El martes, Kirchner dijo que veía “lentos” a los jueces que tienen causas “contra los represores de Estado por la violación de los derechos humanos” y advirtió que los responsables no deberían ilusionarse con que “venga otro tiempo para volver a recuperar la impunidad”. Su reclamo de celeridad y eficiencia requiere de algunas precisiones: mientras algunos jueces han instruido las causas con prontitud y seriedad, otros demoran todo lo posible en espera de un momento más propicio para los imputados. El caso paradigmático en este sentido es el de la Cámara Nacional de Casación Penal. Por un lado retiene sin pronunciarse medio centenar de incidentes que le fueron planteados en distintas causas, y deja pasar el tiempo con excusaciones u otras argucias procesales. Así impide que los sumarios prosigan hasta su elevación a juicio. Por otro lado concede la libertad provisional de los militares procesados, invocando precisamente el excesivo tiempo que llevan detenidos o la presunta falta de riesgo de que se fuguen o entorpezcan la investigación. En todo el país se dictaron 268 órdenes de captura, pero sólo 222 represores fueron detenidos y hay 46 prófugos. Ese 17 por ciento de militares, marinos, aviadores, policías, gendarmes, penitenciarios y colaboradores civiles que escaparon de la justicia es un alto porcentaje que no permite descartar con tanta ligereza el peligro de que otros hagan lo mismo si se les ofrece la oportunidad. En el caso del plan Cóndor, la Sala I de la Cámara Federal de la Capital desoyó a la Casación y dispuso prorrogar la prisión preventiva del ex dictador Videla.

Antes de que Kirchner hiciera esa referencia, diputados del ARI y del Frente para la Victoria firmaron un proyecto de resolución sobre uno de los jueces especializados en obstaculizar las causas por violaciones a los derechos humanos: el camarista federal de La Plata Alberto Durán, cuyos estrechos vínculos con la policía de Buenos Aires conspiran contra la posibilidad de una correcta administración de justicia y violan la garantía de imparcialidad. Las firmas del proyecto, que se presentará el miércoles de esta semana, muestran una forma no electoral de la transversalidad, similar a la que se manifestó para excluir al torturador Luis Patti de la Cámara de Diputados: Emilio García Méndez y Leonardo Gorbacz, del ARI y cuatro legisladores del Frente para la Victoria: Rosario Romero, Remo Carlotto, Héctor Recalde (Presidentes de las comisiones de Legislación Penal, Derechos humanos y Legislación del Trabajo) y Araceli Méndez de Ferreyra. Fuerzas en otros aspectos adversarias son capaces de hacer frente común, en pos de objetivos superiores.

Durán integra la Sala I de la Cámara platense y su acción en las causas por los crímenes de la dictadura ha beneficiado en forma sistemática a los agentes de la Policía de Buenos Aires imputados, con métodos similares a los de la Cámara de Casación. Las actuaciones judiciales quedan inmovilizadas durante años por decisiones procesales en apariencia inocentes, como la omisión de “notificar a los imputados sus radicaciones, generando una prolongación interminable del proceso, en beneficio de los policías imputados”. Esta vulneración de las reglas sólo se observa en este tipo de causas y ha provocado que algunos expedientes se tramiten al mismo tiempo en dos juzgados distintos, sin que sea posible avanzar en la instrucción de modo de llegar alguna vez al juicio.

Durán “ha tenido una estrecha vinculación a lo largo de su carrera profesional con los cuadros operativos de la dictadura militar”, dicen los legisladores. Recibido de abogado en mayo de 1979 en la Universidad Católica de La Plata, comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Gobierno (Jurisdicción 03, ítem 12). Desde 1980 hasta 1987 fue Secretario del Juzgado Penal Nº 4 de La Plata. Es decir que “no sólo tenía relaciones cordiales con el gobierno de facto, sino que fue miembro de su aparato tanto como funcionario de su Ministerio de Gobierno como también en cuanto miembro de su poder Judicial, llegando a prestar tareas de evidente conformidad con el sistema represivo ilegítimo e inconstitucional al desempeñarse como Secretario de un Juzgado Penal durante aquellos años”.

Tampoco su actividad presente lo califica como un juez imparcial e independiente. En la actualidad, Durán es Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de La Plata, que coordina la aplicación de un programa que el propio juez ideó. Durán comparte el área ejecutiva de la Comisión con el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires y el Secretario General de la Municipalidad platense. De ese modo “cumple un rol activo en la definición del accionar policial ya que se cuentan entre sus atribuciones: recibir y evaluar y trasladar denuncias, establecer los operativos a realizar, la jerarquía y el número del personal policial que participará, la cantidad de móviles, controlar y supervisar la capacitación y el reentrenamiento de oficiales, suboficiales y agentes”. Añade que la Comisión también se propone crear “Comisarías Modelo, sin detenidos y abocadas a la seguridad ciudadana”. Su implementación comienza por la Comisaría Octava, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Al mismo tiempo, dicen los diputados, al menos desde 1985 y hasta la actualidad Durán es Profesor de la Escuela de Policía Juan Vucetich, que según “infinidad de testimonios funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar”. En consecuencia, sigue el proyecto, Durán “debe resolver la situación procesal sobre acusados que fueron sus colegas o sus superiores en la Escuela Policial Juan Vucetich, y también sobre personal policial que hoy está bajo su supervisión a través de la Comisión. Un Estado de derecho siempre debe velar por el cumplimiento de los postulados básicos que concierne a un país democrático. Uno de ellos es la independencia de sus magistraturas, más aún cuando en las mismas se investiga el genocidio de un pueblo a manos de un Estado terrorista”. Además de la decisión que pueda adoptar la Cámara de Diputados, los mismos fundamentos avalan una posible presentación ante el Consejo de la Magistratura para que promueva el juicio político de Durán y que investigue a algunos jueces de la Cámara de Casación.