Con el voto de los ciudadanos de los territorios franceses de ultramar empezó ayer la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias francesas, en las que se prevé que el presidente, Nicolas Sarkozy, obtendrá una aplastante mayoría. Las últimas encuestas de los institutos Ipsos-Dell y TNSSofres dan al partido conservador de Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), y a sus aliados entre 401 y 437 escaños de los 577 del Parlamento.

Según el mismo sondeo, el Partido Socialista y sus socios políticos obtendrían apenas entre 137 y 174, mientras que el centrista Movimiento Democrático (MoDem) ganaría uno o dos. Si estas previsiones se confirman, será la primera vez desde 1978 que un partido de gobierno gane la reelección en el Parlamento. Para Sarkozy, también significaría la posibilidad de implementar su ambicioso plan de reformas sin oposición alguna.

El gobierno del primer ministro, François Fillon, ya ha fijado en julio y septiembre sesiones extraordinarias para comenzar a trabajar en medidas de impulso de la economía, control del flujo de inmigrantes y endurecimiento del Código Penal.

Algunas claves de esta segunda vuelta pueden dar una idea de la dimensión de la previsible victoria conservadora. En Bordeaux, el ministro de Ecología, Desarrollo y Ordenación Sostenibles, Alain Juppé, ex primer ministro y actual número dos del gobierno del primer ministro Fillon, compite en un distrito donde la derrotada candidata presidencial socialista Ségolène Royal venció a Sarkozy. Si pierde, los socialistas podrán aferrarse a un símbolo de triunfo y Juppé tendrá que abandonar su puesto de ministro y, posiblemente, la esperanza de seguir teniendo un papel relevante en la política nacional.

En el extremo opuesto, el ex primer ministro de Finanzas Dominique Strauss-Kahn mantiene una ajustada carrera en el distrito de Val d’Oise, al norte de París. Una derrota desvanecería sus ambiciones de asumir el liderazgo del Partido Socialista.

Una clave de las elecciones será la participación. En la primera vuelta del pasado domingo, cerca del 40 por ciento de los votantes registrados ejercieron su derecho a voto, registrándose un nivel record de abstención.

La polémica por una propuesta de incremento el IVA (TVA, por sus siglas en francés) por parte del nuevo gobierno ha dado a los socialistas un resquicio de esperanza en reducir al mínimo la dimensión de su derrota, por lo que los candidatos y líderes del partido han mantenido la cuestión en el centro del debate. Las críticas parecen haber llegado al electorado: un sondeo publicado el jueves por el instituto CSA indicó que un 60 por ciento de los franceses se oponía a la suba del impuesto.

A causa de esas encuestas el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se ha visto obligado a matizar la idea lanzada por su primer ministro, François Fillon, de subir cinco puntos el Impuesto sobre el Valor Agregado –IVA– que pasaría a situarse en el 24,6%. El presidente “no aceptará ningún aumento (...) que tenga como consecuencia reducir el poder adquisitivo de los franceses”, anunció ayer el Palacio del Elíseo.

La idea del llamado IVA social, que han puesto en práctica países como Dinamarca o Alemania para cubrir los déficit generados por las prestaciones sociales, ha caído como una bomba en el último tramo de las legislativas. Desde el campo socialista, Ségolène Royal la ha convertido en su caballo de batalla para limitar la anunciada victoria de la mayoría presidencial en torno a la Unión por un Mayoría Popular –UMP–. En todos los mítines a los que ha acudido, la ex candidata socialista ha denunciado que “los regalos fiscales que Sarkozy ha hecho a los ricos los pagarán ahora todos los franceses con un impuesto injusto”. La líder de la izquierda advertía: “La marcha atrás de Sarkozy sobre el IVA social es provisional, el tiempo para dejar pasar la jornada electoral”.

El propio Fillon, que se multiplica en los mítines de la derecha, se rectificó ayer en una entrevista a Le Figaro, señalando que la idea ha sido simplemente puesta sobre la mesa y que serviría para reducir las cotizaciones sociales de las empresas y aumentar su competitividad. No sería, pues, un IVA social, sino más bien un “IVA antideslocalización” y no será puesto en práctica si no existe “la certeza de que no provocará una subida de los precios”, señalaba. Una precisión que no hacía sino confirmar las denuncias de la izquierda de que la decisión ya está tomada. El gobierno ha encargado un estudio al ministro de Economía y Trabajo, Jean-Louis Borloo, y al que fuera encargado de asuntos económicos del Partido Socialista –PS– Eric Besson, ahora secretario de Estado de Evaluación de Políticas Públicas, después de que desertara de su partido tras un enfrentamiento con Royal. Fillon recordaba ayer en Le Figaro que el ex ministro de Finanzas socialista Dominique Strauss-Kahn propuso en 2005 el IVA social y que la experiencia alemana y danesa muestran que “la transferencia de una parte de los impuestos hacia el IVA puede no producir un alza en los precios”. Strauss-Kahn, cuyo escaño está en juego, le respondía señalando que “lo que no funciona en el IVA social es que no es social sino patronal”. “Los precios van a subir –añadía–, no se puede contar que cuando el IVA sube cinco puntos los precios no van a moverse, eso es imposible”.