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Hubo toneladas de alimentos podridos que debieron tirarse, cantidades industriales de leche que se desperdiciaron. Se vieron imágenes chocantes en un país desigual cuya tradición cultural considera una blasfemia arrojar comida. Fueron llamativas pero no dieron cuenta de todos los daños infligidos por el lockout de las entidades del “campo”. Las cámaras capturan lo ostensible pero a menudo solapan los hechos más brutales y durables. Según un relevamiento que se está completando en el Ministerio de Trabajo bajo la conducción de la viceministra Noemí Rial y el secretario Enrique Deibe, miles de laburantes de frigoríficos de carne vacuna o de pollos fueron suspendidos. Fue el epicentro de la lesividad del desabastecimiento pero para nada fue el único. La onda se propagó a variados puntos de la geografía nacional. En algunos sitios pagaron el pato otras industrias que reciben insumos de actividades primarias: en Concordia cerraron transitoriamente sus puertas muchas empresas que procesan cítricos. En San Luis hubo fábricas que decidieron suspensiones por falta de insumos. Plantas textiles, metalúrgicas, de la industria del plástico padecieron carencias determinantes. Muchos comercios minoristas, éstos sí cercanos al núcleo de la protesta, quedaron sin mercaderías variadas. En Misiones el impacto afectó a varios supermercados.

La cantidad de suspensiones se irá desgranando y conociendo en semanas. La mitigará la apelación a recursos de crisis: vacaciones anticipadas otorgadas acá y allá sin ir más lejos. Los trabajadores de la actividad frigorífica no sufrirán merma en sus ingresos: un mecanismo de subsidios estatales instalado cuando el conflicto de la carne les servirá de paliativo. Quienes se preguntan qué hace el Estado con el dinero de las retenciones tendrán una respuesta micro: a veces se usa para compensar el salvajismo y la falta de solidaridad de actores capitalistas, grandes, medianos y pequeños respecto de otros argentinos más desvalidos.

También podrían registrar que en los últimos años se amplió la masa de jubilados con más de 1.200.000 personas que (por efectos de las crisis o de las violaciones legales de sus patrones) no tenían sus aportes al día.

La medida de fuerza superó todo antecedente conocido en la historia argentina. Los sindicatos jamás produjeron una medida semejante, ni aun en los tiempos combativos de la CGT de los Argentinos o la CGT Brasil. Las movidas piqueteras que escandalizaron a tanta “gente” bien pensante ni rozaron esas marcas. Subestimada por la gran prensa y buena parte de la oposición, la violencia del lockout fue su mayor recurso. Es entrador hablar de los apoyos sociales que efectivamente tuvo, incluyendo los cacerolazos del living de la patria sublevado. Pero la potencia de la protesta se fundó en la violación de la ley escrita y de reglas de convivencia básica que fueron pasadas por arriba por los tractores, las 4x4 y las viejas F-100.

Las corporaciones agropecuarias amenazan con reincidir en la retorsión si la negociación con el Gobierno no deriva en una aceptación a libro cerrado de sus reclamos. Sería deseable que hicieran introspección y notaran el abismo que media entre sus (tan lícitos cuan opinables) cuestionamientos a las retenciones y su reclamo de ser atendidos en forma regular versus el modus operandi brutal que eligieron.

La idea de que cada sector puede imponer su cartilla al Gobierno es tan absurda que casi ni merece mencionarse. La hipótesis se torna más chocante si se agrega el presunto derecho de agredir a la comunidad cuando los grupos en cuestión se consideran destratados. Puestos a parafrasear a nuestro compañero Alfredo Zaiat, vale imaginar el cuadro si el ejemplo cundiera. Si los camioneros o los docentes se estimaran en posición de desabastecer a todo el país. O si lo hicieran colectivos más desposeídos como los desocupados o los informales que tienen un caso más claro que “el campo”, pues están privados de derechos básicos garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución. La autorregulación del ejercicio de la fuerza desnuda es requisito básico de la democracia que se derogó de facto.

