“Es posible hacerlo, es una deuda histórica con la clase pasiva”, afirmó el diputado kirchnerista Enrique Thomas, presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara baja, cuando Página/12 le preguntó si en la actual coyuntura económica es viable restablecer por ley la movilidad de los haberes de los jubilados, tal como instó la Corte Suprema al Congreso. Mientras los legisladores del oficialismo se aprestan a consensuar un proyecto con el Poder Ejecutivo, los de otros bloques reflotaron los suyos, que ya fueron presentados pero que literalmente duermen en los cajones de las comisiones.

Una de esas propuestas pertenece al diputado socialista Hermes Binner, la cual tomó estado parlamentario en abril y establece una modificación de la Ley 24.241 para recuperar la movilidad de las jubilaciones del régimen público. Algo parecido propuso la radical Silvana Giudici. Desde el ARI, la diputada María América González cuestionó que el fallo de la Corte no haya sido más preciso y recordó que aún está pendiente una reforma integral del sistema jubilatorio que contemple al régimen privado. En el Senado esperan una señal de la Rosada, según expresó una alta fuente del kirchnerismo, lo cual ratifica que la iniciativa la tomaría la Cámara baja.

La noticia proveniente del cuarto piso del Palacio de Tribunales pareció sorprender a los legisladores. Pero Thomas aseguró a Página/12 que “estaba la sensación y la información de que era inminente algo así por cómo se habían pronunciado en algunos casos, por eso hemos estado ya trabajando en ese sentido”, en implícita respuesta al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien dijo a este diario que el plazo “razonable” que mencionaron en su resolución debería ser antes de fin de año. ¿Cuál es el sentido en el que ya estaban orientados?, quiso precisar este diario. “Es el de evaluar técnicamente el impacto de esta decisión sobre el gasto público y los recursos. El mismo fallo menciona la armonía que debe tener la decisión para que impacte de manera correcta en la economía”, respondió el diputado. Al mismo tiempo, Thomas afirmó que “es viable lo que pide la Corte porque no hizo precisiones imprudentes, nos dio una indicación, lo cual es natural. Claro que las propuestas que la oposición imagina parecerán las mejores soluciones, pero desde el oficialismo tenemos otra responsabilidad. La idea es lograr un proyecto lo más consensuado posible”.

Binner recordó que “el artículo 14 bis de la Constitución consagra derechos y garantías tanto al trabajo como a la seguridad social, y permite actualizar el haber jubilatorio en relación al salario, mecanismo de actualización que arrasó la Ley de Solidaridad Previsional de Domingo Cavallo”. Aquella norma terminó con la movilidad y, en la práctica, determinó que el Ejecutivo resolviese cada año cuánto dinero asignaba a las jubilaciones a través del presupuesto. “El dinero es de los jubilados. Si el Gobierno persiste en resolverlo por vía del Presupuesto seguirá con una idea equivocada”, enfatizó el legislador santafesino. Según Binner, el 82 por ciento móvil es una “imagen deseada”. Propuso que la actualización esté sujeta al índice Ripte (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables), que sería estimado por el Indec.

“Hoy la Anses es superavitaria, por eso tomaron la iniciativa de jubilar a aquellos que no habían aportado, pero ahora hay que reconocer a los que aportaron toda su vida para que puedan seguir teniendo una vida digna”, opinó Binner. Según argumentó en los fundamentos del proyecto, citando al jurista Germán Bidart Campos, “si uno de los poderes no cumple con el mandato constitucional, con el consecuente daño a jubilados y pensionados, se genera un vacío legal que sólo otro poder puede cubrir: el Poder Judicial”, tal como ocurrió ahora. “La Justicia está para eso, y aunque al Ejecutivo no le guste los legisladores sabemos qué hacer”, concluyó, no sin antes destacar que su iniciativa hasta ahora “durmió el sueño de los injustos” en las comisiones de Presupuesto y de Previsión de la Cámara de Diputados.

Otro de los proyectos existentes es de la radical Silvana Giudici. “Planteamos que devolver la movilidad a las jubilaciones es algo constitucional, la Corte siempre sostuvo que es inconstitucional la Ley Cavallo”. Su iniciativa fija un índice de actualización “para adelante atado a los salarios de la construcción y la industria, es decir que cuando aumente un 10 por ciento el salario de estos gremios inmediatamente la Anses debe aumentar las jubilaciones en un plazo de 60 días”. “El Congreso –añadió– debe restituir por ley este beneficio que quitó Cavallo, y debe ser por consenso de todos los bloques”, afirmó la diputada. Y agregó que “el Gobierno aumentó las jubilaciones mínimas pero no las altas, y esto no sólo es injusto para ese sector sino que acható la pirámide salarial”.

Ya que la Corte le marcó al Poder Legislativo la responsabilidad de impulsar una iniciativa para devolverles a los jubilados el mecanismo de actualización de sus haberes que el menemismo les arrebató, ¿cómo piensan encarar la elaboración del proyecto? Thomas responde la consulta de Página/12: “Mantenemos reuniones permanentes con (el jefe de la Anses, Sergio) Massa, de hecho cuando se conoció el fallo yo estaba reunido con él. Seguramente necesitamos interactuar con el Ejecutivo, y una vez que llegue el proyecto consensuar con los más de 20 proyectos presentados por legisladores de todos los bloques porque esto debe ser una política de Estado”, describió este legislador mendocino y kirchnerista.

Más allá del piso que se establezca en el Presupuesto para volver a la movilidad, Thomas se mostró optimista respecto de las posibilidades de hacerlo. “Las jubilaciones superiores a mil pesos son unas 300 mil, y superiores a la mínima no llegan al millón. Vamos a tratar de trabajar en una propuesta generalista con el objetivo de bajar la litigiosidad del sistema”, precisó.

Más allá de este tema, María América González, diputada del ARI, apuntó que “sigue pendiente una reforma integral del sistema previsional”. “Alberto Fernández –recordó– la prometió en su última visita al Congreso y el tema sigue pendiente.” A la vez, señaló que “la movilidad tiene corta vida porque es sólo para la parte pública, la parte privada que está en las AFJP no tiene posibilidad de aumentos a futuro”. Según su punto de vista, “la Corte tendría que haber sido más concreta y haber fijado lineamientos. Si bien habla del carácter sustitutivo, es decir que las jubilaciones tienen que basarse en los salarios y en la doctrina móvil como dice la Constitución, dejó demasiado margen de libertad al Gobierno, tanto sobre la forma de hacerlo como sobre los plazos”.