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A la sombra de la crisis colombiana, que se complicó y amenaza con complicarse aún más, los líderes de la región emprendieron una segunda misión, tan complicada y potencialmente explosiva como el rescate de Ingrid y la pacificación de las FARC. Se trata, nada menos, de evitar un choque armado por la amenaza secesionista del Oriente boliviano. “La situación es peligrosa”, alerta uno de los muchos mediadores que han visitado Bolivia en la últimas horas.

Evo Morales lo sabe. La prefectura de Santa Cruz, la más rica gobernación del país, planea plebiscitar el próximo cuatro de mayo un estatuto autonómico a través del cual se arrogaría el derecho exclusivo a repartir tierras, recaudar impuestos, crear su propia Justicia y manejar sus propias fuerzas armadas y policiales. Tarija, Beni y Pando piensan hacer lo mismo en junio. También el cuatro de mayo el gobierno de Morales había programado una elección para ratificar una nueva Constitución nacional que dice todo lo contrario a lo que sostienen los estatutos autonómicos. Para frenar el encontronazo la Corte Nacional Electoral suspendió salomónicamente las votaciones autonómicas y la constitucional, alegando falta de tiempo para una preparación adecuada. El gobierno decidió acatar el estado de derecho y levantó la consulta constitucional. Santa Cruz se amparó en un fallo de una Corte menor y decidió avanzar con una elección ilegal y de legitimidad dudosa, pero de un valor político indudable para la derecha que juega a debilitar al gobierno masista. Así las cosas, Morales puso en marcha la saludable estrategia de latinoamericanizar el conflicto para tender puentes internacionales a los sectores más democráticos de la oposición y de paso apaciguar a los más exaltados.

A mediados de febrero el vicepresidente, Alvaro García Linera, viajó a Brasilia llevando un mensaje de Evo Morales para Lula. El presidente brasileño no suele conceder audiencias a vicepresidentes visitantes, pero hizo una excepción y conversó con García Linera en el Planalto.

A principios de este mes el presidente boliviano mandó a Buenos Aires a otro emisario, su viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce. Su misión fue transmitirle a Cristina, a través del canciller Jorge Taiana, el mismo mensaje que García le había llevado a Lula: que reciban a la oposición boliviana. Que le armen reuniones. Que le faciliten acceso a despachos interesantes. En fin, que abran un canal de diálogo.

Los emisarios de Morales identificaron a tres liderazgos opositores para la interlocución. El partido Podemos, que junto a sus aliados maneja una frágil mayoría en el Senado; los gobernadores de Oriente encabezados por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costa, y la jerarquía eclesiástica liderada por el arzobispo de Santa Cruz Julio Terrazas. (En los papeles cumple la Iglesia boliviana un rol de mediador en el conflicto, para gusto de los delegados de Morales, se ubicaría dentro del espacio opositor.) En cambio se descartó por el momento incluir en la ronda de contactos al belicoso líder del Comité Cívico Santa Cruz, el magnate aceitero Bruno Marinkovich.

Los primeros resultados de la movida diplomática de Morales no tardaron en llegar. Hace diez días el dirigente de Podemos que preside el Senado boliviano, Oscar Ortiz, visitó Brasil y Argentina, invitado por sus respectivos cancilleres, Celso Amorim y Jorge Taiana. Junto a Ortiz viajaron el presidente de la bancada de su partido y otro correligionario que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta. Además de reunirse con referentes de la derecha, Ortiz fue recibido por el presidente del Senado brasileño, el petista Garibaldo Alves, y por el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado argentino, el radical K Julio Cobos.

La idea es repetir la experiencia. Por ejemplo, en los próximos días, con cualquier excusa, el prefecto cruceño Costa podría recibir una invitación del gobernador de Río de Janeiro aliado a Lula, Sergio Cabral, y otra del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, para firmar algún convenio y de paso hablar de política. Algo similar se podría intentar con los obispos, aunque en el caso argentino, las relaciones entre gobierno e Iglesia no pasan por su mejor momento.

Mientras tanto esta semana los cancilleres de Argentina y Brasil Celso Amorim y Jorge Taiana viajaron a Bolivia para intentar mediar en el conflicto. Estuvieron en La Paz y Santa Cruz reunidos con Morales y Costa. A ellos se sumaron el vicecanciller de Colombia, Camilo Reyes, y el delegado de la OEA, Dante Caputo.

No tuvieron mucha suerte. En Santa Cruz, Marinkovich los repudió y dijo que no tenía nada que hablar con los “amiguitos” internacionales de Morales. Pero la diplomacia previa no había sido en vano. Fue el propio Ortiz, el huésped de Cobos y Garibaldi Alves, quien salió a contestarle a Marinkovich que él había invitado a los diplomáticos a Santa Cruz. Y que lo hizo para denunciar “la ruptura de la institucionalidad diplomática y los atropellos del gobierno contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”. No fueron palabras suaves, pero permitieron que los mediadores se reunieran sin problemas con políticos, religiosos y representantes de ONG en territorio opositor.

