Las idas y vueltas de la causa por abuso del padre Julio César Grassi plantean ahora varios interrogantes que deberán resolverse en las próximas semanas:

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Efectivamente, la causa ahora queda en manos del Tribunal Oral número Uno de Morón, integrado por los doctores Luis María Anduela, Jorge Carrera y Mario Gómez. Lo primero que tendrá que hacer es decidir si empieza todo el proceso de nuevo, es decir si convoca a la llamada audiencia de pruebas, en las que se determinan cuáles se aceptan, cuáles se rechazan y qué medidas faltan tomar. Cuando la fiscal Sandra Mingolo recusó al anterior Tribunal señaló que éste favoreció a Grassi no aceptando una prueba clave: la pericia psiquiátrica realizada en Santa Cruz y que equiparó al sacerdote con un “delincuente sexual”. Ahora el nuevo tribunal debe decidir si acepta esa y otras pruebas.

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Esta semana se dio a conocer que renunciaron los cinco abogados principales del sacerdote. Algunos, molestos con el excesivo protagonismo de Carlos Telleldín, el otrora principal detenido en el caso AMIA, hoy devenido en abogado y asesor de Grassi. Telleldín tiene una buena relación con el sacerdote porque uno de sus hijos estuvo alojado en Felices Los Niños mientras él se encontraba en la cárcel. Otros abogados dejaron su lugar porque el abogado de la querella Eduardo Valdez descubrió unos cheques de la Fundación cobrados por una de las letradas, lo que constituiría un desvío irregular de fondos que en verdad estaban destinados a la comida de los chicos. La gran pregunta es quién estará a cargo de la defensa de Grassi. Una versión indica que dos estudios de abogados estaban en carrera: el que encabeza Víctor Stinfale y el de Luis Sa-sso. Allegados a Grassi y a ambos estudios lo desmintieron. Cerca del sacerdote se menciona que un benefactor de la Iglesia y de la Fundación tendrá la última palabra y aportaría el abogado. Mientras tanto, el único letrado que sigue designado en el expediente, Jorge Sandro, ha dicho que en dos semanas tomará una decisión. Tampoco se descarta que se recurra a un defensor oficial, con el asesoramiento de Telleldín.

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Se trata de varios cheques librados por Felices Los Niños para pagarle al Frigorífico Cañuelas, propiedad de Rubén Barga, y destinados a la compra de carne para los chicos. Según la denuncia de Valdez, abogado del joven denunciante de Grassi conocido como Gabriel, esos cheques aparecen endosados por desconocidos y terminaron depositados en la cuenta de Viviana Galli, madre de la abogada Laura Fechino. Eso demostraría que la Fundación saca fondos de sus arcas y en contra de lo que le permiten sus estatutos los destina a la defensa del sacerdote. Es más, durante todo el proceso, Grassi sostuvo que sus abogados eran pagados por benefactores. Ahora se dice que la Fundación tratará de salir del apuro provocado por el descubrimiento de los cheques con un argumento: Fechino fue abogada de Barga en el divorcio de éste y entonces le derivó los cheques. Habrá que ver si el fiscal se cree esta explicación novedosa, ya que en el entorno del sacerdote la semana pasada admitían que estaban en un lío.

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Los respectivos abogados, Valdez y Juan Pablo Gallego, están esperando sendas resoluciones judiciales en ese sentido. De todas maneras, Gabriel declarará contra Grassi, lo mismo ocurre con el otro joven que ya dijo que fue abusado, Luis Gutiérrez, quien además dio una lista de otros jóvenes del entorno de Grassi que fueron también abusados, y es casi seguro que se va a incorporar como prueba la pericia de Santa Cruz. El juicio oral iba a empezar el 3 de octubre pero, según parece, el proceso se inicia casi desde cero y el pronóstico ha cambiado completamente: hace unos meses, Grassi iba camino al sobreseimiento y ahora está muy cerca del precipicio.