En Mar del Plata, el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil ya está trabajando en la implementación del protocolo para la atención de los abortos no punibles, según informó su director, Hugo Casarsa, a Página/12. Se trata del mismo centro asistencial que a comienzos de febrero le exigió una autorización judicial a una adolescente que pidió que le interrumpieran un embarazo, producto de la violación de su padrastro. La jovencita obtuvo permiso de una jueza de Menores, confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mar del Plata. A la espera de un pronunciamiento de la Corte bonaerense, V.O. sufrió un aborto espontáneo producto de una situación de estrés y fue atendida en ese mismo hospital. La Corte, luego, cerró el caso sin pronunciarse.

“Estamos terminando el registro de objetores de conciencia”, aclaró Casarsa, que también es médico tocoginecólogo. La resolución que creó el protocolo es anterior al inicio del caso V.O. pero recién ahora se está difundiendo (ver nota central).

Casarsa mostró ciertas dudas sobre cómo será recibido por la corporación médica. “La resolución –que establece el protocolo– es conducente. Pero vamos a ver cómo es el manejo en la comunidad médica. Es algo muy nuevo. Con las ligaduras de trompas sucedió que algunos profesionales accedían a realizarlas y otros nunca. Esta sociedad va andando de a poco”, señaló. Para acceder a un aborto en casos de una mujer violada, Casarsa consideró que se tendrá en cuenta la denuncia del hecho y un dictamen de un psicólogo y un psiquiatra que constaten que el embarazo “afecta la salud y puede provocar una patología irreversible”. “Y en los casos que exista alguna duda siempre existe la posibilidad de recurrir a la Justicia”, destacó.