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Al igual que el DNU de Macri, el proyecto de ley que obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales repite en sus primeros artículos la normativa sobre libertad de expresión de Tratados Internacionales, de la Constitución Nacional, y de la Constitución de la Ciudad. También reitera la creación de un foro especial en la Justicia porteña para tratar asuntos vinculados las limitaciones a la libertad de prensa.

Entre el articulado no figuran las cuestiones que fueron objeto de una medida cautelar de parte del juez Osvaldo Otheguy ante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores de Nuevo Encuentro. El magistrado había suspendido el primer párrafo del artículo 14 y el segundo del artículo 16 de DNU de Macri, que establecían la imposibilidad de establecer impuestos a la producción o importación de papel para medios y una limitación a la ejecución judicial de deudas tributarias de periodistas y empresas mediáticas.

Otra novedad del proyecto de Ley es que reconoce la facultad del Estado nacional para dictar normas en materia de radiodifusión en el caso de medios que ocupen el espacio radioeléctrico, aunque también deja abierta la posibilidad de impedir esa regulación. Además, deja para la Ciudad la legislación en todos los medios que no cumplan ese requisito, siguiendo el criterio usado por la Cámara Civil y Comercial que a mediados de abril favoreció al Grupo Clarín en su fallo al considerar que las licencias que no usan espectro radioeléctrico no pueden estar sujetas a la Ley de Medios audiovisuales.

Según el artículo 25 del proyecto, "corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad". Exceptúa de esto a "aquellos que ocupen espacio radioeléctrico", pero aclara que la normativa federal en esos casos sólo será válida "en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Ciudad ni de las personas físicas en ella domiciliadas".

También dice que las compañías de medios con domicilio en Capital deberán cumplir las leyes de defensa de competencia de carácter nacional, pero considera que estarán exceptuadas de las normas "dictadas exclusivamente para medios de comunicación", con lo que las normas antimonopólicas de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no serían aplicables en el ámbito porteño. Además, reitera la imposibilidad de expropiar o embargar a las empresas de medios y de designar interventores, veedores o directores.

La diputada porteña Gabriela Cerruti denunció en su cuenta de Twitter que el dictamen fue firmado contrariando el reglamento, porque no había quórum en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora de Nuevo Encuentro sostuvo luego que "hay un nuevo lineamiento en la Ciudad, donde los grupos que antes supieron ser de izquierda o centroizquierda ahora se acomodan para ver como dos dirigentes que son Elisa Carrió y Pino Solanas renuevan su banca".