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Mariano Rajoy asumió en España y comenzó a aplicar un catoniano programa de gobierno. Todos los parlamentarios del Partido Popular (PP) votaron a cuatro manos sus propuestas. Hubo, claro, denuestos de sus adversarios, pero a nadie se le ocurrió señalar que estaba mal que los legisladores del oficialismo, que viene de ganar una elección, acompañaran al líder de su partido. En la Argentina ese reproche es un lugar común “republicano”. Se supone que diputados y senadores recién elegidos deban comportarse como individualistas trasnochados, ne fregarse de la disciplina partidaria y del mandato de las urnas.

Rajoy obtuvo menos sufragios que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con menor diferencia respecto de sus adversarios, pero su representación parlamentaria es más amplia. Ocurre que cada sistema político tiene sus reglas en ese sentido: el inglés, el norteamericano y el chileno, por ejemplo, incentivan el bipartidismo, dificultando mucho el acceso al Congreso de terceras fuerzas. En Brasil, en cambio, ningún oficialismo puede contar con mayoría propia. En cada pago hay regulaciones diferentes. Lo que no existe en ninguno, salvo en la retórica poco fundada de formadores de opinión o de ONG arrogantes que se autotitulan docentes en democracia, es un sistema en el que los parlamentarios del partido de gobierno actúen como adolescentes rebeldes o como anarquistas sin compromisos.

Era de manual, formaba parte del contrato electoral y de la lógica política más básica, que el Frente para la Victoria (FpV) hiciera ley, con la mayoría con que lo invistió el pueblo soberano, varias normas que hace meses o años viene tratando de consagrar. La oposición contaba con votos suficientes para trabarlas, el veredicto popular decidió lo contrario. Nada hay de exótico, salvo para imaginaciones febriles y poco documentadas. La teoría del poder anarco-legislativo es un invento argentino, menos sugestivo que el dulce de leche o el colectivo.

Las leyes y su contorno ameritan una recorrida algo más detallada, que ya comienza.

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Barquitos de papel: La regla de la mayoría es enojosa para algunos, que tratan de disimular su traspié electoral anunciando el advenimiento (al fin) de la dictadura chavista-kirchnerista. Cualquier acción del oficialismo anticipa ese escenario, que no se corroboró durante ocho años y medio, pero que ahora, dicen, está al caer. Casi cualquier movida (desde el Instituto Dorrego hasta algunas leyes) es descripta como el huevo de la serpiente. La retórica exaltada de los pastorcitos republicanos suena chocante, tal vez no les valga para recuperar el favor de las multitudes. Y, lo que es más serio, está desacoplada de los hechos.

El debate sobre la norma que regula la producción, distribución y comercialización de papel para diarios encastra en esa tendencia. La principal corporación concernida, el Grupo Clarín, alegó inconstitucionalidad en la tapa de su diario más importante. El fundamento fue pobre: el artículo 32 de la Constitución, sacado de contexto. El eje argumental es falaz pues homologa a la libertad de expresión con la falta de controles sobre concentración económica. Las alusiones a la Convención Americana de Derechos Humanos son desviadas pues soslayan mencionar que los DD.HH. conciernen a personas y no a empresas. Y porque el citado tratado se pronuncia contra “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Esto no convalida el monopolio privado argentino, exactamente.

Tampoco se sostienen las remisiones a la Constitución de Estados Unidos. En una precisa columna publicada en este diario, Damián Loreti, abogado y especialista en comunicación, prueba que la jurisprudencia norteamericana diferencia muy bien lo que acá se homologa: el derecho a la libre expresión no autoriza (antes bien, colisiona con) la existencia de monopolios que concentren el poder mediático.

Una empresa que monopoliza la producción de papel para diarios desde hace más de 33 años por un úkase dictatorial –explica el doctor en Ciencias de la Comunicación, Martín Becerra– es una “anomalía argentina, única en el mundo”. Los sellos de goma o agrupaciones patronales que vociferan no pueden mostrar un ejemplo en contrario.

Un puñado de constitucionalistas aguantan los trapos al monopolio. Bien mirados, son pocos. Entre ellos resalta Gregorio Badeni, quien suele ser asesor o patrocinante del Grupo. Su deber profesional, pues, es echar luz favorable a los intereses de su cliente, lo que le resta credibilidad cuando se calza el sombrero de constitucionalista. El hombre se coloca de los dos lados del mostrador. “Así no se vale”, hubiera clamado el Chavo del Ocho. Es más: si hubiera mostradores trilaterales, Badeni estaría en los tres lados. Su poderoso estudio es uno de los que asesoró al ex ministro menemista Rodolfo Barra cuando éste diagramó, a gusto y paladar de los grandes contratistas del Estado, el Fuero Contencioso Administrativo, un engendro de conspicua parcialidad.

Son igualmente pobres otros fundamentos de las empresas afectadas o sus voceros. Suena tremebundo augurar que una norma “abre el camino a la expropiación”, es mera apariencia. La expropiación es una facultad constitucional del Estado, a condición de haber sido establecida por ley y previamente indemnizada.

