El eventual Ministro de Gobierno en un posible gobierno de Maurizio Macri, Cristian Ritondo, es investigado por la justicia a raíz de una denuncia del camarista en lo Criminal y Correccional de la Capital Alfredo Barbarosch, quien lo acusa de haber promovido su juicio político a instancias del escribano Raúl Juan Pedro Moneta y del administrador de medios Daniel Hadad. La investigación abarca a otros 70 diputados nacionales, pero Barbarosch sostiene que el impulsor sería el legislador electo hace dos semanas en las listas del partido de Macri. El juez federal Norberto Oyarbide había desestimado la querella por “inexistencia de delito”, pero el 17 de abril los camaristas de la Sala II, Horacio Cattani y Martín Irurzun, anularon su fallo por falta de fundamentación y ordenaron profundizar la investigación.

En 2003, Barbarosch y su colega Gustavo Bruzzone fallaron en contra de Moneta en una disputa contra sus ex socios del grupo texano Hicks por las acciones de Cablevisión. En su fallo dijeron que Moneta consiguió mediante un ardid que la causa quedara en manos de los jueces de instrucción Juan José Mahdjoubian e Ismael Muratorio, entre quienes existía una “conexidad subjetiva fraudulenta” y cuyas resoluciones anularon. En 2004, Barbarosch, desde su cargo de Presidente y con el aval de la Cámara en pleno, pidió el juicio político a ambos magistrados. Mahdjoubian fue filmado con una cámara oculta y destituido; Muratorio renunció antes de prestar declaración. Según Barbarosch desde entonces sufre una “persecución sistemática”, que incluyó svásticas en su auto, intervención de sus teléfonos, intimidaciones y artículos denigrantes en los medios de Moneta y Hadad. El magistrado narra que durante una mediación, Hadad responsabilizó a Moneta. El 25 de octubre de 2004, 71 diputados afirmaron que Barbarosch tenía intereses personales en favor de Cablevisión y Hicks y pidieron su juicio político. Los diputados fueron querellados por tráfico de influencias y violación de sus deberes como funcionarios. Según una investigación publicada aquí por Susana Viau algunos de ellos ignoraban hasta el apellido del juez al que acusaban. También habrían violado la ley antidiscriminatoria, ya que Bruzzone firmó el mismo fallo pero no fue inculpado.

Barbarosch asevera: “Fue una denuncia absolutamente falsa, seguramente con desconocimiento de muchos diputados pero con pleno conocimiento del diputado Ritondo”. Y agrega: “Observo que Ritondo permanentemente ha sido reporteado por Infobae y mencionado con más respeto y consideración que otros diputados”. Varios diputados dijeron que Ritondo fue quien recabó las firmas para el pedido de juicio político. El desafuero de Barbarosch fue desestimado en forma unánime por el Consejo de la Magistratura en 2006. Además de querellar en la causa penal el camarista inició una demanda civil por daño moral.

La Cámara Federal también le indicó a Oyarbide que examinara la posible conexidad de la causa con otra radicada en el Juzgado Federal 1 de María Servini de Cubría, caratulada “Moneta, Bonadío, Bárbaro (Julio, titular del COMFER) y Ritondo por extorsión”, en la que constaría un procedimiento similar al que denunció Barbarosch. Cattani e Irurzun sostienen que Oyarbide pasó por alto “una de las hipótesis delictivas aquí denunciadas: que los legisladores firmantes de la solicitud de juicio político en cuestión la habrían suscripto a ciegas –es decir, sin conocer por qué y contra quién se promovía–, presumiblemente a instancias y en beneficio de un tercero”. (Entrevista: Mercedes González).