En los últimos días todos los chilenos pusieron una lupa sobre los errores y las debilidades de su presidenta, Michelle Bachelet. Su incapacidad para anticipar el fracaso de Transantiago y la crisis que le siguió opacaron uno de los puntos más fuertes de este gobierno: su política de derechos humanos. Mientras miles de chilenos tenían que soportar horas de colas para tomar un colectivo o subirse al subte, la Corte Suprema emitía un fallo histórico. Por primera vez todos los jueces, conservadores y progresistas, coincidían en que la autoamnistía dictada por Augusto Pinochet en 1978 no podía amparar cualquier delito. “No cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”, determinó la Corte en el caso de un oficial que mató a un reservista, como parte de la “limpieza” que hicieron las Fuerzas Armadas después del golpe de Estado de 1973.

No hay dudas de que en desde el regreso a la democracia hubo un gran avance en el descubrimiento de la verdad de los crímenes cometidos durante la larga dictadura pinochetista (1973-1989). Sin embargo, la llegada de Bachelet a la presidencia había hecho aflorar la esperanza de que por fin se terminara con la impunidad. De a poco y con la lentitud propia de las instituciones judiciales, este deseo se está convirtiendo en una realidad. Luego de la detención de Pinochet en Londres en 1998 las causas contra el dictador se multiplicaron en Chile. La figura de las desapariciones forzadas permitieron saltar el muro de la inmunidad y así comenzaron a aparecer las primeras condenas. Pero los jueces todavía podían elegir si se regían o no por la amnistía que Pinochet les regaló a todos sus cómplices y a sí mismo en nombre de la “paz social”.

Hoy, el clima político y la concientización social parecen haber dejado caduco a este debate. El 14 de marzo pasado todos los magistrados de la última instancia judicial del país decidieron que ningún delito de lesa humanidad puede ser amnistiado ni puede prescribir. Esto significó que el brigadier retirado Víctor Pinto deberá volver a ser procesado por el asesinato del reservista Manuel Rojas. El 11 de septiembre de 1973 Rojas, de sólo 20 años, había sido llamado a reincorporarse a la Escuela de Infantería de San Bernardo. El 1o de diciembre no volvió a su casa como era costumbre. Un mes más tarde, el ejército le informó a su esposa que había sido fusilado. Pinto era el director del Cuerpo de Inteligencia del ejército en ese momento. La jueza de primera instancia María Estela Elgarrista lo sobreseyó en 2004 por estar amparado por la autoamnistía de Pinochet.

“Si bien no se trata de una condena (el fallo permitió que se reabriera la causa), el fallo de la Corte Suprema marcó algo que nunca había pasado: todos los jueces estuvieron en contra de la amnistía”, explicó en diálogo con Página/12 el abogado de derechos humanos chileno Roberto Garretón. Mientras el abogado destaca la importancia de este avance judicial, también reconoce que este nuevo logro no le dará mucho rédito político a Bachelet, en un momento en que realmente lo necesita. “A la población le da mucha alegría este tipo de noticias. Pero la verdad es que ahora están más preocupados por el Transantiago, que si (el ex general Manuel) Contreras es procesado por la 15a vez”, señaló.

Más allá de la crisis actual, lo cierto es que los éxitos en materia de derechos humanos dejaron de estar directamente vinculados a la presidenta desde su asunción, en marzo de 2006. Para el sociólogo y director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Carlos Hunees, la agenda original de la campaña de Bachelet cambió cuando tomó el poder. “Ella tuvo que enfrentar una serie de temas que no fueron enfrentados por el gobierno de (Ricardo) Lagos”, explicó a este diario. De todas maneras, para Hunees fue una muestra de responsabilidad política de parte de Bachelet no impulsar desde la presidencia los juicios por los crímenes de la dictadura. “No podía mantener un discurso en pos del reencuentro y la reconciliación, si actuaba como juez y parte en los procesos judiciales”, explicó. “Pero a pesar de las urgencias que provocó la actual crisis, no hay chileno que no tenga presente siempre la dictadura”, agregó.