Domingo, 3 de septiembre de 2006 | Hoy
La exageración del tema acaba arrasando con el sentido común. Por ejemplo, en el caso del francotirador de Belgrano, un asunto psiquiátrico que es, por definición, impredecible. Y también en las explicaciones fáciles a problemas en los que la Justicia todavía no puede saber a quién acusar.
Por Carlos Rodríguez
A principios de julio, cuando se produjo la intempestiva y atípica irrupción en la escena pública de Martín Ríos, el llamado “tirador de Belgrano”, el latiguillo de la “inseguridad” reapareció en el discurso político y en los medios. Una vez más, el abanderado de la “mano dura” volvió a ser Juan Carlos Blumberg, quien arrastró bajo su influjo a sectores influyentes. En medio del vendaval, apenas se escuchó la voz del sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, quien en diálogo con Página/12 trató de poner las cosas en su lugar respecto de ese caso concreto: “Es un hecho absolutamente policial psiquiátrico, que no va a repetirse ni mañana ni pasado”. Pegoraro se enojó con los que reflotaron –otra vez– el fantasma de la “inseguridad”. “Es absurdo. Lo que sucedió (...) tiene muy poco que ver con la inseguridad. La inseguridad no pasa por este tipo de hechos (...) el fenómeno de la exclusión social que se ve por la calle sí genera violencia.”
Sin embargo, al compás del tambor “de la prensa amarillista”, como la definió Pegoraro, y del discurso encendido de Juan Carlos Blumberg, la ola fue creciendo hasta llegar a la marcha del jueves pasado, con miles de personas en la calle apoyando el reclamo del padre de Axel para que, entre otras cosas, “la pena (a prisión) perpetua sea perpetua” y “no más 25 años de máxima”, como si eso fuera la garantía de que no haya más crímenes ni robos. Antes de los sucesos de julio, en el barrio de Belgrano, otro hecho de violencia hizo explotar al señor Blumberg y a sus seguidores: la pelea entre patotas de “niños bien” que terminó con la muerte, todavía no esclarecida en cuanto a sus circunstancias, del chico Matías Bragagnolo.
“Cuando acompañé a Bragagnolo a la comisaría 53ª y el comisario nos dijo ‘mire que no son malos chicos, son de buena familia, los tenemos en una habitación porque no son malos’. Yo le respondí que éstos son potenciales asesinos, que mataron a un chico de 16 años, no son chicos comunes.” Esa fue la sentencia dictada por Blumberg contra los presuntos autores, cuando hoy, a más de tres meses del suceso, la Justicia todavía no ha podido determinar quién es el culpable o los culpables de lo sucedido.
Los criminólogos siguen afirmando, incluso desde algunos despachos oficiales, que los “delitos comunes”, es decir los robos a mano armada, están en retroceso. Y también que casos como el de Bragagnolo o el de Ruiz no son hechos típicos de “inseguridad” porque “son casos que se pueden dar en forma excepcional, en cualquier familia o grupos de amigos. Son casos aislados”, insistió ayer un experto consultado por este diario. Eludió dar su nombre porque “no estoy muy seguro si es inteligente o positivo salir a discutir con Blumberg, que trata de imponer sus ideas desde el dolor, algo respetable desde lo personal, pero poco razonable si parte de la sociedad lo sigue a tientas, como si fuera el Mesías”.
En su último informe sobre políticas de seguridad y violencia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dedica buena parte del texto a criticar lo que el llamado “efecto Blumberg” ha conseguido dentro de la legislación penal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Además del endurecimiento de las leyes, cuestiona algunas medidas de Estado, como ser el cerco de seguridad que se les impuso a las villas, rodeadas por gendarmes o prefectos. Esto se debió, dice el Cels, a la presión ejercida por “ciertos medios de comunicación y algunos políticos” que establecieron “una plena asociación” entre los secuestros extorsivos, como el que sufrió la familia Blumberg, y las villas.
El Cels describe la situación en esos barrios diciendo que “los vecinos conviven con los funcionarios de seguridad en una lógica propia de zonas ocupadas militarmente”. Lo más curioso, señala el informe, es que los vecinos de La Cava, por ejemplo, aunque admiten la existencia de una situación anómala, describieron que la relación con la Prefectura es “respetuosa en comparación con la terrible relación que se había establecido (antes) con la Policía Bonaerense”.
En su afán por imponer la “mano dura”, varios sectores pro-Blumberg enervaron su reclamo con el asesinato del joven Nahuel Irazoz, quien murió en un supuesto intento de robo, aunque el propio padre de la víctima, Hugo Irazoz, vinculó el hecho con cuestiones políticas. El asesino fue un policía federal retirado. En las demandas de Blumberg se prioriza el reclamo de más poder a la policía. No deja de sorprender porque, en el juicio por el secuestro y asesinato de Axel, está cada vez más clara la responsabilidad que tuvieron, por acción u omisión, tanto la policía bonaerense como algunos jefes de la Federal. “Ingenuamente, lo primero que hice fue ponerme en contacto con la policía, creyendo que me ayudarían a encontrar a mi hijo”, reconoce hoy, con profundo dolor, la mamá de Axel, María Elena Usonis.
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