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El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, propuso legislar que la educación sea considerada un servicio público. La caracterización permitiría restringir el ejercicio del derecho de huelga de los docentes.

El gobernador cordobés José Manuel de la Sota anunció una propuesta similar. El proyecto abarcaba a la educación, la salud, la seguridad y la Justicia entre otros servicios públicos. Congregó más adversarios que aliados. Por lo pronto, se le pusieron en contra las dos CGT de la provincia, incluida aquella que le es fiel. Su secretario general, José “Pepe” Pihen, lo es también del sindicato de empleados públicos.

En el terreno político lo enfrentaron el radicalismo y el FAP local, encabezado por el senador Luis Juez. Con ese cuadro y contando con todos sus legisladores en la Unicameral cordobesa, el gobernador podía obtener, raspando, la mayoría necesaria. Pero le surgieron cuestionamientos de su propio bloque y debió retirar el proyecto.

El debate sobre los servicios esenciales y ciertas restricciones al derecho de huelga es válido, desde ya. Hay regulaciones nacionales y locales, se las puede revisar o aggiornar o mejorar. Es un abordaje complicado porque alude a un conflicto potencial entre los derechos del conjunto de los ciudadanos y los trabajadores del sector. La cuestión puede trabajarse y es motivo de polémicas cotidianas.

Para quien esto escribe, una polémica tan compleja, en la que pueden limitarse derechos de raigambre constitucional, no debe abordarse en medio de conflictos en pleno desarrollo. Ni mucho menos, como un atajo para resolverlos fijando reglas que regirán en el futuro.

Todo en su medida y armoniosamente, decía el General herbívoro. Todo en su momento, también.