Las malas noticias no acaban para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando todavía no terminan de desaparecer dos grandes escándalos de corrupción que involucran a gente allegada a él, el mandatario debe enfrentar un nuevo proceso pero esta vez en su contra. El Ministerio Público Federal de Brasil pidió ayer a la Justicia abrir procesos por improbidad administrativa contra Lula y su antecesor, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

Según informó ayer el diario opositor Folha do São Paulo, la acusación indica que ambos gobernantes y sus ministros desviaron recursos del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen) para “aumentar el poder de caja del gobierno”. La acción fue promovida por el procurador regional de los derechos del Ciudadano, Wellington Oliveira, quien afirmó que la Constitución y la ley deben ser aplicadas también en el sistema carcelario. Según Oliveira, con el supuesto desvío de presupuesto destinado al sistema de prisiones “los agentes públicos causaron dolosamente daños manifiestos a toda la sociedad brasileña”.

Oliveira está haciendo referencia a los fatales incidentes del año pasado, que paralizaron la ciudad de San Pablo, uno de los centros económicos más importantes del país, durante varios días. En protesta por las malas condiciones y los supuestos abusos de la guardia penitenciaria, cientos de presos –en su gran mayoría miembros de los comandos que controlan el narcotráfico y el crimen organizado en ese estado– se amotinaron dentro de las cárceles. Ante la falta de resultados, las protestas se extendieron por fuera de las paredes de las prisiones, de la mano de los “soldados” de los comandos. El saldo fueron decenas de colectivos quemados, comisarías y sedes bancarias atacadas y un clima de terror que sorprendió a los paulistas, acostumbrados a ver ese tipo de violencia en Río de Janeiro pero no en su ciudad.

Entre los acusados por el procurador se encuentran los actuales ministros de Economía, Guido Mantega, y de Planificación, Paulo Bernardo; y el ex ministro de Justicia Marcio Thomaz Bastos. También se menciona a parte del gabinete del gobierno de Cardoso, como los ex titulares de Economía Pedro Malán; de Planificación Guilherme Gonçalvez Dias y de Justicia Miguel Reale Junior.

Con esta denuncia se abrirá un tercer frente para el gobierno, que todavía está intentado dar por terminado el escándalo por tráfico de influencias que dejó procesado al hermano de Lula y la megacausa que investiga las licitaciones fraudulentas de obras públicas millonarias.