Según el relato que Romina Gamarra repitió más de una vez, tanto a la prensa como a la Justicia y a los miembros del PNAI, el 13 de enero de 2006 fue secuestrada por Martín Núñez, un vecino de su barrio que ya le había hecho propuestas para introducirla en la prostitución. De ahí fue llevada a una casa en el barrio San José, de la ciudad de Santa Fe, aproximadamente a 30 cuadras de su barrio, Barranquitas. De allí la llevaron a Paraná, donde pasó algunos días en el Hotel Bristol hasta que la obligan a presentarse a la Justicia diciendo que se había ido de su casa por sus propios medios. La intención era frenar la búsqueda de paradero que había exigido su madre. Esta presentación la hizo con un abogado del mismo estudio que ahora la representó en su retractación.

El 27 de enero de este año llegó al prostíbulo de General Rodríguez, llamado Camarata, donde permaneció más o menos un mes. “Ahí había varias chicas secuestradas. A la mayoría les habían cambiado el color de pelo. Había una chica que se llamaba Soledad, era de Santa Fe, era tan flaquita que podría ser más chica. Núñez me obligaba a anotar en un cuaderno los pases que hacía para poder cobrarle a la madama. A mí me amenazaban con matar a mi hermano, pero además, todos los días los tres hombres que retiraban el dinero me mostraban armas, creo que una era una 38”.

Fue Núñez quien la fue a buscar una vez cumplida la “plaza”, un sistema de rotación de mujeres por prostíbulos que también referían las jóvenes que fueron juzgadas este año en Bell Ville por los mismos delitos que el proxeneta que regenteaba un prostíbulo llamado Puente de Fuego.

El siguiente destino de Romina, fue, justamente, Bell Ville, en un local sobre ruta 9 llamado Las Nenas. “Este lugar no parecía tan arreglado por la policía porque nos obligaban a tener una libreta sanitaria, por si caían los patrulleros. La hacía una bioquímica amiga de los dueños que sabía perfectamente en qué situación estábamos”.

Su rotación terminó en Negro el 20, el local desde donde pudo escapar, en Santiago del Estero. Ahí se encontró con María Cristina Ojeda, a la que conocía del barrio. “Yo le pedí a un cliente si por favor podía llamar a mi papá, que le dijera dónde estaba, que me tenían atrapada. Nosotras dormíamos bajo llave, en cuartos con rejas, y a los clientes no los dejaban entrar con celular. Pero este hombre volvió y me dijo que no se animaba a llamar, que lo haga yo. Había entrado un celular con 60 pesos de crédito. Me dijo que era todo lo que podía hacer porque sabía que a una chica tucumana la habían tratado de sacar y la habían baleado”.

No bien se enteró, su papá la fue a buscar. Paró el auto en la ruta y fingió tener un problema en el motor para poder esperar a su hija. Iba acompañado de su hijo menor, porque el hombre es analfabeto. A las siete y media de la mañana del 15 de enero Romina y María Cristina Ojeda saltaron el paredón. Un hombre a pie las persiguió sin suerte. Lo que sigue es historia conocida: buscaron justicia, pero tuvieron que conformarse con salvar su vida de las amenazas de los captores. ¿Cuánto puede durarles esta seguridad?

Luis Bordón, coordinador del PNAI no es optimista: “Nosotros estamos siguiendo estos casos desde que tomamos conocimiento del caso de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2003. Su mamá ha rescatado a muchas chicas que cuentan historias parecidas. Mientras se sienten protegidas pueden hablar, decir que fueron cautivas. Cuando quedan solas, ya sea porque desaparece la cobertura mediática o porque en los juzgados no las protegen se sumergen en el silencio, se retractan, o en el peor de los casos, vuelven a ser secuestradas”. Para Bordón como para otros familiares de víctimas de la impunidad que trabajan en el programa –Rosa Schonfeld de Bru, Raquel Wittis, Gustavo Mellman– ,“hay un patrón de impunidad que complica a funcionarios judiciales y policiales. Pero también es necesario contar con una ley federal contra la trata, porque las causas muchas veces son abiertas en una jurisdicción y se cierran por falta de mérito porque los delitos se cometieron en una provincia y la actuación judicial sucede en otra. Por eso las chicas rotan, además de para garantizar recambio en los locales. Se necesita que se convierta en un delito federal”.

De todos modos, en la historia de estas dos chicas hay suficientes datos para que actúe la Justicia Federal. Romina y María Cristina denunciaron que se les habían hecho pasaportes, en el primer caso, completamente falso, ya que aunque estaba la foto de Romina no figuraba su verdadero nombre. Ojeda en cambio fue acompañada al Centro de Documentación de la Policía Federal y el pasaporte llegaría al domicilio de Núñez. “Nos decían que nos iban a llevar a España, una chica de 21 que se llamaba Rita Tour ya había salido para allá”, contó Romina y lo cierto es que ese dato fue chequeado: una persona con ese nombre salió del país por el aeropuerto de Ezeiza el 2 de agosto de este año.