El abogado Roberto Politto, quien representa a 33 víctimas en la causa presentó hoy ante la Corte Suprema los "alegatos de bien probado", último trámite procesal antes de que el expediente sea resuelto.

Según ese alegato, que involucra a sólo 11 del total de las víctimas, los daños probados fueron valuados en 1997 en 38 millones de pesos/dólares, cifra que debería ser actualizada con los intereses de los últimos nueve años.

El 3 de noviembre de 1995 dos explosiones destruyeron la fábrica militar de Río Tercero y buena parte de la ciudad.

"El Estado tiene la guarda de las armas y debe velar por la seguridad de los ciudadanos, lo que en el caso no ha ocurrido ya que la explosión producida ha generado innumerables daños materiales, daños en la salud tanto física como psíquica de las personas que son actores en la presente demanda", sostiene el escrito presentado hoy por el abogado.

La descripción de los daños que sufrieron los 11 damnificados van desde incapacidades parciales a totales, daños psíquicos permanentes e irreversibles y el deterioro y desvalorización de las viviendas cercanas a la zona del siniestro.

Fuente: DYN