La Justicia procesó a Rubén Darío Romano por haber amenazado de muerte a la titular del PAMI, Graciela Ocaña. La medida dispuesta por Daniel Rafecas contra el prestador se completó con un embargo de 10 mil pesos sobre sus bienes.

Ocaña había advertido sobre las sucesivas amenazas de Romano en una entrevista exclusiva a Página/12, realizadas el 6 de abril de 2005. Posteriormente realizó una denuncia penal contra quien –según dijo– “siempre ha tenido grandes negocios” con la obra social de los jubilados y fue afectado por la reconversión del sistema prestacional que pone fin al sistema de gerenciamiento.

El empresario procesado es un viejo conocido en la obra social de los jubilados, a quien le provee prótesis y medicamentos. Además sería dueño de redes de clínicas.

Según declaró Ocaña en la causa, en una reunión de prestadores Romano le dijo que le estaba saliendo muy cara y que hacerla desaparecer le saldría más barato. El prestador también increpó al contador José Vitar, uno de los colaboradores de la titular del PAMI, para decirle que Ocaña –según consta en el expediente– “estaba terminando con todos sus negocios, con el tema medicamentos, que no iba a permitir una cosa así ni que le quitara sus últimos contratos, y que lo estaba arruinando”.

Hubo un tercer episodio, esta vez con el coordinador del PAMI, Luciano Di Césare, como protagonista. De acuerdo a la causa, “se le acercó una persona en la puerta del edificio de la calle Perú 169 –sede de la obra social– y le dijo que Romano había dicho que ‘le salía más barato mandarla a matar’, refiriéndose a ella, y que no siga permaneciendo en el PAMI.

Romano fue cafetero de Encotesa y en el espectro sindical se lo relacionó con Barrionuevo. Meteóricamente, durante los años del menemismo, se convirtió en un próspero empresario de la salud del conurbano bonaerense, haciendo pie en la localidad de San Martín –los pagos de su referente político sindical– con la gerenciadora Abril.