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Reputaciones: La homologación entre un gobierno y cuatro gremiales empresarias, tan socorrida en estas semanas, es esencialmente falsa. Las representatividades son diversas, los derechos relativos también. La narrativa dominante los empareja, como hicieron las cámaras de TV, dividiendo su pantalla en dos ante cada discurso de los muchos discursos presidenciales. La escena, nuevamente, escondía lo esencial: no se transmitía un debate sobre el estilo de Cristina Fernández de Kirchner sino una pulseada sobre plata

Las apelaciones al “diálogo” son estimulantes siempre que se aclare que hay en trance una negociación entre actores dispares. El único expuesto a una merma significativa en su reputación es el Gobierno, que la necesita para ser corroborado en las urnas. Las corporaciones económicas quedan menos expuestas a esas vicisitudes. Su peso reside en su incidencia fáctica y no en su prestigio. Nadie dejará el día de mañana de adquirir productos alimenticios aunque esté muy de punta con “el campo”, así como nadie deja de aceptar que le levanten la basura aunque trine contra la conducción de la CGT. Afortunadamente, la relativa impunidad corporativa no es absoluta, el desabastecimiento empezó a minar su imagen “a lo Ingalls”. Esa circunstancia, unida a la fragmentación de su frente interno y a la urgencia por dedicarse a la siembra, incidió en la tregua (valga la expresión) de treinta días.

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Carencias: El Gobierno tiene razón en reclamar su eminencia y custodiar su autoridad jaqueada con malas artes pero debería registrar que varios de los reproches que se le hicieron tienen sustancia. Es proverbial su carencia para habilitar instancias regulares y estables de articulación con sectores sociales, con centrales empresarias, con los gobernadores y con sus propios legisladores. Si las hubiera tenido, seguramente no hubiera incurrido en la torpeza de anunciar las retenciones móviles sin sus contrapartidas para pequeños y medianos productores. También habría avizorado que les endosaba un problema a los gobernadores e intendentes de las zonas más afectadas, sin otorgarles ni voz ni recursos materiales para actuar positivamente sobre la consiguiente reacción.

El modelo radial de gobierno que instaló Néstor Kirchner ya crujía durante su mandato, en estos días demostró su creciente insuficiencia. Una anécdota minúscula de palacio revela el grado de desconexión que existe en el gabinete, al fin y al cabo un equipo de trabajo. Cuando el hipersecretario Guillermo Moreno quiso avisar a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que necesitaba faenar ganado que regentean las Fuerzas Armadas, advirtió que no contaba con su número de celular. Debió triangular pidiéndoselo a Alberto Fernández, reproduciendo un esquema que limita el intercambio horizontal y genera un embudo pampa en Jefatura de Gabinete. Ese sistema embretado explica en buena medida por qué se demoró seis meses la creación de la subsecretaría que reclamaba la Federación Agraria Argentina (FAA) y que se le había prometido. El secretario Javier de Urquiza agrega lo suyo para ser un cero a la izquierda a la hora de mediar, de ser interlocutor válido en su área o tan siquiera de transmitir información... pero revista en un gabinete que no deja mucho espacio para esos menesteres.

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Gobernas: Néstor Kirchner captó, antes que nadie, que su tiempo en el gobierno debía cesar en 2007. Cristina debía encarnar una etapa nueva “más institucional”. Tras cartón se hizo cargo de que los dirigentes y mandatarios peronistas habían acrecentado su poder: la reorganización del PJ fue, parcialmente, el reconocimiento de un espacio que se le había negado años atrás.

Un correlato necesario de esas perspicacias es que el poder, de acá hasta 2011, estará más distribuido. Los gobernadores tienen más legitimidad que en 2003 y disponen de una agenda más precisa y ambiciosa que en los tiempos del marasmo.

En 2003 Kirchner creía más que nadie en las perspectivas de salir del infierno. Ahora ese diagnóstico está expandido y las demandas de todo tipo derivan de esa certeza compartida. En el contexto es un detalle irrisorio si es acertada o no.

En la Casa Rosada trinan contra el gobernador cordobés Juan Schiaretti, un aliado que les cuesta sangre desde las capciosas elecciones que ganó en definición por penales. Pero sus colegas chaqueño y entrerriano, Jorge Capitanich y Sergio Urribarri –que son del palo y obraron con más fidelidad en estos días de vértigo– también reclaman una puesta al día de la relación entre Estado nacional y provinciales.

Cristina Fernández no podía soñar con llegar al 2011 sin revisar la coparticipación federal, ahora se le adelantaron los tiempos.

