El efecto Chávez llegó a Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, cuestionó ayer la concentración de los medios en manos privadas y propuso una mayor regulación. La declaración oficial se produce después de que el gobierno advirtiera la semana pasada que podría quitarle la concesión al canal de televisión Teleamazonas si descubre que la cadena cometió “faltas graves”, como participar de un golpe de Estado. De fondo, el mandatario mantiene una dura disputa con los banqueros, quienes poseen muchos de los medios y se opondrían a bajar las tasas de interés en una economía dolarizada, informaron fuentes consultadas por Página/12.

“El mayor peligro para la democracia es la concentración de medios de comunicación social en manos privadas con intereses propios y que pueden crear verdades inexistentes. Es tremendamente peligrosa una prensa con mala fe que no cumple su función social”, señaló ayer Correa en su programa semanal de radio. La crítica oficial no es nueva. Ya el pasado 21 de julio el presidente denunció las vinculaciones entre los canales de televisión y los grupos económicos. “De quién es Gamavisión, de los Isaías. Telerama es del grupo Eljuri-Banco del Austro, Teleamazonas es del banquero Fidel Egas del Banco Pichincha, el canal 10 TC televisión es del grupo Isaías, el canal Uno es de Marcel Rivas, un empleado de los Isaías”, dijo, mientras que al canal Ecuavisa lo consideró un medio independiente, pero que está integrado por periodistas “ignorantones” que sufren de “narcisismo”, según el diario El Comercio.

Desde que Correa confronta con sectores financieros, algunos medios como Teleamazonas se convirtieron en férreos opositores del gobierno en un país donde apenas existe sólo un medio estatal que es el diario El Telégrafo, según fuentes consultadas. Sin embargo, las exigencias oficiales hacia los medios están amparadas por leyes que prohíben la posesión de medios por parte de grupos financieros. “Cuando la concesión de un servicio público implique una posición dominante en el mercado, su titular no podrá ser propietario, por sí mismo ni por terceras personas, de medios de comunicación colectiva o instituciones financieras”, señala el artículo 21 del decreto ley 2000 que modificó la Ley de Modernización del Estado.

Informe: Juan Manuel Barca.