La existencia de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro), cuya corta existencia se ha deslizado entre denuncias de espionaje político, de corruptela y nepotismo de sus funcionarios jerárquicos, hostigamiento al personal y violación de derechos y garantías en procedimientos penales en los que intervino sin tener competencia para ello, es motivo de análisis entre el gobierno nacional y la Procuración General de la Nación. También están a estudio los casos de otras fiscalías temáticas, como las que actúan en la Anses y el PAMI. Pero la Ufidro tiene mayor urgencia, porque la situación puede producir un escándalo de proporciones, con repercusión política. La unidad fue creada por un convenio especial entre el Procurador y el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández. El convenio está vencido y Fernández pasó al ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, es partidario de disolver la Ufidro. En cambio, el Procurador General, Esteban Righi prefiere no renovar el convenio, convertirla en una fiscalía más del Ministerio Público con una sustancial reducción de personal y, eventualmente, reemplazar al fiscal Alberto Adrián María Gentili.

El ex presidente Néstor Kirchner había recibido sendos reclamos el año pasado de Adolfo Pérez Esquivel y Hebe Bonafini, dos de las personas investigadas por la Ufidro a partir de una denuncia anónima sobre drogas y su relación con la organización colombiana FARCEP. Ninguno de ellos quiso provocar un escándalo antes de las elecciones presidenciales, pero tampoco estuvieron dispuestos a pasar por alto esta grave violación de las leyes que prohíben realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones políticas y sociales. Pasada la campaña electoral, Pérez Esquivel junto con dirigentes políticos, un abogado y un periodista presentó una denuncia penal contra el fiscal Gentili, por abuso de autoridad y violación de sus deberes funcionales, que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío. La presidenta CFK desconocía hasta la existencia del organismo, entre cuyas originalidades está la convocatoria para dictar cursos sobre drogas al abogado Máximo Rosconi, defensor de los principales traficantes detenidos en el país, en la mayor causa por lavado de dinero habida aquí. La foto que ilustra esta nota muestra al fiscal Gentili y a uno de los seis secretarios de cámara de la Ufidro, Horacio García, durante una fiesta ofrecida por el defensor de otros traficantes, Julio Virgolini. La Ufidro nunca actuó en ninguna investigación compleja y se limitó a la persecución de pequeños consumidores de marihuana, en actuaciones anuladas por varios jueces en razón de su manifiesta ilegalidad. La última memoria anual de la Ufidro consigna que la unidad ha abierto “contacto con autoridades del Ministerio de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica”. Por su parte en el capítulo de Argentina de su informe de 2007, la DEA destaca la posible creación de un Grupo de Trabajo de la Triple Frontera en la provincia de Misiones y otro en el Puerto de Buenos Aires.