Desde México, D. F.

Los poderes fácticos que el año pasado colocaron en la presidencia de la República al derechista Felipe Calderón, con los medios de comunicación electrónicos a la cabeza, exhibieron su verdadera naturaleza al enfrentarse al Poder Legislativo a lo largo de esta semana en un vano intento por evitar una reforma electoral que da el primer paso hacia el fin de la mediocracia mexicana.

Luego de denostar hasta el hartazgo a diputados y senadores, a los que acusaron de “chavistas”, de revivir fantasmas expropiatorios y desgarrarse las vestiduras en defensa de la libertad de expresión que desde siempre ellos mismos han conculcado mediante la manipulación informativa y el contubernio con el poder político, llegaron al extremo de realizar una suerte de talk show para exigir que se suspendiera el proceso legislativo con el fin de realizar un “referéndum por la libertad” para consultar “al pueblo de México”.

Pese a las presiones, amenazas y mentiras de las televisoras, el Poder Legislativo aprobó el miércoles en el Senado de la República y el viernes en la Cámara de Diputados una reforma electoral que modifica los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, y adiciona un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre las modificaciones más importantes, cambia la estructura y composición del Instituto Federal Electoral (IFE), sustituyendo a sus nueve comisionados en forma escalonada y creando una instancia que fiscalice su trabajo; reduce a la mitad la duración de las campañas electorales así como los recursos públicos que se entregan a los partidos para este fin, y prohíbe a cualquier persona física o moral, e incluso a los partidos políticos, la contratación de propaganda política, la cual sólo se podrá realizar en los tiempos fiscales del Estado que administrará directamente el IFE. Tan sólo en gastos de campaña –propaganda incluida–, los primeros cálculos suponen un ahorro para el erario equivalente a 300 millones de dólares nada más en las elecciones legislativas de 2009, la mayor parte de los cuales habrían ido a parar a las arcas de las dos grandes televisoras.

Esto impide también la participación –abierta u oculta– de cárteles de empresarios (o de cualquier otro tipo, incluido el crimen organizado) que en las elecciones del 2006 gastaron cientos de millones de pesos para denigrar al candidato de la izquierda. Y no es algo menor: el IFE detectó 281.026 spots no reportados por los partidos políticos y de los que desconoce quién los pagó, luego de realizar un monitoreo diario de las transmisiones de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio en 20 ciudades del país, entre el 19 de enero y el 28 de junio del 2006.

Los concesionarios de medios electrónicos habían hecho de todo para impedir estas reformas. Primero, durante al menos un mes realizaron una campaña que protagonizó Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, para evitar que desarticularan al consejo ciudadanizado que organiza las elecciones en México y que jugó un triste papel en las elecciones presidenciales de 2006, reconociendo a Felipe Calderón como ganador, aun antes de terminar de contarse los votos.

Como esto no impidió que continuara el proceso legislativo, cambiaron el discurso. El nuevo eslogan fue que la reforma electoral atentaba contra la libertad de expresión. Así, presionaron al Senado para ser escuchados y, el miércoles, acudieron arropados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Como en una telenovela, los dueños de los medios y sus principales conductores de noticieros y hasta de programas de espectáculos se quejaron hasta el agotamiento e insultaron a los senadores, mientras transmitían todo en una cadena nacional por radio y televisión, sin cortes comerciales, por supuesto.

Pese a esa exhibición de fuerza, el viernes ni siquiera fueron recibidos en la Cámara de Diputados. Entonces enlazaron nuevamente canales de televisión y estaciones de radio para acusar al Poder Legislativo de atentar contra el derecho a la información y clamar por un “referéndum por la libertad”. Más tarde, un personero de Televisa presentaría una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Poder Legislativo.

Ahora, las baterías del sector empresarial se dirigirán hacia buena parte de los 32 gobernadores del país que, en su mayoría, controlan sus congresos locales, para tratar de parar ahí la reforma. Al menos 17 legislaturas estatales deben aprobar las reformas constitucionales para que entren en pleno vigor. Para expedir el acta de defunción de la mediocracia mexicana todavía falta un trecho.