El titular del Enargas, Fulvio Madaro, el gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y el secretario de Obras Públicas, José López, son los tres funcionarios públicos de alta jerarquía que más cerca están de quedar comprometidos en la investigación judicial por los 17 millones de pesos en coimas que habría pagado la empresa sueca Skanska para realizar una parte de las obras de ampliación del gasoducto Norte. En la causa que está a cargo del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, ya hay elementos probatorios de sobra respecto de la existencia de sobornos a funcionarios públicos, pero por ahora sólo indicios respecto de quiénes fueron los que cobraron.

La causa se inició hace más de un año como un caso de evasión tributaria mediante el uso de facturas truchas que salían de una empresa creada a estos efectos denominada Infiniti. Sus dos principales directivos, Adrián Félix López y Miguel Angel Hernández, están presos desde hace varios meses como jefes de la asociación ilícita y hay una decena de procesados. Una de las empresas importantes que operaba con Infiniti era la filial local de la sueca Skanska, a la que se le inició una causa paralela por evasión, lo mismo que a todas las otras, entre las que hay bancos y multinacionales.

Pero el caso Skanska tiene ingredientes de mayor gravedad que los restantes debido a que el uso de facturas truchas no habría tenido como único propósito evadir sino, además, justificar el pago de coimas. Tal como lo señala el juez López Biscayart en uno de sus dictámenes “hay indicios suficientes de que la asociación ilícita fiscal liderada por Adrián Félix López habría proveído a Skanska facturas de Infiniti con las cuales se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos simulando operaciones comerciales inexistentes”.

Uno de los indicios clave a los que se refiere el juez es un memorándum interno de Skanska del 28 de julio de 2005 que sostiene: “A través del Fideicomiso Nación (Ulloa), el cliente nos recomendó la ejecución de la ingeniería de detalle y de los distintos manuales que solicita el pliego a gente de su confianza, con el argumento inapelable de que sería la forma de conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto y llegamos a la conclusión de adjudicar ambos rubros al proveedor sugerido, Infiniti Group”.

Haciendo caso a la recomendación, Skanska obtuvo el contrato para construir la planta compresora de Deán Funes en Córdoba, parte de la obra de ampliación del gasoducto que tuvo un costo total cercano a los 200 millones de dólares. Por su parte, Skanska cobró 28 millones de pesos que, como se verá más adelante, podrían implicar un sobreprecio de 17 millones de pesos (es decir más del 150 por ciento) destinados al pago de sobornos. Cuando la maniobra de evasión fue descubierta la casa matriz sueca descabezó a la cúpula local y pagó a la AFIP más de 10 millones de pesos.

Otro indicio lo aportó el propio Adrián Félix López en su declaración indagatoria: “Recibí unos cheques, los deposité en la cuenta y le devolví el dinero. No sé cuál era el destino final de ese dinero. Me puedo imaginar un montón de cosas”. López dijo tener información que involucraba al ministro Julio De Vido, pero aclaró que “no lo puedo asegurar”. El receptor del dinero que devolvió López fue un contador llamado Alfredo Greco quien, según el dueño de Infiniti, fue quien le llevó el negocio. Por la tarea inventada de la ingeniería de detalle y la elaboración de manuales, Infiniti emitió facturas truchas por 1,7 millón de pesos. Pero eso fue sólo el 10 por ciento de lo que Skanska pagó por tareas inexistentes: en total abonó 17 millones de pesos a 23 usinas de facturas truchas, una de las cuales fue Infiniti.

Un tercer indicio surge de una nota que Transportadora de Gas del Norte, la firma controlada por el grupo Techint que opera el gasoducto y tuvo a su cargo la administración de las obras de ampliación, le envió al Enargas el 7 de marzo del año pasado en la que advierten: “No encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y por lo tanto no podemos avalar dicho precio”. La nota, firmada por el gerente de Asuntos Legales Marcelo Brichetto, explicaba que el “desvío” era de algo más que 150 por ciento, ya que de un presupuesto original de 11 millones de pesos se había pasado a 28 millones. A los investigadores no les resultó casual la coincidencia entre los 17 millones de sobreprecio y los 17 millones pagados al amparo de facturas apócrifas.

La advertencia fue remitida al Enargas, encargado de controlar técnicamente la obra, y su contenido también llegó a conocimiento de la secretaría de Obras Públicas y del fideicomiso Nación que aportaba el dinero. Sin embargo, la respuesta a TGN, por nota del Enargas fechada el 8 de abril con la firma de su titular Fulvio Madaro y del director Mario Rodolfo Vidal, fue que se hiciera con el presupuesto superinflado por Skanska. Incluso se sospecha de que se armaron dos ofertas ficticias para competir con la sueca a un precio obviamente aún mayor a los 28 millones.

Madaro y Vidal son dos santacruceños que antes del Enargas ocuparon diversos altos cargos en la administración provincial. López es un hombre de extrema confianza de De Vido. Ulloa es jujeño, y hasta ahora fue el único que se presentó de manera espontánea ante López Biscayart, y en su declaración deslindó toda responsabilidad por parte del Estado afirmando que se trata de asuntos entre empresas privadas.