Hace dos semanas el juez federal de Salta, Abel Cornejo, le ordenó a la Gendarmería que detuviera y trasladara al teniente coronel retirado Hugo César Espeche, acusado de homicidio doblemente agravado de doce prisioneros. En julio de 1976, Espeche era capitán y fue uno de los encargados del traslado de los presos que terminaron ejecutados en la Masacre de Las Palomitas, cerca de la capital salteña. El militar goza de prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero tampoco en este caso cumple la ley: en base a declaraciones de testigos, Cornejo comprobó que se desplazaba como si estuviera libre y decidió revocarle el beneficio. Hasta el viernes, Gendarmería no había ejecutado la orden judicial porque no tenía la autorización del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Funcionarios de esa cartera confirmaron a Página/12 que este fin de semana se haría efectiva la detención y se pondría a Espeche a disposición del juez de turno de Chubut para que el Servicio Penitenciario –que también depende de esa cartera– lo traslade a Salta.

Los abogados querellantes en la causa por la Masacre de Palomitas, David Leiva y Tania Nieves Kiriaco, explicaron a este diario que “si no se efectiviza rápido la orden de detención, existen serios riesgos de que Espeche se fugue, porque ya lo hizo una vez”. En el 2003, cuando se reabrió la causa por el fusilamiento de los presos, el militar –que para entonces se había transformado en un próspero empresario de seguridad y limpieza– se fue a Europa. El director de Espe SRL, que tiene contratos con Pan American Energy de Carlos Bulgheroni, optó por volver al país cuando temió recalar en España a pedido del juez Baltasar Garzón. A pesar de su responsabilidad logró que la Cámara Federal de Salta le otorgara la prisión domiciliaria por sus problemas cardíacos. Tiene 61 años y autorización para salir tres veces por semana al gimnasio.

En la cartera que comanda Aníbal Fernández explicaron que se demora la ejecución de la orden del juez Cornejo porque hubo “una confusión” en su resolución. “La Gendarmería está autorizada para detenerlo y ponerlo a disposición del juez de turno que tiene que ejecutar la orden de Cornejo, pero no del traslado. Eso es atribución del Servicio Penitenciario Federal”, señalaron. En ese entramado burocrático se pone en riesgo la prisión de un represor que ya ha demostrado su voluntad de fuga.

La historia

El 6 de julio de 1976, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche se presentó a las 19.45 ante el director del penal de Villa Las Rosas, en Salta, con la misión de trasladar a once presos políticos. Como avezado oficial de la dictadura dio dos órdenes: “Esto no se anota en los registros”, dijo y conminó a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse de los pasillos “a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible”. Los doce presos (fue sumado uno de Jujuy) fueron ejecutados a los pocos kilómetros en un simulacro de fuga. Durante veintisiete años, Espeche, retirado como teniente coronel, gozó de impunidad. En el 2003 fue detenido por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas.

El 21 de diciembre de 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el fallo que consideró “prima facie” a Espeche como “partícipe secundario responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido el hecho investigado con alevosía y mediando participación de dos o más personas”. A pesar de que todavía no había cumplido los 60 años, Espeche consiguió que la Cámara salteña reviera la decisión del juez Abel Cornejo y le autorizara la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, a más de cuatro mil kilómetros del lugar del proceso. Problemas cardíacos motivaron el deseo concedido. Ni siquiera ese beneficio le fue suficiente y su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación reclamando la excarcelación. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi coincidieron en que el planteo era inadmisible y reclamaron a la Justicia salteña acelerar los procesos contra los represores.

En febrero pasado, Espeche nunca pensó encontrarse con alguien que lo reconociera. Javier Guzmán, un muchacho salteño, de Orán, que trabaja en un corralón en Comodoro Rivadavia, lo vio cuando muy suelto de cuerpo Espeche fue a pedir un presupuesto. En base a ese relato, los abogados Leiva y Kiriaco pidieron la revocatoria de la prisión domiciliaria. Hace dos semanas el juez Cornejo hizo suyo el pedido, al tiempo que la fiscalía y la querella coincidieron en señalar a Espeche como responsable del homicidio doblemente agravado de los doce prisioneros en 1976.

El juez, los querellantes y los familiares de las víctimas esperan ahora que la Gendarmería haga efectiva la detención del represor devenido empresario y los penitenciarios lo trasladen a Salta. Allí tendrá que esperar, esta vez en prisión, el desarrollo del juicio oral. Por lo menos en ese lapso, no tendrá tiempo libre para disfrutar de los dividendos obtenidos de la venta de acciones de Pan American Energy de las que se habría desprendido en las últimas semanas.