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Según la Unidad Fiscal correspondiente, en el año 2011 concluyeron 21 juicios por violaciones de derechos humanos. Fueron condenados 83 represores (67 de ellos por primera vez).

Hay, además, 843 personas procesadas, 449 de las cuales ya tienen alguna causa elevada a juicio. Otras 141 tienen ya alguna causa en la que la fiscalía pidió la elevación a juicio.

Los datos cuantitativos son relevantes, los hay cualitativos dignos de mención. Entre ellos, el comienzo de procesos en casi toda la geografía nacional incluyendo lugares-emblema del terrorismo de Estado, como Bahía Blanca, superando resistencias de poderes enquistados, jueces complacientes y prensa troglodita.

Todas las sentencias son un avance, algunas añaden una dimensión simbólica inusual. Tal el caso de la megacausa de la ESMA por la cantidad (y nombradía) de los condenados y por haber sido uno de los centros en los que quedaron más sobrevivientes. La palabra de los sobrevivientes, su voz ante el Tribunal, constituyen una reparación a la degradación a la que fueron sometidos. Las víctimas, llevadas por debajo del límite de la condición humana, fueron testigos de cargo. Con un costo emocional y traumático tremendo vieron de nuevo cara a cara a sus verdugos en un contexto institucional que les reconocía derechos y condición ciudadana. Los recuerdos de los sobrevivientes, su memoria, su obstinación en peregrinar por tribunales de todo el mundo, produjeron una resultante ejemplar.

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia transmitida por TV con los criminales sentados en el condigno banquillo y las víctimas celebrando las condenas son un momento formidable de la historia argentina.

Nos hemos venido acostumbrando a ellos porque, como se menciona en la nota central, hace años que coexisten garantías legales, una política de Estado que insta la búsqueda de verdad y justicia. También un Ejecutivo y una Corte Suprema comprometidos con esas metas. Es una sana costumbre. Pero no debe olvidarse cuántas luchas fueron necesarias para llegar a este punto y cuántos obstáculos existen en el Poder Judicial para que los procesos avancen dentro de términos razonables.

Como en tantas otras cuestiones, se hace camino al andar y la meta está distante. Pero se transita una vía que parecía definitivamente cerrada pocos años atrás.