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La Justicia porteña concedió ayer el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.

La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.

La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.

A comienzos de este mes, el bloque oficialista en la Legislatura anunció que no iba a permitir que se renovara el mecanismo, como se hacía anualmente desde 2007, “por orden de Macri”. La operación fue sorpresiva y la comandó en persona el diputado Cristian Ritondo, que impidió que los miembros del PRO de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura firmaran siquiera el despacho para el tratamiento de la ley. De hecho, Ritondo hasta forzó, en una gritería memorable, al entonces diputado Patricio Di Stefano a retirar su firma del despacho. Di Stefano había firmado porque en ese momento era presidente de la Comisión de Patrimonio, nada menos.

Al cesar el régimen especial, se revierte al sistema anterior, en el que la antigüedad o el valor histórico o arquitectónico de los edificios a demoler simplemente no tenían existencia legal. El único freno que se acepta en la ventanilla del Mercado del Plata, el edificio municipal de Carlos Pellegrini y Diagonal, es que el inmueble no esté catalogado en firme. Ante lo que prometía ser un “verano de la piqueta”, se recurrió a varias estrategias.

Una fue la presentación por parte de diputados de la oposición de varios proyectos para renovar el sistema, por plazos más largos que un año. Como el oficialismo maneja la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyo temario es presentado por el Ejecutivo, esta idea no prosperó porque simplemente no fue incluida en lo que llegó al recinto esta semana. La siguiente iniciativa fue presentar un proyecto-ómnibus, que pide catalogar los 140.000 edificios antiguos de la ciudad, para bloquear su demolición. La diputada María José Lubertino lo hizo por pedido de las ONG patrimonialistas. La sola existencia de un proyecto así impide la demolición de cualquier edificio hasta que se expida la Legislatura, según jurisprudencia de la Cámara porteña.

El amparo ahora concedido fue la tercera estrategia. Según la jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.

No es la primera vez que la jueza Danas falla sobre cuestiones urbanas. En junio, detuvo también con un amparo la construcción de una torre de 27 pisos de altura en Beruti y Coronel Díaz. Los amparistas eran los vecinos del barrio, reunidos en la Asociación Amigos del Alto Palermo, que denunciaron que el edificio, de 32.000 metros cuadrados, triplicaba el total permitido en la zonificación. En marzo de 2010, la jueza también aceptó el pedido del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y frenó la provisión de pistolas eléctricas a la Policía Metropolitana.