En el fallo, se afirma que con la aprobación de los mencionados convenios “el Estado nacional se ponía a la cabeza de los requerimientos internacionales en materia de aviación”.

De esa manera, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid coincidió “en un todo” el razonamiento a favor del sobreseimiento propuesto por el fiscal Jorge Di Lello, según se informó mediante un comunicado.

En los fundamentos del fallo el juez señaló que la figura delictiva denunciada “en ningún momento se había corroborado, pues los elementos probatorios acumulados, analizados conforme las reglas de la sana crítica, no permitían sostener que hubiera un interés particular y discrecional en la contratación de las Universidades”.

De acuerdo con la sentencia del juez, el fiscal afirmó que “administrativamente se había cumplido con todos los pasos necesarios, e inclusive, a modo de ejemplo cabe destacar que las propuestas (de convenios con las Universidades), fueron observadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, siendo giradas a las áreas respectivas para contemplar las observaciones”.

Los convenios habían sido firmados para perfeccionar la formación de controladores aéreos, en el marco del conjunto de medidas tomadas por Defensa para renovar el tránsito aéreo comercial del país. Ello incluyó el contrato de construcción de radares para la aviación civil por la empresa INVAP (propiedad de la provincia de Río Negro), cuatro de los cuales están instalados ya en Quilmes, Bariloche, Neuquén y Santa Rosa.

También se generó un fuerte programa de renovación del centro de recepción de vuelos en Ezeiza, trabajo ya completado y la renovación de las instalaciones para control de vuelo de del aeropuerto de Córdoba, proceso en desarrollo.

Los convenios de idiomas firmados con Universidades públicas altamente calificadas por su nivel en la materia constituyeron parte del proceso de fuerte incorporación de ese sector educativo a diversos niveles de asesoramiento y capacitación en el área de Defensa.

El juez estimó en los considerandos del fallo que “la firma de los convenios no obedeció a una caprichosa conducta de las autoridades de la cartera mencionada cartera” y por ello, Aráoz de Lamadrid procedió sobreseer a la ministra Garré.

La causa había sido iniciada por el ex piloto y director de cine Enrique Piñeyro cuya conducta en la causa es calificada como la “visión disconforme de un observador”.