoresco billete de veinte pesos. Reivindicar al yrigoyenismo, responsable de la Semana Trágica de 1919, es otro exceso, explicable por conveniencia discursiva. Pero esos son asuntos rancios y opinables, pertinentes para descalificar como se merecen a ciertos unitarios del siglo XIX y a los antipersonalistas y gorilas del XX. Dicen poco y nada del presente y lo que dicen lo dicen mal: por fortuna aquellas relaciones binarias no se dan hoy (como lo sugiere el encuentro de ayer en Vicente López del sector mayoritario de la UCR dispuesto a la concertación amigable con el gobierno) y si en algún momento emerge algo que se le parezca la única tarea democrática posible es denunciarlo, porque preanunciaría lágrimas y dolores que el país no puede permitirse una vez más.

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La ley sobre los decretos de necesidad y urgencia y la reformada ley de administración financiera no son las mejores posibles. Si cerca del 85 por ciento del presupuesto tiene destino fijo inmodificable, si la transferencia de una partida requiere el consentimiento escrito de quien la cede y de quien la recibe y si en los últimos años las reasignaciones no pasaron del 1,5 por ciento, nada hubiera costado introducir algunas enmiendas que perfeccionaran los textos. Es posible que en su sanción (con un solo cambio introducido por CFK excluyendo los fondos reservados), haya habido algo de empecinamiento provinciano, de exhibir el poder como advertencia. Tal vez tal demostración no se haya dirigido a los opositores más locuaces y/o mordaces sino a algunos de los propios integrantes de la aglomeración gobernante, donde ninguno ha perdido las mañas y algunos hasta han recuperado el pelo. Pero aun la mala ley regulatoria de los DNU es un avance respecto de la mora en que los tres gobiernos anteriores incurrieron a lo largo de más de una década sin sancionar esa ley ordenada por la Constitución de 1994 y que requirió una mayoría calificada. La nueva ley de administración financiera no parece más ni menos constitucional que la vieja ley de Contabilidad que hasta hace quince años contemplaba créditos contingentes de hasta el 10 por ciento, de los que el poder administrador podía echar mano en caso de necesidad, tal como hasta hoy ocurre en países como España y en varias provincias argentinas, sin que por ello se consideren subrogadas las atribuciones del Congreso. Además, por primera vez en décadas existe una Corte Suprema independiente que no vacilaría en rechazar cualquier exceso inconstitucional que encontrara en esa y en otras leyes.

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La hiperrecesión en que derivó el régimen de convertibilidad más la salida devaluacionista de 2001/2002 produjeron una nueva catástrofe social, de las que el país se ha ido acostumbrando a padecer una por década (el rodrigazo de 1975; el abandono de la tablita en 1981/1982; las hiperinflaciones de 1989/1990). Cada retroceso del Producto Interno Bruto incrementa los niveles de desempleo, pobreza, indigencia e inequidad, que no mejoran de modo automático con el mero crecimiento del PIB. El desplome es instantáneo, la recuperación lenta e incompleta. Desde mediados de 2003, la actividad deliberada del Estado ha introducido un factor de corrección en esta tendencia nefasta. Al cabo de tres años del actual mandato presidencial, con un crecimiento macroeconómico de sueños, es tan ostensible la mejora sostenida de los indicadores de empleo y la disminución constante de los de pobreza e indigencia como la continuación de la inequidad distributiva. Si bien disminuye el porcentaje de trabajadores en condiciones precarias, la cifra total aún está apenas por debajo de la mitad. También crece la brecha de ingresos entre quienes tienen un empleo registrado y aquellos que no. Los sucesivos incrementos del salario mínimo han servido para atenuar el ritmo de crecimiento de esa brecha que, no obstante, se ha seguido ampliando. No hace falta dudar de la opción por los pobres con la que el gobierno ha conseguido enardecer a los intereses económicos de adentro y de afuera y a sus voceros mediáticos, para advertir este límite estructural, que obliga a profundizar la reflexión. El desborde inflacionario obligó al relevo de Lavagna porque se le había ido de las manos y no atinaba a reaccionar. Haberlo frenado no es una cuestión menor cuando se trata de cuidar el poder adquisitivo de cada hora trabajada, en blanco o en negro. Tampoco lo es la política de precios de los servicios esenciales, que produce el mismo efecto moderador. La polémica con Chile por las exportaciones argentinas de gas mostró las distintas prioridades de cada país: mientras en la Argentina los precios son proporcionales a los niveles de consumo (menos paga quien menos consume), del otro lado de la Cordillera ocurre lo contrario. La discusión sobre el precio al que la Argentina vende cada millón de BTU a Chile, osciló entre 3,80 y 4,25 dólares. Pero los grandes usuarios industriales chilenos pagan 7,85 dólares y los residenciales en Santiago 25,40 dólares. Eso es lo que hace tan atractivo el modelo chileno para las grandes empresas multinacionales reunidas en el Council of Americas, que esta semana bajaron a Buenos Aires para tomar examen al gobierno argentino. Ambos países han reducido la pobreza y la indigencia aunque no la desigualdad, pero la Argentina lo ha hecho en un lapso mucho más breve.

