La pulseada continúa. Así, desde el macrismo insisten en que no habrá retroceso en los despidos, mientras los gremios ratifican la convocatoria para la próxima semana a un paro de 72 horas, que se llevará adelante entre el martes y el jueves, “porque los canales de comunicación” con el gobierno porteño “siguen obstruidos”, sostuvo ayer Enrique Pistoletti, vocero del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). Desde el PRO defendieron la decisión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y señalaron que “abrirán” un espacio de diálogo, pero “no” para examinar las medidas adoptadas hace una semana. En tanto, Hugo Moyano, el líder de la CGT, dijo, en declaraciones radiales, que no todos los cesanteados son “ñoquis”.

“Es lógico que defiendan la medida, porque no pueden decir que se equivocaron y que el diez por ciento pueden ser ñoquis”, apuntó Moyano. Además, insistió en que el Sutecba “está dispuesto” a dialogar para determinar quiénes son “ñoquis”. El vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, volvió a decir que “no” se trata de cesantías sino de “renovación de ciertos contratos de sectores políticos”. Y anunció que “ahora va a haber una etapa de diálogo para que se pueda ordenar la discusión de lo que viene hacia adelante”.

Mientras tanto, los gremios piden que Macri revea la medida. “No estamos defendiendo a los ñoquis, que son indefendibles, y saben que se tienen que ir. Estamos defendiendo al hombre que trabaja, que es la inmensa mayoría de la gente a la que quieren despedir, más allá de que hayan entrado con el gobierno que hayan entrado”, afirmó Moyano, quien el viernes participó en la multitudinaria marcha contra los despidos, convocada por el Sutecba y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La pulseada comenzó la semana pasada, cuando el ex presidente de Boca Juniors decidió la no renovación de 2400 contratos, a los que habían calificado de “puestos políticos”. Se trata de personal que cumplía funciones bajo la modalidad del decreto 959, un régimen que amparó a los municipales que facturaban sus servicios al Gobierno de la Ciudad. Además de las cesantías ya concretadas, hay otros 18.100 contratos de trabajadores cuya situación contractual el macrismo asegura que revisará. Así, en las filas del PRO hablan de reestructuración del Estado.

El conflicto se agudizó después de que el gobierno porteño dispusiera la intervención de la obra social de los trabajadores municipales. En una sesión extraordinaria, la Legislatura tratará la intervención de la obra social de la ciudad (Obsba). Para esa sesión el macrismo ya comenzó a reclutar a sus legisladores, la mayoría de vacaciones, para aprobar el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) de su jefe. “Debemos escuchar los reclamos de docentes y trabajadores de la salud, respetar a los sectores que no son Sutecba y hacer cumplir la ley que permite la libre opción de la obra social, que está pendiente desde 2003”, expresó Santilli.

Todo parece indicar que no habrá rectificación de los despidos. “No ha habido ni un llamado telefónico y al mismo tiempo han salido declaraciones de funcionarios del entorno macrista que siguen siendo agresivas para los trabajadores”, se quejó el vocero de los municipales, Pistoletti, quien aclaró que el conflicto por intervención de la obra social “va por vía judicial”.

Desde el kirchnerismo, que intenta una oposición mesurada para no quedar pegados a los gremialistas, el conflicto puede escalar aún más. “Me parece que en este contexto la puerta de salida del conflicto no se ve con claridad, y un conflicto que no tiene puerta de salida termina generalmente muy mal”, opinó Diego Kravetz, titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura. Además, consideró que Macri “no se da ni un poquito de espacio para decir voy a revisar caso por caso”. Los negociadores del macrismo reconocen, off the record, que están dispuestos a examinar si los cesanteados tienen una antigüedad mayor a la que se suponía cuando no se les renovó contrato, pero si hay rectificaciones serán en casos puntuales.

El secretario adjunto de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, dijo que el “90 por ciento de los contratos no renovados corresponde a trabajadores con más de siete años de antigüedad y con sueldos de 900 pesos que cumplen siete horas por día y sostienen los programas sociales. Son todos contratos de locación que pagaban su monotributo y que en último año fueron pasados a planta transitoria”.

Durante el paro de 72 horas –según señalaron los gremios– se mantendrán guardias en los servicios en los hospitales, se trabajará normalmente en las colonias de verano y se llevarán a cabo inhumaciones en los cementerios.