Desde Gualeguaychú

El día siguiente a la ofensiva judicial del Gobierno contra la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú encontró a sus integrantes reunidos ayer al mediodía frente a la Municipalidad. En un acto organizado en pocas horas, unas quinientas personas repudiaron la postura que adoptó el Ejecutivo de demandar civil y penalmente a los ambientalistas y entregaron al intendente local, Juan José Bahillo, un duro documento en el que acusan al Gobierno de querer “criminalizar la protesta social”, además de exigir que se retiren las medidas anunciadas y reafirmar la continuidad del corte de ruta. Los abogados de la Asamblea ya comenzaron a trabajar en las estrategias defensivas para el caso de que el expediente contra los ambientalistas prospere y no descartaron una demanda colectiva contra funcionarios.

Unas quinientas personas se congregaron frente al palacio municipal a las 12.30 tal como había sido acordado en la asamblea de Arroyo Verde la noche anterior. Desde los parlantes montados frente al edificio sonaba el audio de la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, enumerando los delitos por los que los ambientalistas habían sido denunciados. Martín Alazard –uno de los referentes del espacio– fue el encargado de leer la proclama que los abogados habían terminado de delinear minutos antes del acto, que sólo duró media hora. El documento apuntaba a expresar el “repudio y preocupación” que la decisión del Gobierno generó entre los vecinos.

Las palabras de Fernández fueron calificadas como una “absurda agresión” a lo que entienden como una lucha pacífica por el medioambiente y contra un “emprendimiento ilegal” como la pastera UPM-Botnia. Además de recordar que nunca fueron notificados oficialmente del fallo del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, acusaron al Gobierno de amedrentar y reprimir a los activistas, pero de manera “más sutil”, y de defender “inversiones extranjeras ilegales”. “De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios, lo que demuestra lo ridículo del planteo”, criticó el escrito en alusión a que el propio ministro Fernández era el responsable de la Gendarmería cuando se incumplieron las anteriores órdenes de desalojo.

“Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha”, advirtieron para reafirmar la vigencia del corte. Al mismo tiempo exhortaron al jefe comunal y al senador por Entre Ríos Guillermo Guastavino a que condenen el proceder del Gobierno y solicitaron que las medidas judiciales anunciadas sean retiradas. Bahillo tomó luego la palabra y sentó su posición en contra de la judicialización de la protesta (ver aparte). Aunque no llegó a conformar del todo a los que reclamaban una actitud condenatoria, bastó para cosechar los aplausos de la concurrencia. Momentos antes de leer la proclama, el ex gobernador Jorge Busti –hábil de reflejos– envió una adhesión a los asambleístas como presidente de la Cámara de Diputados provincial. En el documento sintetizaba todos los puntos que los ambientalistas deseaban escuchar: monitoreo conjunto dentro de la pastera y el pedido para que el Gobierno desista de ser parte querellante.

La estrategia defensiva de la Asamblea, si el expediente avanza, consistirá en lograr que la mayor cantidad de asambleístas opten voluntariamente por autodenunciarse en el marco de la causa. La idea tiene la doble función de demostrar que las medidas de lucha que se adoptaron –como el corte de ruta– fueron consensuadas por una gran cantidad de personas y la de lograr que el expediente acumule una cantidad de imputados que lo haga insostenible en el tiempo. Versiones sobre supuestas órdenes de detención firmadas contra los ambientalistas, la preparación de barracas para recibir a un centenar de gendarmes en un destacamento cercano y hasta el fantasma de que mañana durante el partido de la Selección Argentina pudiera llevarse a cabo un operativo circularon durante toda la jornada fruto de la incertidumbre que aún sobrevuela el aire de la ciudad.

Informe: Gabriel Morini.