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Como contrapartida de la confrontación parlamentaria, en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados, oficialistas y opositores se trazaron una política transversal y una estrategia de “paso a paso” para llevar adelante proyectos comunes. Después de una serie de reuniones con distintas asociaciones y ONG, la Comisión trabaja en tapar los “baches legales” de la normativa vigente y avanzar sobre las principales preocupaciones y quejas de los usuarios y consumidores. La primera será darle un nuevo marco regulatorio a la telefonía celular y la seguirán las tarjetas de crédito.

Fue un trabajo paciente al que apostaron la presidenta de la Comisión, la kirchnerista Adela Segarra, y su vice, Eduardo Macaluse, de SI-Proyecto Sur. Primero convocaron y escucharon a las asociaciones de defensa del consumidor para relevar sus preocupaciones para avanzar sobre las problemáticas “una a una”. Tras los encuentros, la Comisión decidió realizar modificaciones a los 66 artículos de la Ley 24.240 para llenar los vacíos de la legislación que apunta a proteger a los consumidores. El primer tema sobre el que trabajan los legisladores que integran la Comisión.

Las quejas de los usuarios pusieron a la telefonía celular al tope del ranking de sus preocupaciones, seguidas de las tarjetas de crédito. Segarra y Macaluse coincidieron en priorizar el trabajo sobre el marco regulatorio de la telefonía móvil, porque “atraviesa a todos los sectores sociales”.

Los asesores legales de la Comisión ya se abocaron a recabar información sobre los trece proyectos que apuntan a modificar la ley de defensa del consumidor, y los legisladores aspiran a tratar de redactar un dictamen único sobre la reforma que llegue al recinto antes del receso legislativo de invierno. En tanto ya le pusieron fecha, el 15 de junio, para comenzar a analizar los diez proyectos para “reglamentar las tarifas de celular a celular y entre celular y línea fija; el modo de facturación; los cambios de equipo, entre otros”. Para esa reunión se citará a representantes de asociaciones de consumidores, de las empresas prestatarias y del organismo regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).