El gobierno porteño contestó sin precisiones el pedido de informes que había hecho la Legislatura porteña sobre las contrataciones a la empresa La Usina, que fue fundada por el ex candidato de Cambiemos Fernando Niembro. Como principal excusa, los funcionarios de Mauricio Macri sostuvieron que existe una sola copia en papel de los expedientes y que el original fue enviado al Poder Judicial. Ni está digitalizado ni se quedaron con una fotocopia. Por ese motivo –se excusaron– no podían dar mayores detalles sobre los contratos. De las veinte preguntas que les hicieron, contestaron tres. “La respuesta es una tremenda burla a la ética y la transparencia que debe regir la función pública”, sostuvo la jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Gabriela Alegre.

Niembro renunció a su candidatura antes de la primera vuelta, luego de que se supiera que una empresa que fundó había recibido más de 23 millones de pesos en contrataciones directas por parte del gobierno porteño. La Usina Producciones fue creada en 2012 y, poco tiempo después, empezó a recibir contrataciones de diversas áreas del gobierno porteño. Cuanto más se supo sobre la empresa, más sospechas surgieron: fue creada con un capital accionario de 10 mil pesos y Niembro vendió su parte a comienzos de este año por una cifra simbólica (20 mil pesos) a la hija de su socio, Atilio Meza, que también era candidato de Cambiemos.

La empresa no tenía antecedentes, nunca tuvo una web y las contrataciones no se publicaron en el Boletín Oficial. Las 192 contrataciones –la mayoría mediante mecanismos de urgencia– que recibió del gobierno de Macri fueron por los más variados motivos: desde colocación de publicidad a hasta encuestas de satisfacción. Esto motivó la apertura de una causa penal y la Legislatura hizo un pedido de informes a principios de septiembre. Dos meses más tarde, llegó la respuesta del gobierno porteño, que fue magra en materia de información.

No respondieron: qué servicios y productos fueron contemplados en las contrataciones, las áreas de gobierno que los contrataron (algunas contestan y otras, no), por qué no fueron publicados en el Boletín Oficial, y no entregaron un sólo documento. Entre las cosas que respondieron está los nombres de los socios de la empresa –que ya eran de público conocimiento– y dieron detalles sobre las encuestas que había encargado el Ministerio de Espacio Público.

Sobre estas encuestas –cuyos resultados no mostraron– el gobierno porteño afirmó que “en materia de contenerización, dichas encuestas favorecieron la prioridad, con respecto a la instalación de contenedores por zonas, percepción de los vecinos respecto al avance de dicha implementación (...) En cuanto a la prestación de servicios específicos, como el barrido y limpieza de calles y veredas, la información obtenida en las encuestas aludidas permitió modificar la frecuencia”. El documento afirma, inclusive, que las encuestas orientaron “la planificación y aprobación de los planes de trabajo transitorio que deben utilizar las contratistas del Sistema Público de Higiene Urbana”.

Al equipo de Alegre le llamó la atención, si es cierto que estas encuestas de Niembro reconfiguraron todo el sistema de recolección, que fueron encargadas a una empresa sin antecedentes. También es llamativo que, si se hicieron por un extenso tiempo, no se llamara a una licitación pública (o privada, que tiene solo cinco oferentes) y se recurriera a un mecanismo reservado a casos de emergencia. El gobierno porteño sostuvo que no tenía las encuestas ni el informe de los resultados, porque se la entregaron al Poder Judicial. No se quedaron ni con una fotocopia.

Sobre las colocaciones de publicidad que hacía la empresa de Niembro, respondió la Dirección de Planificación de Medios, que responde al secretario de Comunicación Social, Pablo Gaytán. No respondieron, en tanto, las otras áreas del gobierno porteño que habrían contratado por su cuenta a la misma empresa. El área de publicidad oficial sostuvo que no tienen ningún documento digitalizado, ya que “en virtud de la experiencia diaria y la operatoria recogida a lo largo de la gestión” decidieron hacer todo en papel. Esto iría en contra de la ley 3304 que implica la digitalización de todos los archivos. Lo cierto es que como todo estaba en papel y, aparentemente, tenían una única copia que fue entregada al Poder Judicial, aseguraron que no podían dar más precisiones sobre las contrataciones a Niembro. “Que Macri y Larreta decidieran mandar esto a la Legislatura, en mi opinión, confirma la ilegalidad de las contrataciones a Niembro y que el cambio que propone el PRO es hacia más impunidad y más corrupción”, concluyó Alegre.