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POR GUILLERMINA TIRAMONTI*.

Una ley en busca de su sentido

La propuesta de dictar una nueva ley de educación habilita una discusión pública sobre un sector que jugó un papel central en la conformación de la Argentina moderna y que es de vital importancia para cualquier propuesta de futuro.

Como todos sabemos, la ley que actualmente nos rige es relativamente reciente, ya que data de los años ’90. Cabe preguntarse entonces, ¿para qué una nueva ley? ¿Cuál es el objetivo del cambio? En toda ley subyace un propósito que le da sentido al conjunto de artículos que la componen.

La ley del ’90 se organizó en base a una idea fuerza que fue la de “educar para la competitividad”. El propósito era generar una cooperación más estrecha entre la escuela y un orden societal que se reconfiguraba como resultado de la expansión del mercado y de la adopción irrestricta de sus lógicas. En base a esta idea central, la ley instituyó un nuevo lugar para el Estado nacional, cambió sus funciones y renovó los modos de intervención en el sistema.

Como resultado de ello se descentralizó totalmente el sistema, se desplazaron las políticas de corte universalizante a favor de acciones focalizadas destinadas a socorrer asistencialmente a los más perjudicados y se transformó al ministerio nacional en un organismo cuyas funciones centrales eran evaluar lo producido por las escuelas y sostener a los caídos.

¿Cuál es la idea fuerza que sustenta la actual propuesta? El documento presentado por el ministerio está precedido de una serie de objetivos, todos ellos loables y, por tanto, fértiles para la cosecha de acuerdos. Se plantea educar para la democracia, para la construcción de la identidad nacional, para el desarrollo y el crecimiento y para la inclusión y la justicia. Sin embargo, una idea convocante es algo diferente a una suma de propósitos. El documento ministerial es débil en este aspecto, pero esta falencia puede ser cubierta a partir de aportes que provengan de la sociedad civil.

Quien escribe tiene posición tomada respecto de cuál debería ser esta idea fuerza. A mi criterio, la crisis del sistema educativo deviene de su dificultad para articularse y dialogar fluidamente con el orden contemporáneo. Buena parte de esta crisis no es otra cosa que la existencia de un desfasaje entre los supuestos culturales y sociales en los que se asienta la escuela y los que actualmente imperan en el mundo.

Si aceptamos este diagnóstico, el propósito que debe animar la ley es el de recuperar la relevancia cultural de la educación escolarizada. Si éste es el propósito, corresponde avanzar en diseñar un lugar, funciones y modos de intervención del ministerio nacional, para que le permitan actuar en ese sentido. ¿Cuál es el lugar del Estado hoy?

Todas las investigaciones dan cuenta de un sistema educativo que se ha fragmentado y que tiene una dinámica de permanente diferenciación. En parte como resultado del imperio de la lógica de mercado que se ha derramado por todos los rincones de la vida social, y en parte, también, por el impacto de una nueva configuración cultural que privilegia lo particular y la diferencia por sobre las generalizaciones homogeneizantes. Dado nuestro objetivo y en base a esta realidad, en mi criterio hay que pensar un Estado que ausculte esta diversidad de situaciones que se suceden en el sistema y sea capaz de proveerlo de los recursos que se requieren para hacer posible, en cada caso, la construcción de un lazo fuerte entre educación y cultura contemporánea.

Me atrevo a delinear tres tipos de recursos que deben ser provistos por el Estado: a) Recursos técnicos: poner en diálogo la escuela con los actuales lenguajes y formatos culturales y sociales y hacerlo respetando la variedad de situaciones que atraviesan las instituciones requiere la producción de nuevos formatos escolares, modos de enseñar, materiales diversos, alternativas organizacionales, etc.; b) Recursos políticos: todo cambio requiere una construcción por parte del Estado de consensos y acuerdos que lo viabilicen. Habrá que negociar con las provincias, con los gremios docentes, con las corporaciones prestadoras de educación y generar consensos en el conjunto de la población; y finalmente se necesitan c) Recursos económicos, ya que es el Estado el que deberá prever los modos de financiación de las políticas a implementar.

De aquí en más, son muchos los temas que pueden relacionarse y que deberán ser contemplados por la ley y que es imposible presentar en un artículo tan escueto. Queda sólo cerrar con la esperanza de haber aportado algo a una discusión que evalúo como fundamental.

* Directora de Flacso-Argentina.

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POR STELLA MALDONADO *.

La escuela en asamblea

Se ha gestado un fuerte consenso social acerca de la necesidad de producir una transformación en el sistema educativo que quedó fragmentado, desigual y con un alto nivel de exclusión educativa luego de la aplicación de la ley de transferencia de escuelas nacionales a las provincias y de la Ley Federal de Educación (LFE), ambas instrumentos clave de las políticas neoliberales en educación.

Desde la Ctera aportamos a la construcción de ese consenso confrontando con esas políticas durante más de diez años. Paralelamente, a través de tres congresos educativos nacionales, precedidos por congresos provinciales, decenas de miles de docentes debatieron la necesidad de derogar la LFE y propusieron un modelo educativo alternativo. La síntesis de esos debates se plasma en el documento que Ctera ha aportado para la jornada de discusión en todas las escuelas del país el próximo 5 de julio.

Sostenemos allí la necesidad de construir en forma ampliamente participativa una norma jurídica que consagre a la educación como un derecho social y al Estado como el garante de su ejercicio universal en igualdad para todos y todas.

Para que ello sea posible deberán instrumentarse políticas públicas concurrentes que hagan sostenible la escolarización en una estructura social en la que más del 50 por ciento de los niños/as y adolescentes son pobres.

Deberá ratificar el piso mínimo de inversión educativa de 6 por ciento del PBI en concurrencia del Estado nacional y los estados provinciales y prever su crecimiento para dar cumplimiento a los objetivos de la ley.

Impulsamos la obligatoriedad de la escuela secundaria como unidad pedagógica y la universalización del nivel inicial desde el jardín maternal para potenciar los aprendizajes en la primera infancia.

Es imprescindible fortalecer la formación docente de base y universalizar la formación permanente gratuita, en servicio como un derecho y una obligación de los trabajadores que debe ser garantizado por los empleadores.

Se debe avanzar en la democratización del sistema educativo, estableciendo mecanismos de participación de docentes, estudiantes y familias, que vayan desde el nivel de la escuela hasta el nivel nacional.

Reunificar el sistema educativo es condición necesaria para diseñar un modelo de país integrado, sin las abismales diferencias regionales hoy existentes.

Una ley de educación, por buena que ella sea, no modifica el modelo productivo, ni crea empleo, ni cambia la matriz de distribución de la riqueza, ya que esto depende de la política económica. Sin embargo, estamos convencidos de que la democratización del acceso al conocimiento mejora las condiciones para que ello sea posible.

Nuestro país necesita imperiosamente formar ciudadanos que puedan contar con instrumentos apropiados para transformar su vida y la de la sociedad, para lo cual la educación debe asentarse sobre valores que el neoliberalismo intentó destruir: la igualdad, la justicia social, la participación popular, la autodeterminación de los pueblos, la dignidad del trabajo, la soberanía nacional y la identidad latinoamericana.

* Secretaria de Educación (Ctera).