La presencia de los mediadores no pasó

inadvertida. En el gobierno boliviano consideran un triunfo que tanto la OEA como la Unión Europea se hayan negado a enviar veedores al plebiscito cruceño, que así quedará huérfano de legitimación externa. Además, para facilitar la mediación internacional, la Iglesia habría aceptado dar un pasito al costado.

Pero el conflicto sigue latente. A diferencia de Argentina, donde detrás de un reclamo económico se esconde un conflicto político, en Bolivia parece que es al revés. Las prefecturas ricas se alzaron el año pasado cuando el gobierno pasó una ley que le permite retener el 70 por ciento de la renta del gas (el IDH, impuesto directo a los hidrocarburos) para redistribuirlos vía Renta Dignidad, una especie de jubilación que les garantiza un buen plato de comida a todos los bolivianos. Los gobernadores no lo aceptaron porque una ley anterior decía que los recursos del IDH pertenecen a las prefecturas. No es que las prefecturas recibían más dinero de gobiernos anteriores. Por la política de nacionalizar recursos y renegociar contratos, el gobierno actual quintuplicó su recaudación de recursos provenientes de los hidrocarburos, que pasó de 300 a 1500 millones anuales. Esa es la renta extraordinaria que el Estado quiere capturar para financiar su programa jubilatorio.

A esta disputa se suma la pulseada con los exportadores de Oriente, que pretenden vender a precios internacionales en el mercado interno. El gobierno suspendió la exportación de pollos y de aceite de soja hasta que los precios bajen. Los polleros, pequeños productores, negociaron, bajaron los precios y volvieron a exportar. Pero los aceiteros, dominados por tres holdings-pulpo y con el apoyo de los latifundistas, siguen en pie de guerra y la prohibición para exportar se mantiene. Algunos miembros de la oposición dicen que se trata de una venganza de Morales por el plebiscito del cuatro de mayo. Ahí la cosa se mezcla y más todavía cuando Camiri, la región petrolera de Santa Cruz, pide su propia autonomía de la prefectura con la misma lógica de interés sectorial que impulsa la demanda cruceña con respecto al territorio nacional.

Debajo de la pelea por los recursos naturales subyace otra, más antigua aún e igualmente irresuelta, que es la pelea por la tierra. Como presidente del país más empobrecido y retrasado del subcontinente, Morales ha emprendido la reforma más progresista y distributiva de todos los gobiernos de centroizquierda que dominan el mapa, retomando el espíritu de la reforma agraria del 1952, haciendo un delicado equilibrio entre los postergados derechos de los pueblos originarios y los de los colonos y los terratenientes. Un pilar de esa política es la creación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), un instrumento que el gobierno ha utilizado para devolverles tierras a las comunidades originarias. El plebiscito de Santa Cruz propone anular o desconocer las TCO, para preservar el control de algunas de sus tierras más fértiles en manos de los mismos terratenientes que impulsan el estatuto autonómico.

No era fácil para Morales cuando cerca de dos tercios de la población lo respaldaba al principio de su gobierno y lo es menos aún ahora, cuando su apoyo se erosionó a poco más de la mitad, después de un desgastante debate constituyente. Pero en vez de dejarse llevar por la tentación de prohibir el plebiscito de Santa Cruz por la fuerza, ha optado por invocar la cláusula democrática de la pax latinoamericana para apuntalar su gobernabilidad.

“Si se juega va a ser un partido amistoso, no va a ser por los puntos”, graficó un importante funcionario del gobierno boliviano. “Si se juega se va a jugar desconociendo una orden de suspender el partido de la asociación de fútbol y con un referí puesto por ellos. Fijate que el presidente de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz (n. de r. Mario Orlando Parada), o sea el que organiza el plebiscito, está casado con la presidenta del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz (n. de r. Julia Gutiérrez), una conocida dirigente de la oposición. Además juegan en la cancha de ellos y con la barra brava de ellos, los muchachos de la Unión Juvenil Cruceñista, que gustan usar bates de beisball para pegarle a los campesinos (n. de r.: en La Paz manda la barra local, que para en congreso).”

Visto así, en la previa, daría la impresión que el equipo de Morales se encamina a una derrota digna, de esas que agrandan. “Va a ser importante para la derecha y seguro que lo van a usar, pero legalmente no cambia nada y ahora les toca lo más difícil, que es cumplir con todo lo que prometieron a la gente de Santa Cruz.”

Un partido amistoso. Ojalá. Si esta mirada o alguna similar prevalece, si Latinoamérica corrige algunos cortocircuitos para iluminar la cancha y las barras bravas guardan los palos, los partidos podrán disputarse en el campo de juego, bajo las reglas de la democracia.

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