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Aliados de plomo: En pos de la gobernabilidad, Kirchner cimentó una coalición centrada en el peronismo real existente. Un mapa simplote pero no falso revela que ese conjunto es más conservador que las propuestas más avanzadas y estimulantes del kirchnerismo. Fue una torpeza mandarse con una medida avanzada, como son las retenciones móviles, sin revisar el alistamiento del frente propio.

Si al lector le parece un poco abstracto lo antedicho, subrayémoslo con un ejemplo. Gerónimo Venegas, el secretario gremial del sindicato de los trabajadores rurales, defeccionó de lo lindo durante el paro. El Momo Venegas, recordemos, fue el autor intelectual de la pegada de afiches con la consigna macartista “No jodan con Perón” para salir al cruce del avance de las investigaciones judiciales contra los crímenes de la Triple A. Verticalizado para la campaña, tuvo un arranque de creatividad en un punto ríspido de la misma: ofreció a los operadores del Frente para la Victoria empapelar las paredes con la consigna “No jodan con Cristina”. Fue rechazado pero, fiel a la doctrina, se sumó al éxito electoral. Cristina, a despecho de su CV, lo trató amigablemente en la reunión con la conducción cegetista.

Al estallar el entredicho con “el campo” la Presidenta recordó las pésimas condiciones laborales de la peonada rural. El compañero Venegas se ofendió, en vez de observar una oportunidad para mejorar las vergonzosas marcas de trabajo infantil e informalidad.

La praxis de ese aliado habla de su lealtad y también de sus horizontes conceptuales. Y contrasta con la de algunos dirigentes de la CTA, destratados por la Presidenta en la Casa Rosada a los que se acudió (con buena receptividad) para que intermediaran en las tratativas con Eduardo Buzzi.

A la hora de la hora, se corroboró que las lealtades declamadas no siempre conjugan con las conductas.

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Complejidades: El cronista, rara avis él, no es un especialista en soja. Con esa prevención arriesga una observación de sentido común. A estar a los argumentos oficiales, los pequeños y medianos productores de soja con las medidas anunciadas tardíamente ganarán más que antes. Los grandes, aun cargando con las retenciones móviles, se la llevarían con pala. Si es así, ¿qué incentivo tienen para desojizar?

El ejemplito tiene una pretensión más general, que es refutar que una medida drástica puede modificar múltiples relaciones complejas. En medio de la crisis, el efecto es posible quizá porque la necesidad macro torna menos severos (o visibles) los costos. Cuando las cosas se acomodan, se tornan más diversificadas, exigentes de mayor sofisticación.

Nuevamente, vamos del concepto al ejemplo. Guillermo Moreno es, entre otras cosas más serias, un anacronismo del Gobierno. Sus métodos caducaron. Su batalla con los precios tuvo éxito transitorio, aunque fomentando la concentración económica que le facilitaba su trajín. Ahora, con herramientas oxidadas, lo suyo son bravatas que causan daños mayúsculos como la pérdida de credibilidad del Indec, un patrimonio público malversado. Su bolo televisivo del otro día, haciendo el gesto de degüello, es una sobreactuación proporcional a la dilución de sus capacidades, técnicas y eventualmente psíquicas.

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Recursos: El Gobierno mantuvo su proverbial templanza para no reprimir la ocupación del espacio público, ante la mayor agresión de su historia, con escasos parangones precedentes. Suya es esa convicción que ha cimentado la sustentabilidad económica y democrática actuales, incomparablemente superiores a las de principios de siglo.

Esa aptitud, la iniciativa, la gobernabilidad y los indicadores económico-sociales son su estimable bagaje.

Sus adversarios intentan llevarlo a un abroquelamiento, trampa en que varios oficialistas parecen querer caer, haciendo alarde de “aguante” y analizando una contingencia política en términos bélicos. El Gobierno ya atravesó momentos duros o retrocesos. Cuando Blumberg, cuando la tragedia de Cromañón, en las constituyentes de Misiones. Se recuperó con política, gobernando, tratando de preservar el marco de “paz y administración”. Así llegó a dos victorias electorales amplias, que le dan clara legitimidad. El martes puso en acto el apoyo de un espectro social que ninguna otra fuerza política puede convocar. En medio del terremoto la Presidenta intentó tomar la palabra para explicarse e interpelar a la sociedad.

Con esos recursos deberá revisar sus propios límites (tanto como su organización, sus tics, sus elencos) en la nueva pantalla, mejor que la anterior pero también colmada de desafíos.