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Las diferencias políticas dentro del conglomerado opositor frustraron la prometida embestida parlamentaria contra el kirchnerismo tras el recambio legislativo de 2009. La decepción ante la falta de resultados terminó por resquebrajar al Grupo A, del cual el interbloque de Proyecto Sur ya no forma parte, mientras el socialismo y el GEN se distancian en busca de otra estrategia legislativa. Con duras críticas, puertas adentro, a los díscolos, el núcleo duro opositor –UCR, PJ disidente, Coalición Cívica y PRO– armó ahora sus propios equipos de trabajo para avanzar en los proyectos que más le interesan: la reforma al Colegio de la Magistratura, dotar de autonomía al Indec, la coparticipación total del impuesto al cheque y el reparto de los ATN. Además de cumplir con el anhelo de las patronales agropecuarias de quitarle al Ejecutivo la facultad de fijar retenciones a las exportaciones. Una tarea que intentarán encauzar en el segundo semestre del año, porque admiten que la campaña presidencial hará mucho más difícil cualquier acuerdo opositor en el Congreso durante 2011.

Hacia afuera, desde cada bloque ensayan sus propias justificaciones sobre las diferencias opositoras intentando no romper todos los lazos. “No creo en la existencia del Grupo A como grupo. Hay distintos partidos opositores al Gobierno con posturas distintas sobre cada tema. Estaba claro que esto iba a ser así”, definió el diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica. “Nunca hubo una sola oposición, pero tampoco es cierto que haya diferencias insalvables para avanzar en proyectos importantes”, sintetizó la diputada radical Silvana Giúdici.

Puertas adentro, las diferencias se agigantan. Proyecto Sur insiste con sus propias iniciativas y muestra sus diferencias ideológicas con el resto del arco opositor, lo que le resta votos al Grupo A. “No vamos a ir detrás de la oposición conservadora”, afirman los diputados enrolados de Fernando “Pino” Solanas. Desde la CC y el PJ anti K insisten en que la actitud del centroizquierda parlamentario “es funcional al kirchnerismo”, que hasta ahora resistió los embates. En tanto, el PS y el GEN prefieren alentar acuerdos por fuera del Grupo A, que saquen al Congreso de la lógica del enfrentamiento entre oficialismo y oposición, critican al PRO y el PJ disidente y no ocultan su bronca por la sintonía que muestra la UCR con el macrismo en la Cámara de Diputados.

Sin micrófonos ni cámaras de TV, en la mayoría de los bloques opositores reconocen “cierta desilusión de la sociedad” y de sus votantes ante “la falta de resultados concretos” en el Congreso. Por eso la líder de la CC, Elisa Carrió, y el peronista disidente Felipe Solá salieron a reclamar el copyright de algunas medidas que tomó el Gobierno. Afirman que la implementación de la Asignación Universal por Hijo y la reducción de las deudas provinciales con el Estado nacional fueron fruto de la presión opositora en el Parlamento.

Por eso, los popes del núcleo duro opositor –el radical Oscar Aguad, Solá, Carrió y el macrista Federico Pinedo– reformularon su estrategia legislativa. Sus coordinadores, Giúdici (UCR), Patricia Bullrich (CC), Enrique Thomas (PJ anti k) y Paula Bertol (PRO) fueron los encargados de armar equipos de trabajo por tema, para intentar avanzar en cada uno de los objetivos centrales que se había trazado la oposición tras el recambio legislativo de 2009.

El radical Ricardo Gil Lavedra trabaja a destajo para lograr los acuerdos necesarios que le permitan llevar al recinto un dictamen único de la oposición que garantice los votos en el recinto de la Cámara baja para reformar el Consejo de la Magistratura. El mayor escollo para el ex camarista federal que preside la comisión de Justicia es lograr que el peronismo disidente y el macrismo acepten algunas de las propuestas que impulsa Proyecto Sur.

La semana pasada hubo un encuentro con uno de los redactores del texto presentado por el interbloque de centroizquierda, el ex consejero Beinusz Szmukler, pero allí no se alcanzó acuerdos a pesar de las promesas de continuar con consultas mutuas. Los diputados alineados con Solanas no están dispuestos a darle “más poder a la corporación judicial” en el Consejo.

Lo mismo intentan Héctor del Campillo (UCR) y Elsa “Tata” Quiroz (CC) para dotar de autonomía al Indec. Los proyectos de centroizquierda contemplan propuestas que se contraponen a las de los bloques opositores mayoritarios.

Alfonso Prat Gay (CC) actúa en tándem con Walter Agosto (PJ disidente), Miguel Giubergia (UCR) y Jorge Triaca (PRO) para sumar voluntades a la coparticipación total del impuesto al cheque y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias desde la comisiones de Presupuesto y de Finanzas. Mientras Graciela Camaño (PJ anti K), Giúdici y Gustavo Cusinato (UCR) buscan el mismo objetivo en la Comisión de Asuntos Constitucionales con la reglamentación del Acceso a la Información Pública y del reparto de la publicidad oficial.

Una de las principales preocupaciones de los diputados opositores es lograr que los acuerdos a los que se arriben en la Cámara baja tengan sintonía con las aspiraciones del entramado opositor en el Senado, donde el delicado equilibrio entre oficialismo y oposición pueden volver a frustrar que las iniciativas se conviertan en leyes. Diputados y senadores opositores también se han trazado un objetivo común en la Comisión Bicameral especial de Facultades Delegadas, donde buscarán anular la facultad concedida por el Congreso al Ejecutivo para manejar el Código Aduanero, y entre ellas la potestad para fijar retenciones a las exportaciones agrícolas. Un reclamo de las patronales agropecuarias, sobre las que trabajan con distintas propuestas los agrodiputados que llegaron al Congreso en las listas de la oposición.

La otra preocupación opositora es el tiempo de que dispone para alcanzar esos objetivos. Con el Mundial en puerta y el receso parlamentario de invierno de por medio, les queda apenas el segundo semestre del año para intentar que sus propuestas atraviesen con éxito las dos cámaras legislativas. Saben que el año entrante la pelea por la designación de las candidaturas presidenciales, las internas partidarias, las elecciones adelantadas en algunas provincias y la campaña electoral harán mucho más difícil cualquier acuerdo opositor en el Congreso. “Es lógico que en un año electoral caiga la producción legislativa, pero eso no evita que la oposición ejerza en el Congreso el control de los actos del Gobierno”, afirmó una encumbrada legisladora radical para admitir que los tiempos conspiran contra las aspiraciones del conglomerado opositor de sancionar leyes que pongan “límites al kirchnerismo”.