SOCIEDAD

Una audiencia pública antes de la demolición

La Justicia porteña hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos de Parque de los Patricios y dispuso que el Gobierno de la Ciudad convoque a audiencia pública.

La demolición de la cárcel de Caseros sufrió una nueva postergación: la Justicia porteña ordenó que se lleve a cabo una audiencia pública con los vecinos de la zona de Parque Patricios para disipar dudas y evitar nuevas quejas. La resolución judicial fue dictada a partir de un recurso de amparo presentado en abril último ante la Justicia porteña. En ese escrito, la ex legisladora Patricia Flores, de Autodeterminación y Libertad, y otros tres vecinos argumentaban que la demolición no cumplía con las normas de impacto ambiental. “Una vez que se haya hecho la audiencia, la demolición tendrá vía libre”, aseguraron fuentes de la Subsecretaría de Obras Públicas porteña. La demolición podría hacerse en diciembre.
Aunque aún no está definida la fecha en que se realizará la audiencia, existe la posibilidad de hacerla a fines de este mes. Lo cierto es que los secretarios de Infraestructura y Planeamiento, Roberto Feletti, y el de Medio Ambiente, Eduardo Epzteyn, deben ponerse de acuerdo para convocar a la audiencia. El planteo de fondo del recurso de amparo es el “presunto incumplimiento por parte de la ciudad de Buenos Aires de la Ley 123 de Impacto Ambiental, que dispone llamar a una audiencia pública”. La jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad, Lidia Lago, dictó la medida cautelar, que frena la demolición pero no los trabajos previos de preparación en el edificio.
El gobierno porteño apeló la medida ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que ratificó la decisión de la jueza y dispuso que el gobierno llame a una audiencia pública. En mayo de este año, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y un grupo de vecinos habían presentado otro recurso de amparo. Planteaban que el método que se va a utilizar para la demolición no es el adecuado y que la contaminación que iba a generar provocaría trastornos a la salud de las personas que viven en la zona. Pero el 12 de agosto último la Justicia porteña desestimó la presentación por “falta de argumentos” y dictaminó que el Gobierno de la Ciudad cumplía con las normas de impacto ambiental. Pero aclaró que había fallas en la comunicación a los vecinos, por lo que las dependencias comunales realizaron visitas a las familias que rodean el edificio para informarles cómo será la demolición y qué deben hacer los vecinos.
El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, aseguró que “se van a dar todos los pasos necesarios para la demolición. Estamos en pleno corazón de Parque Patricios y se requieren medidas de seguridad muy importantes: no vamos a sacrificar ninguna norma de seguridad para apurarnos a realizar la implosión sin contar con todas las garantías necesarias”. “La demolición de la cárcel cobra significativa importancia porque se trata de derribar un símbolo arquitectónico de la dictadura militar de nuestro país”, sostuvo la subsecretaria de Obras y Mantenimiento porteña, Lía María.
La demolición se divide en tres etapas, ya que la construcción está compuesta por tres edificios independientes. Una vez que se demuela la primera parte deberán pasar 60 días hasta que se lleve a cabo la segunda, y otros 60 para la tercera y última etapa. El gobierno porteño había decidido poner en marcha la primera etapa a mediados de octubre pero, debido a la interposición del amparo, la demolición se atrasó.
“No habrá una gran detonación. La idea es que el edificio se caiga por su propio peso. Además, hay explosivos estratégicos que están direccionados hacia adentro para que esto suceda. Y para evitar el exceso de polvo, desde una semana antes comenzaremos a rociar con agua toda la estructura de la cárcel”, explicó el director de Obras Públicas de la ciudad, Pedro López. Sin embargo, las 523 familias que viven en las tres manzanas aledañas serán evacuadas durante unas horas el día de la demolición.
Para evitar una gran explosión, cada columna de la cárcel se agujerea y en su interior se coloca una pequeña carga de explosivos –unos 250 gramos– que no destruirá la columna sino que la debilitará lo suficiente como para que el propio peso de la estructura la haga ceder, el hormigón se desgrane y caiga.

Informe: M. S.

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