Viernes, 6 de enero de 2012 | Hoy
19:22 › OTRA DE PIRATAS
La agencia de calificación rebajó la solvencia de Budapest a BB+, por debajo de los niveles de inversión aceptables para los organismos internacionales que están imponiendo severos ajustes económicos en los paises miembros de la Unión Europea.
Fitch, una de las agencias cuestionadas por su rol en la actual crisis económica y financiera mundial, explicó que la decisión refleja el deterioro de las cuentas fiscales de Hungría y las sombrías perspectivas de crecimiento, "provocadas en parte por más políticas económicas poco ortodoxas que están contaminando la confianza de los inversores y complicando un nuevo acuerdo con la UE y el FMI".
La consultora había puesto la calificación de Hungría en perspectiva negativa, en noviembre pasado a raíz de "una ralentización económica mayor de lo previsto y una subida en la prima de riesgo y la presión que supone la financiación fiscal". "Esos riesgo ya están materializado", dijo Fitch en su comunicado.
El gobierno húngaro, que encabeza Viktor Orban, afronta vencimientos de deuda externa de 4600 millones de euros en 2012, y aun mayores en 2012 y 2013. Un paquete de leyes decididas por Budapest puso en alerta a la Comisión Europea, que reclamó ayer "independencia" al Banco Central Nacional como "prerrequisito indispensable" para asistir financieramente al país. Si el auxilio económico no se concreta, Hungría va en camino de una bancarrota desordenada, advierten los expertos. Más tajante aún, Fitch alertó sobre la probabilidad de que Hungría sufra otra degradación de la deuda en los próximos dos años superior al 50 por ciento. "Un aumento de los riesgos de financiación fiscal y exterior y la imposibilidad de asegurar un acuerdo con el FMI adecuado y en fecha podrían conducir a una rebaja", apuntó la calificadora.
La nueva Constitución, que acaba de entrar en vigor, condiciona los cambios en cuestiones clave de política económica, como los impuestos, que necesitan de una mayoría de dos tercios en el Parlamento. En realidad, la reforma constitucional, adoptada en abril de 2011, acabó con la Carta Magna stalinista que regía desde 1949. Empero, los analistas insisten con que las nuevas normas reducen el alcance del ajuste fiscal para próximos gobiernos, pues siempre necesitarán de avales legislativos para aplicarlos.
Orban mantuvo una reunión "de urgencia" con el ministro de Economía y Finanzas, Gyoergy Matolcsy; el director del Banco Central, Andras Simor; el negociador con el FMI y la UE, Tamas Fellegi, y el ministro de la Presidencia del Consejo, Mihaly Varga, para delinear estrategias para encarar las negociaciones con los organismos internacionales y lograr desbloquear la asistencia de entre 15 y 20 mil millones de euros, trabadas por los condicionamientos que imponen las nuevas leyes.
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