Los jueces Roberto Andrés Gallardo y Elena Liberatori y el Consejo de la Magistratura porteño presentaron un recurso extraordinario para apelar a la Corte Suprema el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a favor de Mauricio Macri. El TSJ hizo lugar al “conflicto de poderes” y consideró que “no se pueden ejecutar” cinco fallos sobre irregularidades en la designación de la candidata del líder de PRO a ocupar un lugar en el TSJ, Daniela Bruna Ugolini. La fiscal de Cámara no reunió los votos en la Legislatura, pero la disputa sigue escalando en la Justicia y, si el TSJ rechaza el recurso, es probable que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La candidata de Macri reunió una gran cantidad de impugnaciones a su pliego por sus dictámenes en contra de derechos sociales (y siempre a favor del Ejecutivo). También obtuvo cinco fallos en contra en la Justicia. Tanto la gestión PRO como la Legislatura pidieron que interviniera el TSJ. El tribunal mandó a secuestrar los expedientes, en lo que para muchos juristas constituye el primer per saltum de la ciudad. Los jueces denunciaron esa maniobra como un “intento de disciplinar a la Justicia” por parte de Macri. En un fallo dividido, el TSJ le dio la razón al jefe de Gobierno el 18 de agosto. En su voto en disidencia, Alicia Ruiz consideró que convirtieron al tribunal en un “instrumento para obturar la actuación de los jueces y los derechos de los litigantes”.

Gallardo y Liberatori apelaron esta semana la decisión a la Corte Suprema. La presidenta del TSJ, Ana Conde, les corrió traslado al gobierno porteño y a la Legislatura para que den su parecer y luego se lo pedirá al fiscal general Germán Garavano. El trámite completo durará unos diez días y después los Superiores definirán si hacen lugar al recurso federal.

A raíz de la gravedad institucional del caso, el defensor general Mario Kestelboim asumió la defensa de los jueces, que figuran entre los más cuestionados por Macri. También se presentó el Consejo de la Magistratura porteño, que había argumentado en contra de la posición del Ejecutivo. “La sentencia del TSJ hace tabla rasa con la exigencia constitucional de la división de poderes y la independencia judicial”, advirtieron los magistrados en el escrito. “So pretexto de configurarse un ficticio conflicto de poderes, han provocado una afectación del debido proceso y vulneración del derecho de defensa”, cuestionaron a los cuatro superiores.

Los magistrados indicaron que si no se les concede el recurso de apelar a la Corte Suprema, acudirán a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por violación grosera del principio de legalidad y de las garantías de la defensa en juicio, el derecho a un debido proceso, el derecho a la independencia e imparcialidad judicial, la garantía a una doble instancia, el derecho al recurso y la tutela judicial efectiva” que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.