El mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo, uno de los principales procesados en la causa por la mafia de los medicamentos, fue dejado en libertad tras presentar una garantía por 700 mil pesos. Al igual que el dirigente del gremio de los bancarios Juan José Zanola, Lorenzo había pasado dos años en prisión, razón por la cual la Cámara Federal porteña le concedió la excarcelación bajo fianza. De todas maneras, continuará procesado hasta el juicio oral.

Lorenzo no depositó su fianza en efectivo, sino que ofreció a manera de aval una propiedad de un millón de pesos de su abogada defensora, Claudia Balbín. Al hacerlo, adujo no tener valores propios disponibles, ya que su droguería San Javier está en concurso de acreedores.

La semana pasada recuperaron su libertad en idénticas condiciones Zanola y su mujer, la ex administradora del Policlínico Bancario Paula Aballay y una de sus colaboradoras, Susana Fionna, así como el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi.

Al ordenar la excarcelación, la Sala II de la Cámara, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó el argumento de Oyarbide de que los imputados debían permanecer presos por peligro de que obstaculizaran la investigación o se fugaran.

En la investigación, llevada por el juez federal Norberto Oyarbide, Lorenzo está procesado como presunto integrante de una asociación ilícita que suministraba medicamentos falsos o adulterados a pacientes de obras sociales, así como por 68 casos de presunta defraudación al Estado con falsos troqueles que se presentaron para cobrar por fármacos que nunca se entregaron.

Lorenzo fue considerado una de las piezas claves en la venta de medicamentos adulterados, ya que su laboratorio proveía a una serie de obras sociales bajo la lupa.

En un desprendimiento de la causa, la Cámara Federal rechazó la excarcelación de otros tres procesados por el caso: Ricardo Bruno, dueño de la droguería Arcasel, su pareja, Vanina Beatriz Postigo, y Fabio David Ferreira, empleado de la empresa. Los camaristas señalaron la gravedad de los hechos que se investigan y agregaron que en este momento resulta prioritario avanzar en torno de una serie de aspectos que están en relación directa con la actividad llevada adelante por los tres imputados.

Ayer, por otra parte, el abogado de Zanola, José Rodríguez Menéndez, hizo nuevas críticas al juez Oyarbide, que tuvo la intención de prolongar por un año más la prisión preventiva de su cliente. “Yo creo que (Oyarbide) es el diablo”, dijo el abogado cuando le señalaron que Zanola había admitido en una conferencia de prensa no ser un santo.

Rodríguez Menéndez argumentó que Oyarbide fue recusado en el expediente y que ese planteo “está pendiente en la Cámara de Casación, con un recurso de queja”. Sin embargo, el jueves la Justicia desestimó una denuncia presentada por Zanola en contra de Oyarbide, en la que lo había acusado de una supuesta conspiración armada para apartarlo del gremio, según el sindicalista, junto a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña y opositores en el sindicato. En este caso, la que evaluó el tema fue la Sala I de la Cámara Federal, que concluyó que la denuncia de Zanola no estaba sustentada por pruebas.