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Para la oposición política y para los medios dominantes, el procesamiento al vicepresidente Amado Boudou es maná. Para el oficialismo, un dolor de cabeza: nadie sale fortalecido en esos casos. La idea opositora es machacar sobre el tema, todo el tiempo, sin tregua hasta las elecciones del año venidero.

El oficialismo buscará replicar los cargos, minimizar los daños y muy centralmente construir una “agenda positiva” de gestión. Para el propio Boudou, es imperativo defenderse en Tribunales y en la esfera mediática.

El juez Ariel Lijo lo procesó por dos cargos: cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Este último es el que había interesado en su momento al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, malamente desplazados por el oficialismo al comienzo de la causa. También el que más explora el actual fiscal, Jorge Di Lello. La figura penal es menos exigente para las fiscalías o para el juez de instrucción (Lijo obra como tal, una opción lícita) ya que no exige que haya dádivas para el funcionario investigado. Alcanza con que haya una acción de gobierno considerada indeseable por el juez y que la repute realizada con dolo, mala fe direccionada. El tipo penal, que tiene larga vida, conjuga con una de las características de la época: la judicialización de la política. Navega en una zona gris entre el mundo de las decisiones y el control de legalidad. Ambos son necesarios, conviven con dificultad. La discrecionalidad de los magistrados es mayor.

El tema, que será objeto de futuras notas, da para más. Por ahora digamos que hay una definición ideológica previa para discernir cuánto deben avanzar los tribunales y cuánto debe preservar como ámbito propio el poder político elegido por el voto. La verdad relativa del cronista se inclina, en términos no absolutos, por una cierta preeminencia del poder político, en la esfera de sus funciones.

Todo modo, ése es el cargo que exige menos pruebas y se funda más en el arbitrio del juzgador. Como tal, puede suponerse que es el que tiene más posibilidades relativas de sobrevivir la revisión del procesamiento por la cámara u otras eventuales instancias superiores.

El cohecho, contra lo que pregona la Vulgata dominante, es una construcción por ahora forzada. Debe investigarse, desde ya. Pero quedan muchos hechos sin acreditar, sin indicios serios. No hay siquiera una narrativa clara que explique cuál sería el rédito de una expropiación que no se pagó. La prueba de la dádiva y de la transferencia de acciones de una sociedad anónima exige papeles, escrituras, dinero. Lijo ha descuidado ese aspecto, da la impresión que adrede.

A esta altura es prematuro expedirse sobre la pretendida culpabilidad del vicepresidente, que goza de la presunción de inocencia. El juicio oral llegará, con suerte, en 2015, durará años. En términos gruesos la gente de a pie no confía en las sentencias finales. Hay motivos surtidos y sensatos para la incredulidad. Su duración es, nada más ni nada menos, uno de ellos.

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La política, ya se dijo, opera con más velocidad. Los alineamientos ciudadanos son expeditivos, aunque algunos están por verse. Los opositores u oficialistas muy convencidos ratificarán sus lecturas previas sobre el tablero. Una vasta masa de votantes mirará sin la obsesión de los sectores politizados y formará su criterio que puede incidir en el pronunciamiento de octubre.

Pedir la renuncia de un funcionario electivo por un procesamiento en primera instancia es una demasía que la oposición no podía dejar pasar. La simetría con Mauricio Macri es palmaria. Fueron torpes las alegaciones del jefe de Gobierno haciendo un ranking de delitos, que lo dejarían bien parado, exento del juicio político. Mal enunciadas, parecieron una confesión imprevista, como consignó con acierto el portal Diariosobrediarios.

Los diarios Clarín y La Nación trataron de instalar el juicio político como una suerte de ejercicio polémico entre librepensadores. No hay tal, la palabra “político” es la que manda. Se trata de una pulseada entre bloques antagónicos. Una puja de poder, con voto cantado de antemano.

La Nación despotrica contra la “mal llamada disciplina partidaria” del oficialismo mientras enaltece la carga conjunta de sus adversarios. Sólo en el Frente Amplio-Unen aparecen fisuras, porque está en su naturaleza, pero no las padece el radicalismo.

El Frente para la Victoria (FpV) hizo gravitar la mayoría, como Macri en la Ciudad y como tácitamente hicieron los presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde en sus momentos respectivos, acusados de delitos y carencias de gestión gravísimos.

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El kirchnerismo hace un punto de honor en no ceder a las ofensivas rivales. Es su primer reflejo, que en vísperas de campaña seguramente se complementará con una lectura pragmática de los costos que genera la presencia pública de Boudou en las ambiciones ganadoras de su fuerza. Ese tramo recién despunta, existe una larvada discusión interna que se avivará cuando haya candidatos en la pista. Es prematuro hacer evaluaciones o presagios.