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Los Ejecutivos, una mayoría aplastante de legisladores, jueces o fiscales defeccionaron. Estados Unidos e Israel privilegiaron sus intereses nacionales. La DAIA, como durante la dictadura, fue concesiva y cómplice. Familiares sobrevivientes y militantes sostuvieron la lucha, jamás consintieron las mentiras de autoridad. Denunciaron, develaron, se movilizaron.

Los familiares, como es también usual, se dividieron en distintas agrupaciones. Todas las víctimas, abarcando a las sobrevivientes o familiares o allegados de las fallecidas, merecen respeto. Y cada cual opta por la táctica o el encuadramiento que le parece más adecuado. Es su condigno derecho. Los grupos más críticos respecto de Nisman son Memoria Activa, 18 J y Apemia. Sus referentes más conocidos, respectivamente, son Diana Malamud, Sergio Burstein y Laura Ginsberg. Hace añares que no le creen nada a Nisman. En eso concuerdan, sus divergencias versan sobre otros aspectos, entre otros su cercanía, distancia o enfrentamiento pleno al actual oficialismo.

Este escriba, que juzga adecuado sincerar “desde donde” se escribe, siempre tuvo como referencia a Memoria Activa. Los actos sucesivos semanales frente a Tribunales cambiaron, con buena lógica, el escenario de la protesta política que solía plantarse en Plaza de Mayo o frente al Congreso. Durante años sostuvieron su brega. El ritual comprendía el sonido del shofar y testimonios de personas distintas cada vez. Fue conmovedor exigente, imborrable estar ahí como asistente o como testimoniante.

Cuando se sentenció la nulidad de todo el juicio, los integrantes de Memoria Activa y sus abogados tomaron una decisión ejemplar, un hito en la lucha por los derechos humanos. No apelaron la resolución, la consintieron. Estaban convencidos de la culpa de algunos de los condenados, el reducidor de autos Carlos Teilleldín, por ejemplo. Pero no quisieron valerse de pruebas contaminadas. Un ejemplo.

Memoria Activa promovió el reclamo contra el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cargo era la denegación de justicia por el obrar de los tribunales y los otros poderes del Estado. El Estado nacional se plantó contra el reclamo, hasta que el presidente Néstor Kirchner decidió aceptar la responsabilidad pública. El periodista de La Nación Adrián Ventura escribió entonces que era un giro de 180 grados en la política respecto de la causa AMIA. Por una vez, tenía razón.