Una fiscal uruguaya solicitó ayer el procesamiento de nueve ex militares y policías, en el marco de la investigación de la desaparición de tres uruguayos en Argentina. De concretarse el pedido, que la prensa del país calificó de “histórico”, sería el primer procesamiento a uniformados desde la restauración de la democracia. Los ex militares tienen además un pedido de extradición por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), solicitada por dos jueces argentinos.

La fiscal Mirtha Guianze pidió el procesamiento por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir de los ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Ernesto Rama y Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande, en el marco de la investigación de la desaparición en Argentina de los uruguayos Washington Barrios, Adalberto Soba y Alberto Mechoso. El pedido de la fiscalía también abarca la captura internacional con fines de extradición del militar retirado Manuel Cordero, quien, según informaciones judiciales, se encuentra prófugo en Brasil, donde contrajo matrimonio y tramitó asilo político ante la ONU.

“La solicitud es un paso importante porque sería un principio para socavar la impunidad que está tan arraigada en Uruguay. Hoy en día hay muchas denuncias, y de aquí a fin de año se podrían alentar otros procesamientos”, indicó Guillermo Payseé, de la organización defensora de los derechos humanos Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Uruguay). Aunque no quiso cantar victoria, Payseé se mostró optimista ante el posible procesamiento de los ex militares. “Creo que van a ser procesados. No creo que Mirtha Guianze haya adelantado una solicitud de procesamiento si no tenía todas las pruebas para hacerlo. Además hay que tener en cuenta que esta gente está acusada por cantidad de testimonios e involucrada en casos tanto en Argentina como en Uruguay”, dijo Payseé en diálogo telefónico con Página/12.

Tras la caída de la dictadura uruguaya en 1985, los gobiernos de los partidos conservadores Colorado y Blanco se negaron durante veinte años a investigar las violaciones a los derechos humanos, amparados en la existencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una ley de impunidad que impide juzgar a militares y policías responsables de esos crímenes. Sólo hubo un procesamiento: el del ex canciller Juan Carlos Blanco, por el supuesto homicidio de la maestra Elena Quinteros. El funcionario fue arrestado, pero después quedó en libertad.

La historia comenzó a cambiar el año pasado. El gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, que asumió en marzo de 2005, se comprometió a investigar casos que quedaron afuera de la Ley de Caducidad. Son los que involucran a civiles o a los mandos militares, a los que cometieron crímenes en el exterior y a los que actuaron antes o después del “período de facto” (27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985).

El caso por el que se pide el procesamiento de los militares quedó exento de la Ley de Caducidad porque se produjo en Argentina, más precisamente en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, en Floresta. El juez Luis Charles, que investiga las desapariciones de Barrios, Soba y Mechoso, dispone de un plazo legal de 45 días para dictar resolución sobre el pedido de la fiscal Guianze. No obstante, fuentes judiciales anticiparon que se pronunciaría la semana próxima. Soba y Mechoso, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), desaparecieron en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976. Barrios, militante tupamaro, desapareció en la ciudad argentina de Córdoba en septiembre de 1974.

Los ex militares acusados además están involucrados en otros casos. Gavazzo, Vázquez, Silveira, Arab, Rama y Medina se encuentran en prisión preventiva por un pedido de extradición desde Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras de la región en los años ’70. También fueron detenidos esta semana el ex capitán Luis Maurente y el ex suboficial Ernesto Soba por un pedido de extradición del juez argentino Daniel Rafecas, en el marco de una investigación sobre la desaparición de 43 personas, en su mayoría uruguayos. Pedro Sande, en tanto, se encuentra preso por un delito común de peculado, mientras que la fiscal Guianze pidió la detención de Rodríguez Buratti.

Recientemente, dos militares retirados decidieron aportar datos a la Justicia. “El Plan Cóndor consistía en pasarse información de un gobierno a otro de la región, producto de la lucha antisubversiva. Yo no participé de la parte operativa, de las ejecuciones, sino que me encargaba de lo intelectual, era el ideólogo”, admitió Vázquez. También habló Gavazzo, otro de los probables procesados. Los analistas estiman que los militares optaron por hacerlo ante la Justicia local para ser procesados en su país, evitando o demorando así su envío a los tribunales argentinos. En este sentido, el abogado Payseé se reservó un elogio para la Justicia argentina, ya que consideró que la presión de una posible extradición permitió que los ex militares empezaran a colaborar con la Justicia uruguaya. “Los militares pusieron sobre la balanza quedarse en Uruguay o ir a una prisión argentina, y prefirieron lo primero”, indicó.

Informe: Virginia Scardamaglia.