El presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, “busca ser un eterno recusado y entorpecer así, aún más, el moroso funcionamiento del tribunal”, dijo ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en línea con la posición que adoptaron durante el día numerosos referentes de organismos de derechos humanos. Personalmente o a través de comunicados, cada uno salió a respaldar al Gobierno en su crítica a los cuatro jueces de Casación que contribuyen a demorar la definición de las causas de la última dictadura.

Las declaraciones de Bisordi, agregó Duhalde, “ofenden la moral cívica de los argentinos y los principios fundamentales del Estado de derecho. Resulta afrentoso que diga que en las últimas cuatro décadas lo más grave que ha sucedido al Poder Judicial es que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, los haya invitado a hacer justicia y cumplir con los deberes propios de su cargo”. En los últimos 40 años, precisó, “entre otros muchos actos aberrantes se depuso por la fuerza a la Corte Suprema, se removió jueces desde el poder militar, se secuestró y asesinó funcionarios y empleados judiciales, se prosternó al conjunto de los magistrados obligándolos a jurar fidelidad al Estatuto dictatorial y se instaló el más brutal terrorismo de Estado, incluyendo el asesinato de más de 150 abogados”.

En esa línea, los organismos emitieron una declaración porque consideran que la posición del Gobierno “refleja nuestro pedido de justicia”. “Manifestamos que el presidente Néstor Kirchner no ha hecho más que reflejar nuestros pedidos de justicia, puestos de manifiesto en reiteradas entrevistas”, dijeron en conjunto Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, H.I.J.O.S. Capital, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Los pedidos efectuados, agregaron, son “muy en particular por las dilaciones a las que somete a las querellas el Tribunal de Casación”.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto aseguró que Bisordi “merece un‘jury’ de enjuiciamiento” por sus declaraciones sobre los dichos del Presidente y su actuación en los juicios a represores. “Estoy indignada –dijo–porque un camarista se atreva a ofender la figura presidencial; sus dichos son nefastos y pretenden destruir la memoria.”

Hebe de Bonafini avanzó en ese sentido. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo reclamó que “todos” los jueces de la Cámara de Casación acusados de demorar causas vinculadas con la represión “tienen que irse”, porque “forman parte de lo peor que tuvo el país”. “Tendrían que irse –explicó– y el Estado no tendría que pagarles la jubilación.” Por eso se mostró “indignada” por la actitud del titular de la Cámara cuando aseguró que no renunciaría porque le faltan 11 meses para jubilarse.

Desde la Línea Fundadora de las Madres, Mabel “Tati” Almeida explicó estar “totalmente de acuerdo” con el pedido del presidente Néstor Kirchner para que los jueces de la Cámara de Casación aceleren las causas. “Cuando el Presidente habló desde La Perla –dijo–, estaba hablando por nosotros, por todas las víctimas de la represión.” Y “de ninguna manera el Presidente está invadiendo el Poder Judicial”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sumó su voz. “Es necesario buscar un criterio para ver cómo se pueden agilizar la causas”, indicó. “Hay que buscar un diálogo con la Cámara para ver cuáles son los motivos” por los cuales víctimas y familiares de la represión solicitan la remoción de cuatro de los trece jueces de ese tribunal.

Desde la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Adriana Calvo sostuvo estar “absolutamente de acuerdo” con la remoción de los jueces de Casación. Sin embargo, agregó que esa “no es la única traba que hay que resolver” para que no se demoren las causas contra los represores.