L. M. R. baja la vista, apoya el mentón contra el pecho y llora. Es su única respuesta, silenciosa, muda, para expresar ante Página/12 cómo se siente. Tiene 19 años pero la apariencia de una nena, menudita y pálida, con el vientre hinchado. Pasaron 11 días desde que el Hospital San Martín de La Plata le dio vuelta la cara y se negó a interrumpirle el embarazo causado por una violación, a pesar del aval de la Suprema Corte bonaerense. Su mamá Vicenta y su hermana Verónica tienen bronca e indignación por la respuesta de los médicos y están convencidas de que fueron presionados para desistir de hacer la intervención. Además, piensan que las persuadieron para que aceptaran que L. M. R. siguiera adelante con el embarazo, porque a Vicenta, que es analfabeta, le aseguraron que con la inducción al parto podía correr riesgo la vida de su hija, dice la mujer con la voz entrecortada. Y ella, sin dudarlo, aceptó continuar con la gestación. “Porque la vida de ella no se puede perder”, les respondió.

“La han manoseado a ella, pobrecita”, dice Verónica, de 28, señalando a su hermanita. L. M. R. tiene la vista disminuida y usa anteojos. Tiene el cabello rubión, finito, recogido con una media cola y una hebillita rosa con brillitos le sujeta algunas mechas. Sus movimientos y su forma de hablar delatan que esta chica tiene una discapacidad mental. No es necesario ser perito psicólogo para darse cuenta. Conmueve ver esa panza que le asoma por abajo de la remera. A Verónica la ahoga la impotencia. “En ningún momento se nos aclaró que si avanzaba hasta cierto punto el embarazo no se le podía hacer el aborto. Los médicos supuestamente estaban esperando el fallo de la Corte para hacérselo. Acá algo pasó. Lo que nos dijeron son excusas. Yo no tengo estudios pero no es difícil de entender. Los médicos manejaban el tiempo de embarazo de mi hermana porque la venían atendiendo desde hacía un mes. Resulta que el 4 de julio llevaba 14,4 semanas y cuatro semanas después ya eran 20”, sigue Verónica.

Más indignación sienten Verónica y su mamá al ver los resultados de una nueva ecografía, hecha en forma privada el jueves: el estudio, analizado por un destacado especialista cuyo nombre este diario mantiene en reserva, delata que recién ahora cursa la semana 20 de gestación, a diferencia de lo que dictaminó el Comité de Bioética. “Todo ha sido una falta de respeto impresionante hacia mi hija”, agrega entre sollozos la mamá.

–Además, al salir el ministro (Claudio) Mate a decir que ningún médico se lo iba a hacer en la provincia, quién se lo iba a hacer después de escucharlo –observa Verónica.

Vicenta tiene 51 años y es analfabeta. Vive con L. M. R. en una casita a medio construir en un barrio humilde de Guernica. La está terminando a pulmón con lo que junta cada mes entre el trabajo en casas de familia y en un polideportivo haciendo limpieza. Por lo del polideportivo cobra un plan social. A la casita todavía le faltan las ventanas y en el baño tiene sólo un inodoro. Verónica y su esposo vivían ahí hasta que nació el hijo de ambos, hace tres años, y se mudaron a tres cuadras. En las últimas semanas, Verónica no hace otra cosa que acompañar a su mamá a cada trámite en los tribunales o en dependencias de la gobernación, porque siente que se aprovechan de ella por sus limitaciones intelectuales. Como el miércoles 2 de agosto, cuando le impidieron presenciar la ecografía que le hicieron a L. M. R, que fue determinante –según el Comité de Bioética del San Martín– para suspender el aborto.

–Cuando iban a cerrar la puerta le digo a la doctora que tengo que ir, que ella es menor. “No, mamá –me dice–, no puede entrar porque tengo a otra paciente en el consultorio.” Y la vez anterior, cuando le habían hecho la primera ecografía, el 4 de julio, me dejaron pasar y no había una sino tres pacientes más –cuenta Vicenta.

