En los últimos días el tribunal de Casación quedó en el foco de la atención pública. Esta es una buena noticia, en la medida que su funcionamiento estuvo cuestionado desde sus orígenes. No puede olvidarse que este tribunal acompañó el desprestigio y el copamiento político de la Justicia durante la década del ’90, en un recorrido parecido al de la Corte Suprema de aquellos años. Las críticas no apuntan sólo a su actuación en los casos vinculados con los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, sino que también se vinculan con los antecedentes de sus integrantes y sus posturas regresivas para la protección de derechos y la vigencia de las garantías penales y procesales.

El debate actual se desencadenó por el papel de la Casación en relación con el proceso de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. El tribunal se convirtió en un embudo nacional al demorar una importante cantidad de causas en trámite, abiertas desde hace años y con personas detenidas. Sin embargo, la Casación también ha carecido de prestigio por no haber adoptado nunca una postura innovadora para mejorar el funcionamiento del sistema penal. Por el contrario, entre otras cosas, convalidó un uso desmedido de la prisión preventiva, limitó el derecho al recurso, restringió salidas menos coercitivas al uso de la cárcel y fue represivo en materia de protesta social.

Frente a este escenario, una eventual modificación de la composición de la Cámara es necesaria pero no suficiente porque el Tribunal no sólo se encuentra desacreditado por los antecedentes de sus miembros, sino por las prácticas impropias que fueron profundizando su deslegitimidad. Un mero recambio de nombres no asegura la reforma de estas prácticas ni le garantizará el lugar fundamental que el sistema jurídico le asigna.

Ante la demanda política y social de revisar el funcionamiento del tribunal de Casación es indispensable que el Consejo de la Magistratura avance seriamente en una investigación sólida sobre la situación de Casación, identifique si existen elementos para una acusación consistente, y para ello observe los procedimientos constitucionales y legales establecidos. Ya se perdió una oportunidad cuando en la anterior conformación del Consejo, el representante de los abogados Beinuzs Smuckler solicitó al plenario una auditoría del tribunal y el pedido se diluyó en trámites burocráticos por la negativa de varios consejeros, entre los que se encontraba el representante del Ejecutivo y un senador oficialista.

La reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el gobierno nacional generó sospechas de manipulación política del Poder Judicial. Por esta razón, aquel organismo cargará con la responsabilidad de despejar aquellas dudas en el trámite que investigue las denuncias que existan contra los jueces del tribunal de Casación. Más que promover renuncias, el Consejo debe dar una respuesta adecuada a las demandas sociales de rendición de cuentas de los jueces. Al igual que como sucedió con el máximo tribunal, las distintas instituciones del Estado deben comprometerse a impulsar reformas integrales sobre Casación y el resto de la Justicia federal, dirigidas a fortalecer su independencia y a avanzar en su democratización.

* Director ejecutivo del CELS.