Domingo, 6 de abril de 2008 | Hoy
EL PAíS › OPINION
Por Julio Maier *
El manejo del idioma resulta imprescindible para comunicarnos y comprendernos. La deformación del idioma, mediante el artificio de nombrar ciertas realidades o conceptos con palabras que no representan su significado, no sólo confunde sino que, la mayoría de las veces, responde a un trasfondo ideológico que no se desea mencionar. La enorme mayoría de los medios, escritos, auditivos y, sobre todo, televisivos mencionó el lockout llamado “del campo” como “paro”, locución que, a pesar de ser correcta según el segundo significado de la Academia (“interrupción de un ejercicio o de una explotación industrial o agrícola por parte de los empresarios o patronos, en contraposición a la huelga de operarios”), resulta, al menos entre nosotros, confuso. No es este último nombre el que se impone entre nosotros para denominar el mismo fenómeno, sino que, precisamente, usamos la expresión inglesa que hemos citado antes. Sospecho que tal realidad se vincula directamente con una razón ideológica: el propósito mediático de ocultar el trasfondo ideológico en la determinación del sentido de la cobertura periodística. Por de pronto, nuestra Constitución nacional sólo establece y garantiza el derecho de huelga (art. 14 bis, II) a los operarios u obreros; por lo contrario, no contiene un derecho al lockout o al paro patronal. La diferencia existe desde nuestra Ley Fundamental y no fue remarcada por las distinciones necesarias de la prensa, en general. Tal diferencia, por lo demás, viene también remarcada por la ley penal: el art. 158, referido a la prohibición de la compulsión a la huelga o al lockout, no sólo emplea esta última alocución para diferenciar ambos fenómenos ya por su nombre, sino que, además, guste o disguste, no prohíbe conductas idénticas o paralelas: marcadamente, prohíbe el uso de la violencia física por parte de un obrero para compeler a otro a tomar parte en una huelga, por una parte, y, por la otra, conmina con la misma pena la conducta del patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout. Se puede estar en desacuerdo acerca de la asimetría que implican esos textos, pero ella, en primer lugar, existe en nuestras instituciones básicas y, en segundo lugar, quien repase la razón histórica de ella –la regla proviene del texto originario del CP– hallará que el legislador tuvo en cuenta el distinto poder y las distintas posibilidades del obrero frente al patrón.
Lo visto en estos días, por tanto, no ha sido simplemente un paro, sino un verdadero lockout, con ejercicio de la coacción y hasta de la violencia física, en tanto ellas eran necesarias para evitar la llegada de frutos e insumos al mercado y anticipar a quienes prefirieran enviarlos aquello que les pasaría de persistir en su propósito. Por tanto, se trataba de una verdadera compulsión prohibida al lockout. Además, esto calificaría precisamente al paro-lockout presenciado: increíblemente, no se trató de la interrupción de la explotación agrícola propia del adherente a la medida, como informa el significado académico, sino, antes bien, de impedir que los demás, quienes no acataban el lockout, alcanzaran el mercado para sus frutos.
Más allá de ello y de algún caso particular, resulta evidente que los trabajadores en huelga defienden lo imprescindible para su subsistencia –el salario–, mientras que los patrones en lockout, más allá de ganar o perder con su explotación y, como dije, de casos particulares, resulta también evidente que no pueden amparar su reclamo en una justificación del mismo nivel. De allí la diferenciación que marcan tanto el idioma como la ley para ambos fenómenos.
* Abogado. Doctor en Derecho. Profesor consulto de la UBA. Integra el Tribunal Superior de la CABA.
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