El gobierno nacional está evaluando alternativas para modificar el funcionamiento de la Cámara de Casación. El viernes, la diputada kirchnerista Diana Conti presentó un proyecto para que las decisiones que tome ese tribunal en los plenarios no sean obligatorias para el resto de los jueces, algo que la Corte Suprema también dirá en un próximo fallo. Además, se está buscando la manera de acortar los plazos, o de hacerlos efectivos, para que los jueces no tengan todo el tiempo que deseen para resolver un planteo de las defensas o los querellantes. Las especulaciones que circularon esta semana entre funcionarios de alto nivel en la Casa Rosada incluyen, incluso, la posibilidad de anular la Cámara de Casación y hacer que la Cámara del Crimen y la Cámara Federal ocupen el rol de revisoras de los procesos orales.

En 1992, cuando se creó, la Cámara de Casación –el segundo tribunal de importancia del país, luego de la Corte Suprema– fue pensado como el órgano que fijaría la jurisprudencia en materia penal. Por eso mismo, se especificó que las decisiones que tomaran en plenario –todos los integrantes de la Cámara– fueran de aplicación obligatoria para los Tribunales Orales, Cámaras de Apelaciones y “todo órgano jurisdiccional que dependa de ella”, sin perjuicio de que los jueces que no compartan el criterio dejaran a salvo su opinión personal.

El proyecto que Conti presentó el viernes señala que esa medida afecta la independencia judicial y viola la garantía del juez natural. Pero además, está inspirado en que el tribunal no cumplió el objetivo que le fue encomendado. Fueron pocos los fallos plenarios y también fue poco el “acatamiento” de los juzgados de instrucción o los tribunales orales. Pero, en concreto, la iniciativa de la diputada kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura resta importancia al tribunal cuestionado por demorar los juicios contra los represores de la última dictadura.

La propia Corte Suprema está preparando un fallo en ese mismo sentido. La resolución se referirá específicamente a la probation. Según Casación, no puede suspenderse un juicio a cambio de tareas comunitarias cuando la pena del delito puede superar los tres años, pero en la práctica se utiliza un concepto menos rígido. Para respaldar la metodología que usan la mayoría de los jueces de los tribunales orales, la Corte declararía inconstitucional la obligatoriedad de acatar los plenarios de Casación.

Además de la iniciativa de Conti, el Gobierno está interesado en introducir otros cambios en el funcionamiento de la Justicia y en particular de Casación. Esta semana se comentó en la Casa Rosada un proyecto para ampliar la Cámara de Casación, pensado por el procurador ante la Corte Suprema Luis González Warcalde y los ministros de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. La propuesta implicaba que las salas de la Cámara del Crimen tuvieran el mismo rango y función que las de Casación. La idea no prosperó. En el Gobierno creen que no soluciona el problema de fondo y desconfían de algunos jueces de la Cámara del Crimen.

Existe otra idea más radical que implica directamente eliminar la Cámara de Casación y que la Cámara Federal o la Cámara del Crimen actúen como instancia de apelación de las sentencias de los tribunales orales. El problema de esa medida es que habría que evitar que los mismos jueces que revisaron un expediente en la etapa de instrucción sean los que evalúen la sentencia.

Los tiempos que maneja Casación –y la Justicia en general– también son motivos de preocupación. Actualmente esa Cámara no tiene plazo para expedirse sobre los planteos que recibe. El objetivo es que no pueda haber expedientes durante tres años en un tribunal sin solución –como ocurre actualmente y fue uno de los motivos de la denuncia de los familiares de desaparecidos– sino que haya alguna forma de punición o consecuencia para los funcionarios que demoren investigaciones complejas por dilatar la resolución de un incidente.

De prosperar, estos cambios serían incluidos en la reforma de los procedimientos penales en la que está trabajando una comisión en el Ministerio de Justicia. El objetivo de este grupo de especialistas convocados por Alberto Iribarne es elaborar dos anteproyectos de leyes: una sobre el Código Procesal Penal de la Nación y otra de organización judicial. Además, propondrá reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. La Cámara de Casación no estaba en la agenda de esta comisión, pero los acontecimientos de esta semana podrían hacer que el tema se colara. Algo de eso se habló el miércoles en la Casa Rosada, luego de que el presidente Néstor Kirchner defendiera desde el atril las críticas que había hecho al tribunal cuestionado por organismos de derechos humanos.

La polémica sobre el funcionamiento de la Cámara de Casación se convirtió en el principal tema político de la semana. El sábado, frente al centro clandestino de detención La Perla, Kirchner criticó a los integrantes de ese tribunal por demorar los juicios contra los represores de la última dictadura. El reclamo para que el Consejo de la Magistratura avance en la destitución de los jueces, sumado al coro de funcionarios que se alinearon con los dichos del presidente provocó críticas en el ámbito judicial y en la oposición. El presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, dijo que no pensaba renunciar y la Corte Suprema difundió un comunicado en el que pedía “mesura y respeto”, aunque sus integrantes dejaban trascender que no pretendían defender a los jueces cuestionados. El jueves, Bisordi pidió licencia.

Esa multiplicación de declaraciones y respuestas sacó de escena la denuncia realizada ante el Consejo de la Magistratura: el 19 de marzo 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Bisordi. La presentación destacaba que la Cámara de Casación cambió sus propios criterios “para favorecer a los imputados” por crímenes cometidos durante la última dictadura. Es decir que el tribunal había cambiado su criterio restrictivo sobre las excarcelaciones por uno más flexible para favorecer que los acusados en estas causas pudieran recuperar la libertad. Esta conducta se completaba con la demora y paralización de expedientes. Una actualización del relevamiento realizado en la Procuración General de la Nación arrojó que actualmente hay 201 recursos relacionados con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: 27 están en la sala I, 36 en la II, 33 en la III y 105 en la IV. Algunos de ellos llevan más de tres años sin resolución, como una presentación realizada por el represor Raúl Scheller, que impide la llegada de la causa ESMA a juicio oral y que fue reactivada esta semana, después de la denuncia y la polémica.