Macri, Blumberg, Scioli y Solá

Igual que las medidas que cortaron la escalada en el precio de la carne vacuna, estas decisiones son necesarias pero insuficientes. Avanzar en un sendero distributivo requiere no sólo medidas de política económica, en algunas de las cuales como la reforma impositiva el gobierno no ha dejado de trabajar, aunque lo haga con sigilo, sino también decisiones políticas. El paro agropecuario, a pesar de la elevada rentabilidad del sector, es un aviso significativo, como también lo es el proyecto del ingeniero Juan Carlos Blumberg de sitiar la Casa de Gobierno con una movilización de rubios bien educados.

Víctima de un delito atroz contra su único hijo, el empresario textil reaccionó con un admirable compromiso de participación ciudadana. Pero sin advertir que el sufrimiento no lo convierte en un experto en una materia tan difícil, se mueve con la ligereza del neófito que desconoce los límites de su ignorancia. A dos años del crimen, Blumberg recibe además el cortejo de políticos en penuria electoral a la busca de una pócima milagrosa que les dé el vigor del que carecen, tal como Alfonsín y Duhalde lo hacen con Lavagna. Es comprensible que a Blumberg se le haya acercado su colega Maurizio Macri, quien también se cree experto porque fue víctima de un secuestro y aboga por la libertad de uno de los funcionarios que lo liberó, el comisario Carlos Sablich, detenido por torturas a uno de los secuestradores. Macri nunca produjo nada tan transparente como este mensaje: cualquier método vale para esclarecer el secuestro de la Gente Como Uno.

¿Advertirán ambos empresarios la contradicción entre sus respectivos casos? A Axel Blumberg lo mataron porque la estrategia de rescate consistía en detener a uno de los secuestradores y apretarlo hasta que cantara. Fracasó porque no sabían que el auto en el que llegaba la banda estaba blindado y se escapó pese al tiroteo. Junto con Sablich, Kirchner pasó a retiro al comisario Jorge Palacios, luego de que se detectara su contacto con el comerciante de autos robados Jorge Sagorsky, quien había pasado los datos sobre el auto blindado, que la Policía se los guardó para operar por su cuenta. Macri puede pensar que la ilegalidad policial le salvó la vida; Blumberg sabe que cobró la de su hijo. En cualquier caso, son disquisiciones entre representantes de un sector social que se sabe por encima de la ley. Menos comprensible es que también un allegado a Kirchner haya invitado a Blumberg a sumarse a sus filas, el diputado Dante Dovena (aunque el presidente descalificó en su mensaje sobre el desarme la obsesión de Blumberg por el aumento de penas). Lo mismo vale para la consideración del vicepresidente Daniel Scioli como eventual candidato a la gobernación de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la escandalosa retorsión constitucional que intenta en la provincia el gobernador Felipe Solá. El texto dice que ningún ciudadano puede aspirar a más de dos mandatos como gobernador y/o vice. Ex asesor de Carlos Menem y colaborador de Roberto Dromi a Dovena no se le puede reprochar incoherencia. Tampoco a Solá, quien en 1998 fue uno de los protagonistas de los cortos publicitarios con los que Menem intentó demostrar que la Constitución reformada en 1994 no le impedía volver a presentarse en 1999 para un tercer mandato. Ni a Scioli, que no conoce el significado de esa palabra. Es difícil imaginarse a cualquiera de ellos como parte de la organización popular imprescindible para acometer una nueva etapa, ahora que comienza a divisarse un núcleo duro de pobreza imposible de disolver por el mero crecimiento del PIB y las medidas de seguimiento de precios y aumento de salarios mínimos.

La recta final

En los catorce meses que restan hasta octubre del año próximo pueden esperarse todo tipo de jugadas tendientes a impedir un nuevo mandato de Kirchner o CFK. Diversos indicios, que no autorizan a pensar en un complot pero sí en un endurecimiento de posiciones lo señalan: la invitación de uno de los columnistas más críticos a un funcionario de alto nivel para que deje el gobierno y se enrole en las filas de Lavagna; la emboscada a la ministra de Defensa Nilda Garré, tendida por el embajador de un país con empresas en la Argentina interesadas en aumentos tarifarios, que la invitó a una reunión sin avisarle que asistiría el ex obispo castrense Antonio Baseotto; la frecuentación de uno de los edecanes presidenciales, que fue relevado de inmediato, con el teniente coronel Emilio Nanni, uno de los organizadores de las algaradas castrenses contra el gobierno; la fuga de 46 represores que evadieron las órdenes de captura (entre los más notorios el ex mayor Ernesto Guillermo Barreiro, quien en 1987 fue el disparador para el alzamiento carapintada y el capitán de la Armada Jorge Vildoza). Para enfrentar estas acechanzas no se requiere menos sino más democracia y participación.