A Verónica y a su esposo –que las acompaña en todo momento– les llamó la atención esa actitud. Justo la otra paciente, a quien ellos vieron por los pasillos del hospital, tenía más panza que su hermana y aparentaba un embarazo de cinco meses. “¿Y si la ecografía correspondía a ella y no a la nena?”, se pregunta el cuñado de L. M. R. Ni a Vicenta ni a Verónica le mostraron esa ecografía. Ese día hasta le quisieron impedir el ingreso al hospital a Laura Ozafrain, la asesora de Incapaces que representó a L. M. R. en todo el proceso judicial. Aquella ecografía, que marcó el futuro de L. M. R. se la hicieron a las 8 de la mañana del miércoles 2 y el dictamen negando la posibilidad del aborto recién se lo comunicaron a Vicenta a las 14 del mismo día.

–A ella la agarraron solita para comunicarle la decisión –cuestiona Verónica.

–Me lo dijo la doctora (Liliana) Soria. “Mamita, ¿podés venir?”, me dijo en un pasillo. Me puso la mano en el hombro y me dio la noticia. Después me dijeron las chicas que yo en ese momento me descompuse, me desmayé. Cuando me recuperé me dijo: “Mamita, tranquilizate, no pasa nada”. Y yo le dije ¿por qué no se lo pueden hacer?, si la tienen en ayunas y le hicieron la ecografía. Y ahí me dijo lo de las veinte semanas: “Está de cinco meses, está muy grande el bebé”. Me dijo que ellos no se arriesgaban, que podría correr riesgo la vida de ella. Entonces yo le dije que no, si es así, no. Porque la vida de ella no se puede perder. Y me dijo si yo me podía hacer cargo del bebé. ¿Qué voy a hacer? Del bebé y de mi hija me voy a hacer cargo, le dije.

La doctora Soria integra el equipo médico del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín. Lo que más la indigna a Verónica es que en los días anteriores a que la Corte bonaerense dictara el fallo a favor de su hermana, la jefa de ese servicio, la tocoginecóloga Blanca Campostrini, aseguró a los medios (incluido Página/12) que ella estaba dispuesta a practicar el aborto a L. M. R. “En ningún momento habló de que no se lo iban a poder hacer si pasaban las veinte semanas”, objeta Verónica.

Hay muchas cosas que le duelen a Vicenta de todo lo que se ha dicho en torno al caso de su hija menor. Pero hay una que la parte al medio, que la hace llorar irremediablemente. Y la deja sin palabras. Es la propuesta de dar en adopción a la criatura. La primera que se lo sugirió fue la jueza de Menores Inés Siro: “Se lo dijo primero a la nena y después a mí”, dice entre lagrimones, ahogada en el llanto, mientras busca un pañuelito de papel, que no encuentra, en la cartera. Tiene el pelo entrecano. Las arrugas del rostro denotan una vida sufrida.

Padre ausente

Vicenta y sus hijas se las han tenido que arreglar solitas desde hace 12 años, cuando el esposo y papá de las chicas las abandonó y formó otra familia. Por eso les resultó tan irritante que el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA) de La Plata, Ricardo de la Torre, presentara un escrito en la dirección del hospital –acompañado por una escribana– en el que advirtió a los médicos que si hacían el aborto sin el consentimiento del padre estarían cometiendo un delito por violar la patria potestad (ver aparte). El mismo argumento esgrimió el conjuez de la corte bonaerense Federico Domínguez en los medios y en su voto en contra de avalar la interrupción del embarazo de L. M. R.

–El no tiene por qué dar ningún consentimiento porque nunca se hizo cargo de nosotras. No va a venir a hacerse cargo ahora –dice Verónica con la boca desbordada de ira.

–¿Saben dónde está? –preguntó Página/12.