Como fuera, los afectados podrán tener “su día ante el tribunal”. No hay que ser brujo para predecir que serán días, meses o años, y que 2012 será el año de los amparos fáciles o las cautelares express contra la ley en cuestión. Siempre hay jueces gauchitos con los poderosos, de pluma dócil y poco apego a la ley.

El año entrante ha de ser, seguramente, aquel que cierre el círculo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), la Corte Suprema tiene la pelota de su lado. Lo que amerita que nos mudemos del Congreso al Palacio de Tribunales durante un parrafito.

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Sus Señorías, a las cosas: El procurador general, Esteban Ri-ghi, dictaminó el lunes pasado en la longeva medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín. La presentación no es vinculante, aunque sí muy rigurosa y difícil de refutar. Righi sugiere a la Corte que deje sin efecto la cautelar. No se probó, y van años, la presunta ilegalidad de la medida. Y, agrega el procurador, dado que el presunto daño que se pretende evitar es patrimonial, éste podría ser reparado en forma ulterior si la ley, en el caso concreto, resultara injusta o confiscatoria.

La Corte recibe, con un agregado jurídico de fuste, un expediente en el que dictó uno de sus peores fallos, en octubre de 2010. Se le pedía que dejara sin efecto una medida cautelar, flojita de papeles, dictada por el juez. Podía haberlo hecho, esquivó el desafío y lo devolvió a Primera Instancia, sugiriendo que era conveniente fijar un plazo para la vigencia de la medida. No le impuso esa obligación al magistrado, sólo señaló la conveniencia. La Corte gambeteó su responsabilidad. El magistrado le hizo pito catalán a la sugerencia del Superior y la causa siguió boyando hasta ahora. Si al tiempo le pide tiempo un monopolio, no se lo niegan jamás.

En aquella ocasión, el supremo Eugenio Raúl Zaffaroni bregó entre sus pares por una solución más justa. Carmen Argibay y Enrique Petracchi prefirieron lavarse las manos a lo Pilatos y negarse a sentenciar por un tecnicismo lo que, dada la magnitud del tema en conflicto, equivale a una flaqueza ética. El presidente, Ricardo Lorenzetti, negoció una solución menos pésima (valga la expresión) aunque igualmente placentera para Clarín: el reenvío a Primera Instancia.

La Corte (un cuerpo respetable que ha dictado varias sentencias rescatables y algunas ejemplares) repitió una de sus mayores flaquezas en un asunto de gravedad institucional. Como cabeza del Poder Judicial le cabe el deber de garantizar el servicio de Justicia. Su desempeño en este aspecto deja mucho que desear. En nuestro sistema, la jurisprudencia del Alto Tribunal no es obligatoria para los inferiores, ni tiene facultades para “bajarles línea”, decirles cómo deben fallar. Pero sí está obligado a garantizar que jueces y camaristas pongan fin a los pleitos en tiempo y forma. Por traducirlo en un slogan: “Sentencie como quiera, Su Señoría, pero sentencie cuando corresponda”. Los Cortesanos no ejercen su autoridad y contribuyen a que se corrobore el refrán “la Justicia, cuando tarda, no es justicia”. El caso Clarín viene como anillo al dedo para ilustrar el concepto.

Ahora, la Corte deberá sentenciar. La decisión justa sería acompañar el dictamen del procurador. Estipular un plazo breve de supervivencia de la cautelar sería un rebusque sutil a favor de Clarín. Devolverle otra vez el expediente a un juez inferior, una vergüenza.

Corresponde que se haga pronto, porque las dilaciones favorecen al litigante malicioso. Desde luego, Clarín tiene desde el vamos un mes de resuello porque la feria de enero es sagrada.

Volvamos al Congreso.

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Las mandas del GAFI: Indefendible, para decir lo menos, es la ley antiterrorista que también se aprobó. No levanta las críticas de organismos de derechos humanos (con el Centro de Estudios Legales y Sociales a la cabeza) y del juez Zaffaroni. Hecha a medida para complacer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece tipos penales muy laxos, abiertos a interpretaciones judiciales extensivas y riesgosas. Definir cuándo se configura (“tipifica”, en jerga forense) un delito es una misión delicada, que no debe dejar resquicio a ambigüedades. En el Derecho penal priman la presunción de inocencia y el concepto de que es peor condenar a un inocente que dejar libre a un culpable. Los delitos agregados a la legislación responden a requisitorias del GAFI, un organismo colonizado por Agencias estatales norteamericanas que no son (precisamente) modelos a seguir en materia penal. Una cláusula culposa e imprecisa agregada por el Ejecutivo trata de morigerar el desa-guisado, sin conseguirlo.

Cerca del ministro Julio Alak se argumentan dos atenuantes, en voz baja. El primero es que acatar las reglas del GAFI es condición para que la Argentina siga integrando el G-20. Desde luego, la amenaza es incorroborable. Aun si fuera cierta, imponer leyes penales inconstitucionales es un precio inaceptable para pertenecer a ese Cónclave.

