Viernes, 6 de enero de 2012 | Hoy
13:40 › CONTRA LA INTERVENCIóN ESTATAL
Miembros del gremio que conduce Gerónimo Momo Venegas impidieron que el delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, Oscar Maffe, ingrese a la sede del Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que a partir de hoy fue disuelto por la ley 26.727, sancionada por unanimidad en el Congreso en diciembre pasado, que será reemplazado por el Registro Nacional de Trabajo y de Empleo Agrario. El funcionario se retiró del lugar y advirtió que "se harán las presentaciones judiciales correspondientes" para lograr la intervención del organismo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó su “sorpresa e indignación” ante la "extemporánea actitud" del gremio y les advirtió que “deberán asumir sus responsabilidades legales por este hecho".
"Hemos querido tomar posesión del cargo, pero gente no identificada no me ha permitido el acceso a las instalaciones. Procedemos a retirarnos y se continuará con las acciones judiciales correspondientes", explicó Maffe a la prensa. El funcionario indicó que venía "a tomar posesión del cargo de delegado normalizador", para el cual fue designado, con carácter transitorio, por un decreto por el término de 60 días, y que su misión consistía en "dar continuidad a las acciones que estaba desarrollando el Renatre, en cabeza del nuevo organismo creado, el Renatea".
El ministro Tomada explicó que, con la llegada de Maffe al organismo, "se trataba de cumplir con el más estricto acatamiento a una ley sancionada por nuestro Parlamento con amplias mayorías oficialistas y opositoras". Destacó que esa nueva norma promulgada en diciembre, "es una conquista para todos los trabajadores rurales" y agregó que "la prueba más contundente es que las corporaciones que siempre tuvieron una actitud de explotación, se han opuesto con fuerza".
"En términos técnicos, es dar un marco jurídico y normativo al trabajador rural como ya tienen el resto de los trabajadores; y en términos de protección social, es la ampliación del control y fiscalización que el peón rural siempre necesitó del Estado", indicó.
Los manifestantes se pronunciaron "en contra de esta ley confiscatoria del gobierno" y al grito de "no vamos a permitir ningún atropello", obstruyeron los accesos del edificio ubicado en San Martín al 500, de la ciudad de Buenos Aires.
El 22 de diciembre pasado, el Senado convirtió en ley el nuevo régimen del trabajador rural, que recupera varios derechos de los peones del campo que habían sido establecidos durante el paso de Juan Domingo Perón por Previsión Social (año 1944), aunque luego desechados a partir de una ley de la dictadura.
El nuevo marco regulatorio incorpora a este sector dentro de la Ley general del Contrato de Trabajo, fija que las remuneraciones no podrán ser menores al salario mínimo, prevé horas extra, descanso semanal, condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda para los más de 900 mil peones rurales. Además, se pone fin al concepto de jornada laboral de sol a sol -al fijarse como límite las ocho horas diarias y las 44 horas semanales- y se crea un nuevo régimen previsional, a partir del cual los trabajadores podrán jubilarse con 57 años y 25 años de aportes.
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