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El hallazgo de siete actas de examen presuntamente fraguadas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco –asentada en Chubut– derivó en un escándalo que no sólo motivó la renuncia del delegado académico de la sede Trelew de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Pablo Pugh, y el allanamiento del Rectorado, sino que instaló el debate respecto a si es necesario o no intervenir la facultad, iniciativa que fue finalmente rechazada por el Consejo Superior. Un grupo de docentes presentó una denuncia judicial que, en principio, alcanzaba sólo a Pugh por “falsificación y/o adulteración de instrumento público” y que luego fue extendida por la fiscalía al decano de Ciencias Jurídicas, Augusto Ferrari, y al rector Alberto Ayape por “encubrimiento” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, respectivamente. En diálogo con Página/12, Ayape aseguró que “el Rectorado no ampara ninguna situación irregular” y habló de “intencionalidades políticas”. También dijo que la universidad se presentará como querellante en la causa, que fue radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Rawson.

- El derrotero de las actas. A principios de mayo, las secretarias de la sede Trelew de Ciencias Jurídicas Silvia Margusino y Lidia Villaroel detectaron la presunta adulteración de siete actas de exámenes insertas en tres libros del año 2009, correspondientes a mesas libres, en las que aparecían agregados dando por aprobado al alumno Facundo Vega, con la firma del delegado académico Pablo Pugh. A partir de esta información se redactó un informe que fue presentado ante el consejo directivo de la facultad. El viernes 15 de mayo, Pugh presentó su renuncia y fue inmediatamente aceptada.

Ya desvinculado de su cargo, Pugh ingresó el domingo 17 por la tarde a la facultad y –según consta en el registro de entradas y salidas– se retiró con dos cajas de documentación, lo que sembró sospechas de que el caso del alumno Vega podría ser sólo la punta visible de un desmanejo más extenso. Según él mismo confirmó, sustrajo libros de actas que hizo certificar ante un escribano y despachó luego hacia la sede del Rectorado, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a casi 400 kilómetros de Trelew.

Un grupo de docentes de Ciencias Jurídicas presentó una denuncia penal contra Pugh por “falsificación de instrumento público y/o adulteración de igual instrumento” y “violación de los deberes de funcionario público”, que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Rawson. Luego de conocerse la sustracción de libros de la sede universitaria, la denuncia fue ampliada y se acusó a Pugh de “hurto” y al decano Augusto Ferrari de encubrimiento, por no haber resguardado ni puesto la documentación a disposición de la Justicia.

Por el supuesto retraso en la entrega de los documentos oficiales, la semana pasada fue allanado el rectorado y se secuestraron veinte libros y computadoras. Además, la fiscal a cargo de la causa, Romina Patiño, extendió la denuncia al rector Alberto Ayape, a quien imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber facilitado los documentos. Ayape aseguró a este diario que mantenía los libros especialmente resguardados en la caja fuerte del rectorado y que nunca recibió un pedido formal de entrega. “No tiene sentido la acusación en mi contra. Uno no puede denunciar a un rector de una universidad nacional gratuitamente”, se quejó.

- Pedido de intervención. A partir de lo sucedido, la comunidad académica se dividió en dos posturas antagónicas: quienes creen que es necesario que la facultad sea intervenida para regularizar su situación y quienes consideran que esa es una herramienta desmedida para el caso. “La intervención es la última ratio del ordenamiento jurídico universitario; es la salida de emergencia a la que únicamente cabe recurrir ante el fracaso de todos los remedios ordinarios”, expresó el docente Oscar Romero. En contraposición, el abogado Fernando Gélvez, uno de los docentes que encabeza las denuncias, dijo a este diario que el pedido de intervención responde no sólo a esta denuncia, sino a una sucesión de hechos acaecidos en la Facultad de Ciencias Jurídicas que ponen en riesgo el prestigio de la casa de estudios. “Si bien nosotros somos democráticos, entendemos que este instrumento que está establecido en la normativa universitaria es para algo grave, y éste es un caso grave que ameritaría la intervención”, señaló.

Finalmente, el pedido de intervención presentado en la sesión del Consejo Superior realizada el 28 de mayo en Comodoro Rivadavia fue rechazado, pero se aprobó una auditoría externa. Asimismo, el rector Ayape informó que se pusieron en marcha todas las medidas “internas y externas” necesarias para esclarecer los hechos y aseguró que la universidad solicitará constituirse como querellante en la causa.

Informe: Delfina Torres Cabreros.