–Sí, claro que conocemos el lugar donde está. Incluso él nos ha echado de su casa. Cuando tenía franco en mi trabajo yo la llevaba a mi hermana a verlo porque cuando (mis padres) se separaron la que sufrió mucho fue ella. Llegué un par de veces a llevarla para que la viera, pero como él armó otra familia y tiene otros hijos con otra mujer me llegó a decir que nosotras le traíamos problemas, por que cuando íbamos se peleaba con la mujer. Y no fuimos más. Nunca recibimos ayuda de él ni nada. Es más: nos dejó en la miseria en una casa que si venía una tormenta se caía a pedazos, en una casilla toda podrida.

Verónica empezó a trabajar desde jovencita para ayudar a su mamá. Su primer trabajo fue en el área de limpieza de un hospital porteño. A pesar de las limitaciones económicas, Vicenta siempre se preocupó por la educación de sus hijas. Verónica terminó el secundario y L. M. R. finalizó sus estudios en una escuela especial de Glew en 2004, pero le permitieron seguir un año más para ir a un taller de huerta. Este año Vicenta quería mandarla a otro colegio para que pudiera aprender un oficio, pero el más cercano está en Adrogué, partido de Almirante Brown, muy lejos. Hasta pensó en pagarle a alguien para que la llevara (por su horario de trabajo no podía hacerlo), pero su ajustada economía no se lo permitió.

El viernes el gobierno bonaerense le otorgó a Vicenta un subsidio de 800 pesos. Le dijeron que lo tiene garantizado hasta que finalice el mandato de Felipe Solá, a fines de 2007. La familia espera que cumplan con las mejoras para la casa, que le prometió el mismo gobernador, y que la ayuda económica no se acabe el año próximo. Además, está la letra del fallo de la Suprema Corte que exhortó al gobierno provincial a ocuparse de proveer “las medidas asistenciales y sanitarias que estime más adecuadas para asegurar” la salud, tratamiento y la satisfacción de las “necesidades sociales básicas” tanto de L. M. R. y como de su madre. Para Verónica, “mi mamá no va a poder trabajar para cuidar a mi hermana y a la criatura. Necesita un sustento económico de por vida. Nos metieron una responsabilidad grandísima y alguien tiene que hacerse cargo de esto”.

La violación

A Verónica y a su mamá también les dio mucha bronca que el empresario de autopartes Javier Escalante saliera a los medios a decir que se ofrecía a adoptar a la criatura. Escalante dijo ante cuanto micrófono tuvo enfrente que también ofrecía brindarle ayuda económica a la familia para que la tuviera. Se apagaron los reflectores y Escalante se borró: todavía no las llamó para darles ni un peso. “Ese empresario ni siquiera sabía que mi hermana es discapacitada y fue violada. Hay miles de chicos en la calle pidiendo una familia y se viene a meter con nosotros”, se ofusca Verónica. Desde el 2 de agosto, cuando el hospital desistió de hacer el aborto, ni Vicenta ni Verónica ni L. M. R quisieron volver a Guernica, porque en el mismo vecindario vive el tío paterno a quien Vicenta denunció en la Justicia. Es el esposo de una hermana del padre de las chicas. No sólo vive él, además cinco hermanos del padre con sus familias.

“Están todos en contra nuestro. No sabe el infierno que es vivir ahí”, se lamenta Verónica. En estos días estuvieron viviendo en un hotel platense pagado por la Oficina de Atención a la Víctima de la provincia. El viernes, cuando se enteraron de que la fiscal Virginia Bravo pidió la captura del tío Luis, sintieron cierto alivio. La fiscal Bravo avanzó en pocos días en la investigación más de lo que en más de un mes había hecho su colega Leila Aguilar, a quien le quitaron el expediente cuando salió a luz que había sido quien denunció la inminente práctica del aborto, extralimitándose en sus funciones, según dictaminaron la procuradora general, María del Carmen Falbo, y la mayoría de la Corte. Tal como publicó ayer Página/12, distintas pericias comprometen la situación del tío.

–Siempre buscamos en la Justicia el derecho que le corresponde a mi hermana. Llegamos hasta acá porque la ley está escrita y supuestamente la amparaba para hacer el aborto. Ahora, si tenemos que seguir, vamos a seguir adelante con el embarazo. Pero no es justo cómo la han manoseado a mi hermanita –concluye Verónica.