En el mismo recinto donde en 1985 se juzgó a las Juntas Militares y casi sobre el mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 dio inicio al debate, que comenzó con la lectura de las acusaciones contra los 15 imputados, protegidos por un vidrio blindado y policías.

Poco antes, los cerca de 150 familiares de las víctimas que colmaron la sala levantaron en absoluto silencio y durante varios minutos las fotografías de los fallecidos, las cuales tuvieron toda la jornada colgadas del cuello con una cinta.

La primera sorpresa la dio el principal acusado, Omar Chabán, ex gerenciador de la discoteca de Once, quien apareció sentado en el medio del largo banco destinado a los acusados con su cabeza totalmente rapada y vestido con campera y pantalón de jean.

A su lado, se ubicaron los músicos de Callejeros y ahí quedó en evidencia que el grupo llegó al juicio fracturado y con diferentes posturas, ya que asignaron tres abogados a la defensa porque posiblemente se terminarán acusando entre sí.

El ex manager Diego Argañaraz y el guitarrista Maximiliano Djerfy presentaron un abogado propio cada uno y el resto de la banda, con el cantante Patricio Santos Fontanet a la cabeza, un tercero, situación que se definió el viernes por la noche, dijeron allegados a la banda.

La primera lectura que se realizó ante los jueces Raúl Llanos, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero fue la elevación a juicio del abogado José Iglesias, que representa a unos 800 familiares, y quien pidió que los 15 imputados sean condenados por homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.

Es decir, este grupo de padres quieren que no sólo Chabán y la banda Callejeros reciban esa pena, sino también los otros imputados: el ex jefe de seguridad Raúl Villarreal; el ex subcomisario Carlos Díaz y los tres ex funcionarios del Gobierno porteño Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres.

Al único que exceptuó fue al ex comisario Miguel Angel Belay, a quien sólo le imputa cohecho.

Uno de los momentos más difíciles para familiares e imputados fue cuando se dijo que al comenzar el incendio, Cromañón "se transformó en una trampa mortal" porque del techo caía una "lluvia de fuego" y se vivieron escenas de "pánico y dolor": algunos familiares se abrazaban y Chabán no dejaba de agarrarse la cabeza y taparse la cara con las manos.

Recordaron que las muertes se produjeron por asfixia, intoxicación y quemaduras en las vías aéreas superiores a partir de la eliminación de gases como cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido y monóxido de carbono.

Las otras tres querellas que actúan en el juicio coincidieron en líneas generales con Iglesias en cómo se produjo el incendio, pero dos de ellas evitaron acusar a Callejeros de la tragedia y pidieron que se analicen otros delitos.

Las discrepancias entre los padres de los fallecidos también se notaron en la sala de audiencias: por orden del tribunal recibieron credenciales de distintos colores con las que se sentaron en distintos sectores (planta baja, bandeja inferior y superior) para evitar posibles enfrentamientos.

La jornada terminó con la lectura del pedido de elevación a juicio de la causa formulado por el fiscal de instrucción Juan Manuel Sansone, que acusa a Chabán, Villareal, Callejeros y Díaz de estrago doloso seguido de muerte y cohecho y a ex funcionarios porteños de incumplimiento de los deberes de funcionario.

Para Sansone, cuya acusación ahora sostiene su colega Jorge López Lecube, Chabán y Callejeros fueron los co-organizadores del recital que la banda ofreció el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón.

La fiscalía los acusa de haber permitido que ingresaran al predio alrededor de 3.000 personas cuando estaba habilitado para 1031 y no haber realizado un cacheo minucioso a los asistentes para evitar el ingreso de pirotecnia pese a que se habían producido dos incendios anteriores y el lugar carecía de material ignífugo.

También les atribuye haber tenido cerrada con candado y alambres la única salida de emergencia y en el caso exclusivo de Chabán haber organizado el espectáculo a sabiendas de que el certificado de seguridad contra incendios se encontraba vencido y de que la mayoría de los matafuegos se hallaban despresurizados y/o vencidos.

El pago de coimas ocupó un espacio importante en la lectura: se le endilga al ex subcomisario Díaz, a Chabán y a Villarreal haber celebrado "un pacto espurio" a partir del cual los dos últimos habrían extendido sumas de entre 100 y 600 pesos al primero para omitir realizar controles en el local en cada recital.

Respecto de los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres se los acusa de haber omitido garantizar la seguridad en el boliche a través de inspecciones periódicas, ya que se comprobó que la última databa de nueve meses.

El juicio continuará el viernes a las 10 con la lectura de las indagatorias realizadas a todos los acusados en la etapa de instrucción.