Los medicamentos que utiliza el Plan Remediar –que, desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, da cobertura a 16 millones de personas– podrían ser ampliamente provistos por los laboratorios estatales ya existentes, con un costo por lo menos cuatro veces inferior al que se paga hoy a las empresas farmacéuticas: así lo sostiene Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA e impulsor de la Red Nacional de Laboratorios Públicos. Para él, lo que pone en juego el veto al Laboratorio Estatal porteño es “si el Estado va a funcionar para cubrir las necesidades de la población o será usado para que grupos económicos hagan sus negocios”. A nivel nacional, “somos optimistas pero cautos”: las medidas más urgentes para generar una política de Estado de producción de medicamentos consistirían en “fijar un presupuesto y un organismo coordinador unificado para que la Red Nacional pueda funcionar efectivamente”.

“Nosotros no descubrimos la pólvora –aclaró Capuano–, alcanza con buscar en nuestra propia historia. En 1953 hubo un aumento muy grande en el mercado de medicamentos. El ministro Ramón Carrillo propició la creación, por ley, de la empresa Medicina del Estado: así inundó el mercado con cien medicamentos básicos y logró controlar el precio de todos los remedios. El otro antecedente fue la experiencia universitaria promovida por el rector Raúl Laguzzi, en 1973, donde se planteó la importancia estratégica del medicamento, también en la perspectiva del desarrollo científico y tecnológico. En América latina, Brasil cuenta con un laboratorio público fuerte que le permite regular el mercado, y Anvisa, su organismo de control equivalente a la Anmat, acompaña y sostiene la producción pública.”

En cuanto a la Red Nacional de Laboratorios Públicos, “nuestro relevamiento indicó la existencia de 39 unidades productoras, entre farmacias hospitalarias, laboratorios universitarios, estatales y provinciales. Para dar un ejemplo de su capacidad potencial: el Programa Remediar, del Ministerio de Salud, abastece a 16 millones de personas con unos 500 millones de comprimidos al año: solamente 11 de esas 39 unidades podrían producir 900 millones de medicamentos de altísima calidad. Los costos se estiman en cuatro veces menos, y podrían ser todavía menores si la red contara con un organismo coordinador que permitiera comprar los insumos en conjunto y abaratar costos en general”.

Capuano señaló que “se trata de medicamentos básicos esenciales; no plantean ningún problema con la Organización Mundial de Comercio porque sus patentes están vencidas desde hace muchos años. Son 45 productos con los que se trata la inmensa mayoría de las enfermedades. Los laboratorios privados sacan al mercado muchas más drogas pero son asociaciones, drogas de fantasía, fármacos que tienen efectos similares con diferencias mínimas: no es ya farmacología sino ‘farmacoeconomía’”.

En cuanto al veto del gobierno porteño, “pone en juego la cuestión de si el Estado funcionará con eficiencia para cubrir las necesidades de la población, o será usado en beneficio de grupos económicos, para que hagan sus negocios; si el Estado será el de la década de los ‘90, al servicio de grupos de poder, o avanzará en beneficiar a las mayorías”, sostuvo Capuano.

En cuanto a la situación a nivel nacional, “por lo menos se ha empezado a considerar el tema de la producción pública de medicamentos. Por eso somos optimistas pero cautos, ya que hay un largo camino por recorrer. Lo primero es que el Estado destine un presupuesto al funcionamiento coordinado de la Red, y que una nueva ley de medicamentos establezca un organismo coordinador para todos los laboratorios públicos en la Argentina. Para gestionar esto, hemos pedido una entrevista con Graciela Ocaña (ministra de Salud) y las pediremos también con Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social) y Lino Barañao (ministro de Ciencia y Tecnología)”.