El gobierno de Tabaré Vázquez habilitó ayer a la Justicia a investigar los asesinatos de dos uruguayos desaparecidos durante la última dictadura militar en ese país (1973-1985). Se trata de los casos de los militantes de izquierda Hugo de los Santos, quien murió por torturas en 1973, y Horacio Ramos, que falleció en 1981 en el Penal de Libertad, luego de nueve años de prisión. Los casos quedan fuera de la Ley de Caducidad porque se acusa de los hechos a los mandos militares. Los hombres estaban en prisión, y por lo tanto en manos del Estado, al momento de su muerte.

Mediante dos decretos aprobados ayer, el Poder Ejecutivo excluyó esos casos de la Ley de Caducidad, que en 1986 amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. El caso de Ramos había sido catalogado como suicidio por ahorcamiento, pero luego se descubrió que se trató de un homicidio encubierto. La muerte de De los Santos, causada por torturas, también había sido encubierta.

La Ley de Caducidad faculta al gobierno a determinar qué casos están excluidos y pueden por tanto ser investigados por la Justicia. La administración uruguaya del presidente socialista Tabaré Vázquez ya había excluido de esa amnistía la desaparición en Uruguay en 1976 de María Claudia Irureta Goyena, nuera del escritor argentino Juan Gelman, entre otros casos casos.