El segundo es que la ley es más bien simbólica, que ningún juez se valdrá de ella para procesar o condenar manifestantes en protestas sociales, tal el mayor riesgo que prenuncian quienes se oponen a la norma. Es una hipótesis dudosa: en el país sobran jueces “mano dura” con afán de sobresalir en los medios. Con que haya uno, el daño puede ser tremendo.

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Las penas son de nosotros: El Régimen del Trabajador Rural viene a reparar prolongadas injusticias. El primer peronismo protegió a los peones, la dictadura militar (regresiva al mango) volvió atrás el reloj. El kirchnerismo, vía el Ministerio de Trabajo, propuso en agosto de 2008 esta reforma en combo con las de otros dos sectores desvalidos de laburantes: las empleadas domésticas y los trabajadores a domicilio. Son actividades diferentes, enlazadas por un hilo común: la sobreexplotación, la privación de garantías básicas. Los castigados son también personas discriminadas socialmente: mujeres, migrantes internos, inmigrantes de países hermanos, son mayoría en cada una de las tres actividades.

Un paternalismo falaz recubre esas relaciones, la informalidad es una de sus marcas recurrentes. Para los peones rurales, los años de bonanza no han acompañado “blanqueos” proporcionales a las ganancias empresarias, ni supresión del trabajo esclavo o infantil. La complacencia de las patronales (cuya insensibilidad social se remonta a siglos atrás) con el Tío Tom Gerónimo Venegas, secretario general de la Uatre, es un dato relevante.

La votación en general del Senado fue de 68 a 1. El ex presidente Carlos Menem, por una vez, se mantuvo fiel a sus convicciones y a su obrar de antaño. Hubo más votos opositores respecto de la reconversión del Renatre, un organismo bilateral (sin presencia del Estado) de contubernio entre patronales salvajes y un gremio amarillo. Diputados y senadores opositores cuestionaron ese aspecto mientras validaban el cambio en las reglas laborales. Fueron más magnánimos con los peones que Venegas. De cualquier modo, el reemplazo del Renatre es atinado porque desmonta una quinta rueda del carro, de matriz neoconservadora, que funcionó muy mal. Los derechos de los trabajadores quedaron a la intemperie.

Esta reforma es coherente con otras acciones del Gobierno, ulteriores al 23 de octubre. Hay una intencionalidad fiscal, tendiente a forzar el pago de impuestos a contribuyentes chúcaros, lo que incluye a la informalidad laboral. Hablamos, por caso, de las averiguaciones respecto de quienes quieren comprar divisas, las auditorías a los contribuyentes que pidan seguir recibiendo subsidios para el pago de servicios públicos. La carga impositiva debe ser equitativa, el nivel de evasión (que mermó considerablemente) sigue siendo alto. El criterio, emprendido de modo casuístico no del todo sistemático, es congruente con una política que busca conservar la caja actuando especialmente por el lado de los ingresos.

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Otros alineamientos: El FpV tiene 33 senadores propios. Las diferentes leyes fueron aprobadas por más de cuarenta. Se agregaron aliados tradicionales, como los de Tierra del Fuego y Neuquén. Se sumaron otros intermitentes como la ex reutemista santafesina Roxana Latorre y (con la excepción ya aludida) Carlos Menem. Samuel Cabanchik (ex cívico, hoy monobloquista) también fue de la partida. Más llamativa es la aparición de un radical correntino disidente, José Roldán.

También es un signo de los tiempos que haya pegado faltazos el pampeano Carlos Verna (del peronismo pampeano vernista), que digita con oportunismo notable sus votos. Su aliada y subordinada habitual, María Higonet, acompañó al oficialismo en la ley de papel para diarios, entre otras.

Da la impresión de registrarse un cambio de talante en parte de opositores: no todos se enfrentan automáticamente a las iniciativas oficialistas. Y no siempre se alinean con las patronales agropecuarias (¡¡Carlos Reutemann levantó la mano contra el trabajo de sol a sol, una costumbre tan criollaza!!) o las mediáticas.

La “agenda corta” que el oficialismo hizo leyes no es una sorpresa ni una innovación. Son iniciativas puestas en debate desde hace tiempo y postergadas por la oposición. Con la chocante excepción de la ley antiterrorista, son congruentes con el mejor ideario kirchnerista. El Presupuesto, el impuesto al cheque y la ley de Emergencia Económica son instrumentos necesarios para su rumbo político. Hay quien se pone semántico y proclama que la emergencia ya cesó. Lo desmiente cualquier vistazo serio a la aldea global, dominada por la crisis económico–financiera de los países centrales. Ese será uno de los escollos de un oficialismo que podrá hacer leyes sus iniciativas mientras mantenga cohesión interna y apoyo de aliados contingentes. Sus otros adversarios son, de momento, las propias internas, que (de modo algo atolondrado) brotaron demasiado pronto, cuando era hora de transformar el éxito electoral en acciones y gestión de gobierno.

En la semana que pasó se cumplieron diez años desde las jornadas de diciembre de 2001. Mucho para recordar y comparar, entre otras cosas que el famoso corralito se impuso por decreto sin que los republicanos de hoy no dijeran ni pío.

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